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Solo una de las 129 víctimas de la estafa de los cuentakilómetros en Zaragoza pide penas de cárcel

Tres acusados de un macrofraude que afectó a más de mil personas son juzgados por la venta de un coche trucado.

Los tres acusados, durante el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
Los tres acusados, durante el juicio celebrado este lunes en la Audiencia Provincial de Zaragoza.
H. A.

La Operación Countdown (cuenta atrás, en inglés) es una de las más laboriosas y extensas llevadas a cabo por la Guardia Civil en Zaragoza. La denuncia de un particular que en 2014 compró un coche en un taller de La Almunia de Doña Godina destapó una macroestafa en la venta de vehículos de segunda mano con los cuentakilómetros manipulados. Cuatro años después, los investigadores, tras analizar 10.000 vehículos, cerraron una investigación con 188 personas implicadas, 1.094 coches trucados a los que habían ‘descontado’ 165 millones de kilómetros y 71 talleres y negocios involucradas, 40 de ellos en Aragón. En concreto, en Zaragoza, Huesca, Teruel, La Almunia y Alcañiz.

A partir de entonces comenzó un largo periplo judicial y se abrieron decenas de causas penales, la mayoría de las cuales se han saldado con acuerdos extrajudiciales y compensaciones económicas a los perjudicados. Pero no todo han sido arreglos.

Uno de estos procesos llegó este lunes a la Audiencia Provincial de Zaragoza. En el banquillo se sentaron J. I. A., que era la persona encargada de alterar los cuentakilómetros por encargo de otros talleres, negocios con tiendas abiertas al público e incluso particulares. También D. B. R., que vendió 129 vehículos con cientos de miles de kilómetros descontados, y S. M. R., cuya esposa adquirió a Ó. T. S. un Peugeot 407 por 1.200 euros con 280.000 km, siendo que en realidad tenía 325.698. Después, S. M. R. lo vendió a un vecino de Albarracín con el odómetro rebajado de nuevo a 150.000 kilómetros por 4.200 euros.

Daños y perjuicios

Este vecino fue indemnizado extrajudicialmente con 1.900 euros por Ó. T. S., quien este lunes declaró como testigo y no está investigado en esta causa. Sin embargo, el perjudicado reclama a los acusados 8.000 euros por los daños y perjuicios sufridos, tanto por las reparaciones que ha tenido que efectuar a un vehículo que compró con 175.000 kilómetros de más de los que marcaba su odómetro como los gastos de abogado y procurador. "Me lo compré para poder viajar con mi familia a mi país y me dejó tirado en Almería cuando iba con mi mujer y mi hija de dos años. Desde entonces solo lo cojo para ir a comprar de Albarracín a Teruel", explicó. En los siete años que hace que lo adquirió le ha hecho 100.000 kilómetros, y ayer afirmó que no tiene dinero para comprarse otro. "Y no puedo venderlo y engañar a otra persona como me engañaron a mí", manifestó.

Su abogado solicita tres años de prisión para cada uno de los tres acusados. Mientras que la Fiscalía, teniendo en cuenta que los tres investigados han depositado en el juzgado distintas cantidades de dinero para cubrir la responsabilidad civil y han llegado a acuerdos con los perjudicados, aplica la atenuante muy cualificada de reparación del daño y pide penas que no implican el ingreso en prisión.

En el caso de D. B. R., solicita nueve meses de cárcel pero su abogado, José Luis Melguizo, pidió que sean seis porque su cliente depositó 20.000 euros en el juzgado. Para S. M. R., representado por el letrado Mariano Tafalla, la fiscal pide tres meses de prisión y para J. I. A., que ha pagado 8.469 euros en esta causa, una pena de un mes y 15 días de trabajos en beneficio de la comunidad, acuerdo al que llegó con su abogado, Mariano Bonías.

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