El Gobierno de Aragón ha impugnado ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia el acuerdo del nuevo convenio colectivo (estaba caducado desde 2018) que puso fin en febrero a la huelga indefinida del sector del transporte sanitario, iniciada el 8 de abril de 2021. Los sindicatos SCS, CSIF, UGT y CC. OO. pactaron las nuevas condiciones junto con la empresa Acciona, mayoritaria de la patronal, en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Se ha fijado una vista para el próximo 17 de mayo.

Desde el departamento de Sanidad explican que han recurrido el acuerdo por "uso fraudulento y abusivo de la negociación colectiva y grave lesividad en la contratación futura de la prestación del servicio". Y es que consideran que la empresa que firmó el convenio no tendrá que asumir los costes ya que se está ultimando un nuevo contrato. De hecho, el resto de compañías del sector también lo han impugnado, afirman fuentes de la DGA.

Según el acuerdo firmado el pasado 15 de febrero, el nuevo convenio extiende su vigencia desde 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2026. Entre otras mejoras se establece una reducción de la jornada anual máxima ordinaria a 1.776 horas desde 1 de enero de 2025. Además, se incluye una subida salarial de 300 euros lineales para los trabajadores el sector de la urgencia a partir de la entrada de un nuevo concurso por parte de la nueva adjudicataria, y de forma progresiva hasta 2026 para los del programado; y el pago de un plus de 90 euros por cada uno de los 14 festivos anuales.

Juan Antonio Busqueta, del Sindicato Cooperación Sindical, critica los argumentos de la DGA "porque alegan que esta firma puede llegar a hipotecar la sanidad aragonesa cuando el sector del transporte sanitario escasamente supone un 4% del departamento". A este respecto, niega que sea una subida salarial "desorbitada" porque va a suponer un aumento de entre un 2 y un 2,5% anual hasta 2026, "nada del otro mundo". Y también hace hincapié en que el 80% del sector de la urgencia cobra pluses que van a dejar de percibir a cambio de que la subida lineal alcance a todas las categorías.

Busqueta defiende el acuerdo "porque viene a sufragar muchos déficits de un concurso que viene infradotado desde hace muchos años". Entre ellas, destaca la regularización de las jornadas "porque llegaban a triplicarse y ahora se ha puesto veto, lo que supone para la administración más dotación de personal lógicamente". Además, asegura que el anterior convenio ya fue firmado solo por la empresa mayoritaria de la patronal.

Desde SCS advierten de que esta impugnación puede llegar a "crispar" todavía más la situación del sector "porque tanto la gerencia del 061 como la propia consejera han dicho por activa y por pasiva que no se pueden inmiscuir en las relaciones entre empresa y trabajadores y ahora resulta que no les gusta lo que hemos firmado sí se entromete y lo recurren, lo cual es una ofensa más cuando hemos estamos haciendo frente al covid en situaciones lamentables en las que la administración no ha querido mediar".   

Juan Antonio Busqueta subraya que "las reglas del juego de la negociación colectiva las ha puesto la administración y si quieren que negociemos el convenio con ellos, que nos internalicen como estamos pidiendo". Y advierte de que si se anula el convenio podría reanudarse la huelga.