La DGA premiará la 'aragonesidad' de los 48.981 vecinos que viven en el extranjero
El Gobierno de Aragón ultima una norma que primará los planes de retorno e incluye la creación de un registro administrativo para intensificar el contacto.
El anteproyecto de ley que permitirá estrechar lazos con los aragoneses que viven en el exterior está prácticamente acabado. El Ejecutivo autonómico acuña un término nuevo, ‘aragonesidad’, para describir la especial relación con la Comunidad, su cultura, su historia, sus tradiciones y sus señas de identidad, de personas y entidades a las que se reconoce el derecho a participar, colaborar y compartir la vida social del pueblo aragonés, en los términos que recoge el artículo 8 del Estatuto de Autonomía. Y no son pocos. Las cifras que maneja la DGA revelan que 48.981 aragoneses residen en el extranjero, y todos ellos podrían optar a inscribirse en el registro administrativo que activará para garantizar que puedan ejercer sus derechos.
Un total de 21.654 personas figuran en los listados de las 65 casas de Aragón en el exterior, de las que 3 están en Europa (Bruselas y Toulouse), 11 en América (México, Cuba, Venezuela, Chile, Brasil y Argentina) y el resto, en España. A ellas también va dirigido este proyecto de ley que busca "modernizar e impulsar" la relación, "abrir vínculos personales e individuales y articular otras formas de agrupación". "Compagina fórmulas tradicionales con nuevas tendencias de relación con la sociedad aragonesa", explica Luis Estaún, director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos del Gobierno de Aragón.
Es la concepción de 'aragonesidad' la principal novedad que recoge esta futura norma, que llegará al Consejo de Gobierno en breve. Se trabaja con el objetivo de que se apruebe antes de que finalice la legislatura, y para eso debería llegar a las Cortes antes de que termine el actual periodo de sesiones.
Este proyecto moderniza la Ley 5/2000, que durante las dos últimas décadas ha permitido que las casas de Aragón sean embajadoras de la Comunidad en todo el mundo. Estamos en una "tierra tradicional de personas migrantes", dice la norma, y las cifras lo avalan. El Instituto Aragonés de Estadística (IAEST) revela que 221.608 personas nacidas en la Comunidad residen en otras autonomías.
Entre los objetivos de la norma figuran facilitar canales de comunicación y fortalecer la identidad aragonesa de quienes viven fuera y de las de las comunidades en el exterior. También se trata de proyectar el conocimiento de la realidad de la Comunidad y garantizar, en función de la disponibilidad presupuestaria, la ayuda, asistencia y protección de los aragoneses en el exterior.
La norma creará el estatuto del aragonés en el exterior, al que se podrán acoger los nacidos en la Comunidad, los que tienen condición política de aragonés, los sometidos al derecho foral, quien ostente vecindad administrativa o los que accederán figuren en una orden avalada por el vicepresidente de la DGA, Arturo Aliaga, pues esta ley se gestionará desde su área.
El reconocimiento de la ‘aragonesidad’ llevará aparejado un acervo de derechos y prestaciones, que les será reconocido por la DGA. Destacan, entre ellos, los derechos políticos, pues podrán ser elegidos y elegibles. La DGA adoptará las medidas necesarias para facilitarles las gestiones para el ejercicio del derecho al voto.
El anteproyecto de ley abre la puerta a la concesión de ayudas a personas mayores que carezcan de ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Y garantiza el derecho de los aragoneses en el exterior a recibir atención sanitaria cuando permanezcan de forma temporal en la Comunidad.
Busca, también, fomentar el regreso de los que se marcharon. Los poderes públicos, dice la futura ley, promoverán políticas necesarias para facilitar su retorno y su integración socioeconómica, se impulsará una política integral que facilite el retorno, podrán acceder a prestaciones sociosanitarias y a la adjudicación de viviendas de protección oficial, y desarrollarán un programa de facilidades para el establecimiento de las empresas que fundaron fuera de la Comunidad. Aboga, además, por que se reconozca el exilio aragonés como un ejercicio de la memoria democrática.
La norma incide en la necesidad de mantener el apoyo a las comunidades aragonesas en el exterior, término que engloba a las entidades con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro constituidas fuera de la Comunidad para hacer efectivo el derecho de participación de los aragoneses que se marcharon. Podrán recibir ayudas de la DGA para funcionamiento, mantenimiento de infraestructuras y actividades programadas. Como ya ocurre ahora. En 2021 se repartieron en total 210.000 euros entre 86 solicitudes.
