Un juez investiga dos ayudas de la DGA de 19.664 € a sociedades del hermano de Ximo Puig
La causa por fraude en la que se le ha imputado se centra en subvenciones de los gobiernos valenciano y catalán.
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia investiga dos subvenciones de 19.664 euros concedidas por el Gobierno de Aragón a sendas sociedades de Francis Puig, hermano del presidente valenciano, que acaba de ser citado a declarar como imputado por un caso de presunto fraude de ayudas que recibió entre 2015 y 2018 de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.
En concreto, su concesión por parte del Ejecutivo se remonta a 2018 y se otorgaron por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural a las empresas del sector audiovisual Mas Mut Produccions S. L., domiciliada en Calaceite (Teruel), y a Comunicacions dels Ports, radicada en Morella (Castellón), la localidad de procedencia de la familia Puig.
La información consta en el informe del equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil de Valencia, a la que ha tenido acceso Antena 3, donde se detalla cada una de las ayudas que recibió tanto Francis Puig como sus socios, la familia Adell Bover, y que motivó la apertura de la causa por un un presunto delito de fraude de subvenciones y falsedad documental a raíz de una denuncia del PP de Valencia.
Requerimiento de expedientes
El titular del juzgado requirió el año pasado a la Dirección General de Desarrollo Rural toda la información al respecto que constaba en el Portal de Subvenciones y Ayudas del Gobierno y Entidades Locales de Aragón y, de ser correcta, los expedientes de concesión a Mas Mut Produccions y Comunicaciones dels Ports. La misma solicitud se hizo a las otras dos administraciones autonómicas.
Fuentes de la DGA indicaron este jueves a este diario que las dos subvenciones de Desarrollo Rural podrían tratarse realmente de ayudas otorgadas por alguno de los grupos Leader de la provincia de Teruel, cuyo funcionamiento es autónomo, aunque desde un punto de vista administrativos las concesiones dependan de la Dirección General de Desarrollo Rural y ésta deba autorizar todos los expedientes.
Esta no es la única relación contractual con el Ejecutivo aragonés, ya que Francis Puig también firmó por la misma época un contrato de publicidad de pequeña cuantía para un periódico comarcal de la provincia de Teruel.
No obstante, el caso se centra en las subvenciones de las que se ha beneficiado junto a sus socios procedentes de los gobiernos valenciano y catalán. A Puig se le ha citado a declarar como investigado el próximo 23 de mayo, al igual que lo hará dos días después su socio Juan Enrique Adell Bovell. De la misma forma, está imputado el director general de Política Lingüística de la Generalitat valenciana, Rubén Trenzano.
Las ayudas son dispares y procedían de distintas actividades de promoción pública, como el desarrollo de zonas rurales, el fomento del uso del valenciano y las publicaciones en catalán o la contratación de jóvenes.
