La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, y los alcaldes de La Almunia de Doña Godina, Ejea de los Caballeros y Tarazona han mostrado este martes su unidad en contra de la propuesta del Consejo General del Poder Judicial para que los juzgados de estas poblaciones dejen de instruir casos de violencia de género, confiados en que aún hay tiempo para evitar este "sinsentido".

Un rechazo a esta propuesta del CGPJ en el que han coincidido con la consejera los primeros ediles de estas tres poblaciones zaragozanas -Marta Gracia, Teresa Ladrero y Luis José Arrechea-, al ir en contra de todas las estrategias del Gobierno central y del aragonés ante el reto demográfico y en la lucha contra la lacra que supone la violencia de género.

Pérez se ha reunido este martes con los tres alcaldes para fijar una posición común de rechazo a esa decisión, contra la que el Gobierno de Aragón ya ha enviado un informe al Ministerio de Justicia, preceptivo pero no vinculante, para que reconsidere la decisión, y utilizarán todos los medios al alcance, porque es "incoherente" con la política que tanto el Gobierno central como el aragonés y el resto de administraciones aragonesas promueven en la lucha contra la despoblación.

"Decimos que no hay varitas mágicas" pero la despoblación, ha remarcado la consejera, se combate con la consolidación y fortalecimiento de los servicios públicos y con oportunidades de empleo, y la posibilidad de eliminar el acceso a servicios en el medio rural es una "pésima noticia", más en un asunto sensible como es la "peor expresión de la desigualdad".

Además, ha incidido Pérez, va en contra de todos los convenios de cooperación entre Justicia y las policías locales que se han impulsado este año del sistema Viogén -de seguimiento integral en los casos de violencia de género- para que las víctimas tengan recursos cercanos en los que denunciar.

Según Pérez, no hay ninguna justificación para que se tome esta medida, ni siquiera un ahorro, y aunque por número puedan parecer pocos, en el último año ha habido 98 casos en La Almunia, 61 en Ejea y 68 y Tarazona, y obligar a las víctimas a trasladarse a Zaragoza supone "victimizar doblemente a la mujer" y ejercerá como medida disuasoria.

En este sentido, la alcaldesa de Ejea, Teresa Ladrero, ha admitido que esa propuesta del CGPJ ha supuesto "un jarro de agua fría", porque siempre han entendido los partidos judiciales desde el principio de igualdad de derechos y servicios públicos, en este caso afecta a 108 poblaciones y las víctimas de violencia de género se tendrán que dos horas de desplazamiento para denunciar los casos si finalmente se tiene que producir en los juzgados de Zaragoza.

A su juicio, la distancia va a lograr que muchas denuncias no se produzcan, y eso es "una mala noticia para todos".

Su homólogo de Tarazona, Luis José Arrechea, ha insistido en que desconocen las razones del CGPJ que avalen una decisión contra la que no queda más que "pelear" para que no fructifique, porque es "un sinsentido" cuando se trata del medio rural y de trabajar en contra de la despoblación y de la violencia de género.

Además, ha mostrado su preocupación por que estos sean los primeros pasos para que se vayan eliminado los juzgados.

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La alcaldesa de La Almunia, Marta Gracia, ha incidido en que el problema del medio rural radica en su pequeño tamaño, pero es "un error de base" que el CGPJ tome decisiones unicamente fijándose en los números, ya que el servicio que se presta en los juzgados de estas poblaciones a las víctimas de violencia de género es de cercanía, que complementa a los que presta la Guardia Civil, las policías locales y los servicios sociales, y probablemente son más accesibles que los que puedan tener las víctimas que vivan en las grandes ciudades.

Así, ha hecho un llamamiento al CGPJ para que no tome estas decisiones "desde la lejanía de Madrid".