Justicia no agrupará varios partidos judiciales aragoneses en materia de violencia de género
El Gobierno de Aragón se ha negado alegando razones de distancia, pese a contar con la posición favorable del CGPJ.
El Ministerio de Justicia ha optado por no llevar a cabo la agrupación en materia de violencia sobre la mujer de los partidos judiciales de Zaragoza, Ejea de los Caballeros, Almunia de Doña Godina y Tarazona, ante la falta de consenso. Pese al parecer favorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Gobierno de Aragón ha informado negativamente sobre la agrupación.
La consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales del Ejecutivo aragonés ha considerado que, si bien las víctimas podrían beneficiarse de una respuesta más especializada, las distancias entre esos partidos judiciales de la provincia de Zaragoza podrían suponer un obstáculo para su acceso a la justicia.
Por su parte, el CGPJ, mediante acuerdo de la Comisión Permanente de 31 de marzo de 2022 ya propuso e informó de forma favorable sobre esta agrupación, si bien se condicionaba a la creación de un juzgado de Violencia sobre la Mujer en Zaragoza. El juzgado número 3 en esta materia ya se encuentra en funcionamiento desde el 1 de abril del presente año.
El objetivo de extender la jurisdicción de los juzgados de Violencia sobre la Mujer a dos o más partidos judiciales se basa en la posibilidad de equilibrar los beneficios de la respuesta especializada al tratamiento de este tipo de procedimientos en juzgados exclusivos con el mantenimiento de una proximidad razonable del juzgado para la víctima. El Ministerio de Justicia ha sido favorable, desde septiembre de 2018, a la determinación de este tipo de agrupaciones, si bien buscando mantener el equilibrio mencionado, con una proximidad razonable.
Estas agrupaciones sirven, también, para combatir el exceso de carga de trabajo de los juzgados de instrucción o de primera instancia e instrucción que compatibilizan la atención en materia de violencia de género con la del resto de la jurisdicción penal. Además, es una exigencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, de septiembre de 2017, así como un mandato legal recogido en la Ley Orgánica del Poder, tras la reforma de 2015.
