El traspaso de competencias del Estado a Aragón se ralentiza con solo una decena en 15 años
La Comunidad ha asumido desde 2007 Justicia, Ordesa y la formación para el empleo. Empezó a negociar la transferencia de los docentes de religión, la reserva hídrica y la inspección de trabajo.
Apenas una decena de competencias se han transferido a Aragón en los últimos quince años. Este goteo de traspasos refleja, según los ‘padres’ del Estatuto de Autonomía de 2007, que el nivel de autogobierno en la Comunidad es elevado, casi al nivel del que ostentan las que optaron por el artículo 151 de la Constitución, aunque reconocen que sigue habiendo cierto margen de mejora. Hay, de hecho, cuatro cuestiones abiertas.
En las reuniones bilaterales Aragón-Estado celebradas en estos años se encargó a la comisión mixta de transferencias abordar el traspaso de los profesores de religión de primaria en los colegios públicos, las autorizaciones de trabajo a los extranjeros en Aragón, el impulso al desarrollo de la reserva hídrica y las becas. Pero en ninguno de los cuatro se ha avanzado demasiado.
Una premisa clave a la hora de asumir nuevas competencias es que la Comunidad nunca aceptará el traspaso si el Estado no transfiere una dotación económica suficiente para poder ejecutarlo. Tal es así que incluso se han dado casos en los que la DGA ha tenido que solicitar que se amplíe el acuerdo inicial pues faltaban fondos para poder sufragarlo.
Desde la reforma estatutaria de 2007, de la que se cumplen el sábado 23 de abril 15 años, se han aprobado ocho reales decretos por los que se han traspasado a la Comunidad la conservación del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la Justicia, la gestión de la formación profesional para el empleo, las funciones y servicios en materia de instalaciones radioactivas de segunda y tercera categoría, el centro de capacitación agraria de Alcañiz y una ampliación de medios personales, patrimoniales y económicos para el funcionamiento de la administración de justicia y de la protección de menores.
De las múltiples competencias que aún le quedan por asumir al Gobierno de Aragón, solo cuatro han pasado ya por la comisión mixta con el Estado, aunque la negociación no ha culminado. En el traspaso de los docentes de religión de educación primaria en los colegios públicos, que se abordó en la tercera reunión de la bilateral, aún se está a la espera de que se acuerde el coste efectivo que lleva aparejado.
En la quinta bilateral se pactó la apertura de las ponencias técnicas para analizar las competencias sobre las autorizaciones de trabajo a los extranjeros en Aragón y, en la sexta, el Estado informó a la Comunidad de que «no era aconsejable» iniciar el traspaso, aunque en Cataluña ya se había ejecutado. También está pendiente la transferencia de la inspección de trabajo.
La gestión de la reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos del Ebro fue uno de los principales hitos en la reforma del Estatuto 2007, aunque tampoco en este caso se ha materializado. El 7 de mayo de 2013 se creó un grupo de trabajo para analizar cómo dar respuesta a la disposición adicional quinta del Estatuto, que exige que la planificación hidrológica concrete las asignaciones e inversiones para el cumplimiento del principio de prioridad en el aprovechamiento de los recursos de la cuenca del Ebro y la reserva hídrica. En este caso, la DGA defiende el traspaso de la gestión cuando las aguas transcurran por el territorio aragonés y no afecten a otra Comunidad, manteniendo el Estado las funciones de planificación de la cuenca y la coordinación para ajustarse a las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional.
En la séptima reunión de la bilateral, el 27 de junio de 2017, se acordó iniciar la negociación del traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a Aragón en materia de becas y ayudas al estudio, en una negociación que también se ha estancado.
En otras competencias ni siquiera se ha iniciado el proceso. Y eso que algunas de ellas, como sucede con las referidas al juego y los espectáculos, informes de la DGA apuntan que sería conveniente poder ejercerlas. En este caso, se aboga por que sea la policía autonómica la competente en la inspección, investigación y comprobación, y por que se transfieran los medios necesarios para poder hacerlo.
Transportes y sanidad
Entre las competencias exclusivas incluidas en el artículo 71 de Estatuto de Autonomía que están pendientes figura el traspaso de la regulación, planificación, gestión, coordinación e inspección de ferrocarril de cercanías, regionales y otros servicios interiores. En Sanidad, no se ha llevado a cabo la transferencia de ciertas funciones en atención sanitaria especializada, la acreditación de unidades docentes, la determinación anual de plazas, la gestión de las pruebas MIR ni el reconocimiento profesional de títulos obtenidos en el extranjero.
Está pendiente, en el área de Agricultura y Ganadería, la aprobación y gestión de programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, así como la autorización a determinados organismos pagadores que serán competentes para la gestión, control y pago de la ayuda comunitaria a productores que se constituyan en un fondo operativo y que hayan fijado su sede social en Aragón.
La reforma del Estatuto se validará sin referéndum
La disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía abrió la puerta a que las reformas de la norma básica aragonesa tramitadas a partir de 2007 se pudieran someter a un "referéndum confirmatorio". Para hacerlo, deberían solicitar la consulta 45 de los 67 diputados que conforman el Parlamento aragonés, una condición que el Ejecutivo autonómico considera que ni se cumple ahora ni se va a dar.
La actual reforma se limita a dos cuestiones concretas; poner fin a los aforamientos de los diputados y de los miembros del Gobierno aragonés y garantizar un mínimo de 14 diputados por provincia. Y los grupos parlamentarios están de acuerdo, pues los dos cambios salieron adelante de forma inicial por unanimidad. El "elevado coste que conllevaría" el referéndum hace que la DGA no se lo plantee. Ni en las comparecencias de los consejeros ni en las audiencias legislativas se ha planteado la posibilidad de organizar la consulta por ningún grupo parlamentario.
El interés de la DGA al desarrollar el Estatuto de Autonomía se centra, más que en la posibilidad de celebrar un referéndum o en la asunción de nuevas competencias, en que se garantice una financiación suficiente para la Comunidad. La norma aragonesa prevé la creación de una Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros (artículo 109), que tendría entre sus funciones pactar las inversiones que se recogerán en los presupuestos del Estado. También recoge, en su artículo 107, que la financiación autonómica tendrá en cuenta el envejecimiento, la dispersión y la baja densidad de población en el reparto, una cuestión clave para el futuro de la Comunidad.
Hay, incluso, competencias que se reconoce que es mejor que sigan en manos del Estado. Entre ellas están la acreditación de laboratorios oficiales y el cobro del canon de superficie de minas, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, la función revisora de la vía económico-administrativa, la atención en la primera acogida para las personas migrantes y la inspección de trabajo.
