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sucesos 

Piden responsabilidades a Interior por la muerte de un preso en Zuera al que no se le aplicó el protocolo contra los suicidios

El interno preventivo se quitó la vida a las seis horas de haber ingresado el pasado 29 de diciembre.

Vista exterior de la cárcel de Zuera
Vista exterior de la cárcel de Zuera
Guillermo Mestre

La familia del preso zaragozano Óscar C. G., que trabajaba como taxista en Zaragoza, ha presentado una reclamación para pedir la responsabilidad del Ministerio de Interior en su muerte. El interno se quitó la vida en una celda el pasado 29 de diciembre de 2021, a las seis horas de haber ingresado en el centro penitenciario de Zuera. Su familia denuncia que no se le aplicara el Protocolo Marco de Prevención de Suicidios, consistente en ponerle un preso como compañero para evitar que tratara de quitarse la vida. 

El interno ingresó a las 20.00 de ese día, casi en la víspera de Nochevieja, por una posible comisión de un delito de violencia doméstica, y se quitó la vida a las 2.00 del 30 de diciembre, según determina el informe del médico forense que lo examinó. 

El abogado de la familia, Marco Antonio Navarro, argumenta en su escrito a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio de Interior, que la Administración había vacunado masivamente a los internos contra la pandemia en esa etapa y "no se evaluó en ningún momento la situación que padecía ni las necesidades que pudiera tener".

"No se evaluó su perfil, sino que directamente se le encerró en una celda con medios para poder suicidarse, pues en pocas horas ya ideó la manera de hacerlo", denuncia el letrado.  

Asimismo, incide que "el deber de velar por la seguridad" del interno novel "no se llevó a cabo por cuanto no se tuvo en cuenta el programa de prevención de suicidios aprobado en 2005". De hecho, esta normativa "se debe aplicar a todos los internos noveles y con riesgo de que entren en prisión y muy especialmente a todos los internos relacionados con violencia de género".   

En el escrito, el letrado que representa a la familia del preso valora que el programa de prevención del suicidio se interrumpió debido a la llegada de la pandemia de coronavirus, pero "la actuación no fue la correcta" porque la Administración tiene "una responsabilidad" por la situación de indefensión con los derechos del interno y a sus familiares. Considera que "es evidente la relación de causalidad entre la lesión producida"  y "el mal funcionamiento de la Administración".   

La actuación de la Administración 

"La Administración debería haber buscado la solución para no desatender a los internos que entraban en el centro penitenciario, a los que anteriormente se les aplicaba ya de inicio el protocolo antisuicidio", argumenta Marco Antonio Navarro, quien reclama que el Estado había abandonado su "posición de garante" por el motivo del covid y poco después se recuperó por este suicidio. "El protocolo ayuda a los internos a no sentirse solos, a estar acompañados en todo momento de otro interno que les ayuda y les hace la vida más fácil sobre todo en los primeros días en los que todo es más difícil", detalla.

El escrito no ha determinado todavía la cantidad de la indemnización que solicita al Ministerio del Interior por la muerte del preso Óscar C. G. en la reclamación por responsabilidad patrimonial, pero apunta que cada progenitor recibe 40.000 euros (si el hijo fallecido tenía más de 30 años); cada hijo descendiente hasta los 14 años, 90.000; y cada hermano que tenga más de 30 años, 15.000.  

Dónde acudir en caso de necesitar ayuda por sufrir un problema de salud mental.
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