La DGA disparó la deuda en 389 millones en 2020 pese a cerrar con un déficit de 152
La Cámara de Cuentas certifica un gasto de 216 millones por covid y 333 modificaciones de crédito. Hacienda replica que hubo un superávit de 61 millones con los ajustes de contabilidad nacional.
La Cámara de Cuentas de Aragón ha certificado que la DGA disparó la deuda en 389 millones en 2020, hasta superar la barrera de los 9.000, a pesar de que el resultado presupuestario negativo se limitó a 152 millones. Mientras los ingresos alcanzaron los 5.601 millones, los gastos alcanzaron los 5.753 millones, que sufrieron el impacto de combatir las consecuencias de la pandemia, cuya cuantía se cifra en 216 millones
El informe de fiscalización de la cuenta general de 2020 constata que la crisis sanitaria y económica obligó a adaptar sustancialmente las cuentas, hasta el punto de hacer necesarias hasta 333 modificaciones de crédito por un importe de 1.037 millones, más de una quinta parte del crédito disponible. Esto supone un incremento de un 84,3% respecto a 2019.
La mayor cuantía corresponde al conjunto de la Administración, con 584 millones, pero realmente el organismo que más sufrió modificaciones por el Salud, con 390 millones, que incrementó su presupuestos hasta los 2.322 para poder contratar personal y atender el gasto extraordinario por la covid. En ambos casos, explica el órgano fiscalizador, se justifica por “mayores ingresos” para afrontar la pandemia.
El cuatripartito pudo acabar el año con un saldo presupuestario positivo porque le entraron 453 millones extra por los fondos covid, mientras los gastos imputables a la pandemia que se han “identificado” solo fueron 216. Por ello, la Cámara de Cuentas indica que el gasto global no previsto en las cuentas se limitó a 167 millones, por lo que concluye que los créditos iniciales fueron “suficientes” para hacer frente a los gastos del ejercicio.
Matización de Hacienda
Sin embargo, fuentes oficiales de la Consejería de Hacienda subrayan a este diario que realmente hubo un superávit presupuestario de 61 millones porque se calcula con los siete primeros capítulos (los ingresos y gastos no financieros) y, además, se somete a los ajustes de contabilidad nacional. Y puntualizan que la petición de deuda se hizo bajo unas previsiones iniciales y que al año siguiente se amortizó al ICO tanto el superávit como la parte del crédito no gastado, es decir, 128 millones.
En lo que no profundiza es el análisis de los gastos extraordinarios por la covid, ya que la Cámara de Cuentas prepara un informe específico de los dos últimos años, cuya publicación está prevista para junio.
Sobre la situación financiera de las empresas públicas analizadas, el informe alude al impacto de la covid en los ingresos, que se traduce en pérdidas en 11 de las 17 empresas revisadas y suman en conjunto una deuda de 241 millones.
El órgano fiscalizador vuelve a afear la elevada tasa de temporalidad en la plantilla de la DGA, para lo que especifica que ha aumentado 13,7 puntos desde 2012, “pasando de un 35% a un 48%”. En este sentido, considera “preocupante” que 28.844 de los casi 60.000 empleados públicos sean temporales.
Entre las salvedades, el informe señala que la cifra del patrimonio neto de la DGA no refleja "la imagen fiel" del mismo debido a las incorrecciones detectadas en la gestión del inventario contable. Por ello, recomienda realizar un esfuerzo para contabilizar todas las infraestructuras y bienes del patrimonio histórico, tanto los controlados económicamente como aquellos otros sobre los que tiene la titularidad jurídica.
Respecto a la contratación, el análisis de una muestra de 34 contratos revela incidencias en ocho de ellos.
