El Gobierno de Aragón permitirá que se eche a los clientes de un piso turístico si no dejan dormir al vecindario
El Gobierno de Aragón ultima un reglamento que endurecerá las normas a cumplir por los dueños y los inquilinos.
Los dueños de pisos turísticos podrán pedir a los clientes que abandonen la vivienda cuando incumplan las normas de uso, de convivencia, higiene y orden público, o "impidan el normal descanso de otros usuarios del inmueble. Esta es una de las novedades incluidas en el futuro reglamento de viviendas turísticas, un nuevo protocolo que endurece los requisitos para los propietarios, que deberán aportar declaraciones responsables, y fija normas de obligado cumplimiento para los inquilinos.
Tras la experiencia acumulada desde 2015, la DGA busca introducir mejoras en la calidad y en el grado de satisfacción de los clientes de este tipo de alojamientos. Antes de iniciar la actividad, se exigirá a los titulares que aporten un certificado de idoneidad emitido por técnicos competentes, que acrediten el cumplimiento de los requisitos en materia de habitabilidad y seguridad. El auge de los pisos turísticos se mantiene. En Zaragoza capital, se ha pasado de 138 censados en 2018 a más de 440 en la actualidad. En la Comunidad hay 2.200 inmuebles, la mayoría en la provincia de Huesca.
Las viviendas deberán cumplir con lo dispuesto por la normativa vigente en materia de habitabilidad y seguridad para su uso residencial como vivienda. Para asegurar una adecuada calidad en la prestación del servicio, se especificarán los requisitos mínimos que deberán cumplir las viviendas en relación con las características y dimensiones mínimas de sus diferentes estancias. El reglamento incluye una capacidad máxima para alojar en un piso, que oscila entre los 6 y los 14 metros cuadrados por habitación, para uno o tres ocupantes. Aunque podrán disponer de un sofá-cama, no se admiten camas fijas instaladas en el salón. Como requisitos mínimos, deberán contar con salón-comedor, cocina, dormitorio doble y baño. Dispondrán, además, de un botiquín equipado para la atención de primeros auxilios, agua fría y caliente, mobiliario, cubertería, menaje y lencería de hogar, y se exige que sean puestas a disposición del cliente «en condiciones de limpieza y de higiene». Se aplicará a las viviendas de uso turístico de particulares, a las que se comercializan a través de agencias o centrales de reservas y a las que se ceden por un periodo igual o inferior a un mes por usuario.
Los inquilinos tendrán que ajustarse a las reglas fijadas por el Gobierno de Aragón. No podrán introducir muebles en los pisos ni realizar obras o reparaciones, alojar a un número de personas superior de las que corresponda a la capacidad máxima, realquilar habitaciones, introducir materiales explosivos o inflamables, llevar animales sin permiso del titular o introducir elementos que disparen el consumo de agua. En todos estos casos, los titulares podrán solicitar la resolución del contrato y requerir a los infractores que abandonen la vivienda.
Mejorar la oferta y la calidad
Con este reglamento, la DGA pretende "mejorar la oferta y la calidad" de las viviendas destinadas a uso turístico. "Si queremos ser competitivos, hemos de hacerlo desde la seriedad y el respeto", explica el vicepresidente de Aragón, Arturo Aliaga. Y proteger a los usuarios "tratando de evitar la competencia desleal», pues todas las viviendas «deberán estar convenientemente registradas y cumplir los requisitos".
Los dueños deberán aportar declaraciones responsables antes del inicio de la actividad, en las que figurarán los datos de las viviendas, del titular, teléfonos, la aceptación de la normativa exigida y documentación que acredite que los estatutos de la comunidad de propietarios no impiden el ejercicio de la actividad turística. Cuando se formule la declaración responsable, desde Turismo se reclamará al ayuntamiento correspondiente un informe preceptivo y vinculante, cuyo plazo de emisión será de diez días, en el que deberá determinar si la vivienda tiene carácter residencial y si el alojamiento turístico se adapta a la normativa municipal. La DGA, en el plazo de tres meses, podrá decidir si inscribe la vivienda en el Registro de Turismo de Aragón, la rechaza o fija nuevas condiciones, teniendo en cuenta el contenido del informe municipal.
Los dueños tienen libertad a la hora de fijar los precios, aunque deberán estar expresados en sus cuantías máximas e incluirán las cargas, tributos, descuentos o eventuales incrementos.
