Aragón, en progreso
El agua, sinónimo de desarrollo y eterna fuente de conflicto
El Pacto del Agua, la Ley de Aguas y proyectos como el Ebro Resilience han cambiado en cuatro décadas la visión que se tiene acerca de este recurso, tan escaso como imprescindible para el crecimiento social y económico de la Comunidad. Las grandes obras y la apuesta decidida por el regadío han transformado el territorio, no sin controversia, y los efectos del cambio climático han acentuado los periodos de sequía y las avenidas extraordinarias, cada vez más frecuentes.
La política hidráulica ha jugado un papel estratégico en Aragón en los últimos 40 años, siendo clave para su desarrollo social y económico. Mucho ha llovido desde que, en 1982, el Estatuto de Autonomía fijase entre las competencias de la Comunidad "los proyectos, la construcción y la explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés" de la región.
En estas cuatro décadas, los aragoneses se han manifestado en Zaragoza, Madrid, Barcelona y Bruselas contra cualquier intento de trasvase, han exigido las obras comprometidas por el Ejecutivo central en el Pacto del Agua, marcadas por los retrasos y los sobrecostes, y han reclamado soluciones contra los daños provocados por las cada vez más frecuentes avenidas extraordinarias del Ebro, quedando aún asignaturas pendientes como el recrecimiento de Yesa o la regulación del Gállego, en las que sigue sin existir consenso social y político.
Ya en 1982, HERALDO se hacía eco de las pretensiones de las cámaras agrarias de Valencia de hacerse con "las aguas sobrantes del Ebro". El ‘fantasma’ del trasvase ha agitado, década tras década, a la sociedad aragonesa. Especialmente convulsa fue la de los 90. En 1992, los grupos de las Cortes impulsaron por unanimidad el Pacto del Agua, una hoja de ruta de la que nacieron embalses como los del Val, La Loteta, San Salvador o Lechago con la que se pretendía –como contaba HERALDO en su edición del 1 de julio–, poner fin a una "cruenta guerra partidista y llena de intereses económicos" de más de 20 años.
Las negociaciones duraron nueve meses, y a punto se estuvo de tener que aplazar la votación definitiva en el Parlamento autonómico, ya que dudas de última hora en el PP acerca de posibles trasvases a otras comunidades obligaron a los partidos a reajustar el texto final ‘sobre la bocina’.
El documento –que recogía una inversión de "unos 150.000 millones de pesetas" y ha estado marcado por los varapalos judiciales a proyectos como Biscarrués– se revisó años más tarde y tiene aún millones por ejecutar.
Pocos meses después, en 1993, hasta 100.000 aragoneses se echaron a la calle para protestar contra el conocido como ‘plan Borrell’, que incluía el trasvase de 1.850 hectómetros cúbicos a Cataluña y el Levante. No fue la primera ni la última vez. En el año 2000, la sociedad se manifestó como nunca contra el Plan Hidrológico Nacional del Gobierno de José María Aznar, que contemplaba una transferencia de 1.050 hectómetros cúbicos y que fue derogado cuatro años más tarde.
El debate, lejos de quedar zanjado, ha vuelto a la primera plana tras cada riada, con iniciativas parlamentarias y cruces de acusaciones entre Gobierno y oposición, como ocurrió tras la vivida en diciembre de 2021.
"El agua es un tema que mueve pasiones en Aragón, especialmente si se habla de trasvases, una cuestión que toca directamente el corazón de la gente", reconoce José Luis Alonso, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE)entre 2004 y 2008. En su opinión, el Pacto del Agua "tendría que haber traído unión entre los partidos", pero ha terminado provocando todo lo contrario. "La unanimidad se consiguió haciendo un documento que incluía absolutamente todo y que era difícilmente realizable en la práctica. A esto hay que añadir que su ejecución ha sido lentísima", dice a la hora de explicar la situación actual. Y aunque sin él "muchas de las obras se habrían quedado por el camino", considera necesario llegar a un nuevo acuerdo "más realista" que incluya todos los temas medioambientales y la definición del Aragón rural que se quiere construir.
La Ley de Aguas y la Directiva Marco del Agua han sido otros de los hitos que han marcado estos 40 años, cambiando la gestión de este recurso desde el punto de vista legislativo. También el polémico Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, muy cuestionado por partidos como Podemos, CHA e IU por los sobrecostes millonarios de las depuradoras del Pirineo, que fueron objeto de una comisión de investigación en las Cortes de Aragón. El anterior modelo ha marcado los ejercicios posteriores, "bloqueando" la acción del Gobierno, en palabras del consejero de Agricultura, Joaquín Olona. Actualmente, la intención es que las necesidades de saneamiento y depuración del "99,99%" de la población queden resueltas en 2026 o 2027. Queda, no obstante, lo más difícil: pequeños municipios en los que viven alrededor de un 5% de los habitantes del territorio.
En paralelo, Aragón ha ido reforzando su apuesta por el regadío. Según datos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, desde 1982 se han modernizado 106.600 hectáreas –97.100 en comunidades generales y 9.500 en otras zonas regables– y se han creado otras 80.800, estando otras 29.200 en ejecución.
En estas cuatro décadas, los regantes se han enfrentado a largos periodos de sequía y riadas que han destrozado cosechas enteras, fenómenos cada vez más recurrentes a consecuencia del cambio climático. Tras unos años extremadamente secos, el nuevo milenio comenzó con una sucesión de avenidas extraordinarias que han obligado a reforzar la protección de los vecinos de la ribera. Una de las más recordadas, la de 2015, forzó el desalojo de los de Pradilla y Boquiñeni, situación que no ha vuelto a repetirse en episodios posteriores y que ha dado lugar a nuevas formas de mirar al río. Desde entonces, el Gobierno de Aragón y la CHE han trabajado para limpiar riberas –una reivindicación perseguida durante décadas por los afectados–, reforzar motas, abrir cauces de alivio y crear áreas de inundabilidad para minimizar los daños en los cascos urbanos.
El futuro estará marcado por proyectos como el Ebro Resilience o el Ebro 2030, que buscan reducir las afecciones de las riadas y hacer del río un gran corredor verde, respectivamente. También por el plan Ebro 2021-2027, que avala Yesa, Mularroya, Santolea y Almudévar, pero aparca 36 obras y veta la construcción de nuevos embalses. El proyecto recibió este mes el respaldo del Consejo del Agua con la abstención de los regantes y el ‘no’ de los ecologistas y partidos como PP, Podemos y Vox. La intención es que se apruebe definitivamente en torno al verano.
