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"El Gobierno sí puede sacar un decreto ley en 24 horas para regular el sector"

 José Antonio Moliner, presidente de Tradime, asegura que llevan años luchando para que el transporte se dignifique y que el Gobierno ya no puede seguir mirando para otro lado 

José Antonio Moliner, presidente de Tradime (Asociación discreccional de transportes de mercancías por carretera), delante de la sede de la organización en la Ciudad del Transporte de Zaragoza.
José Antonio Moliner, presidente de Tradime (Asociación discreccional de transportes de mercancías por carretera), delante de la sede de la organización en la Ciudad del Transporte de Zaragoza.
Toni Galán

¿Ha habido posturas enfrentadas en la asamblea de Tradime?

No. Se han leído los puntos del acuerdo, se ha pasado a la votación y por una mayoría muy ajustada se ha decidido seguir con el paro hasta que las medidas publicadas tengan algo de concreción.

¿Sigue abierta la negociación?

No lo sé. Eso habría que preguntárselo al Gobierno. En Tradime lo que queremos es definición de las medidas más que negociación. Hay socios de Tradime que no ven fiable el acuerdo.

¿Está el sector del transporte en un punto de no retorno?

Posiblemente. A ver, en Tradime llevamos 43 años luchando por el sector y las posiciones están muy encalladas. A lo mejor esta situación que vivimos hace que se revolucione todo y se arregle lo que se tenga que arreglar. No podemos estar otros treinta años esperando. Un Gobierno no actúa mientras algo le funciona sino cuando se rompe.

¿Lo más urgente es tener una ley que regule la subcontratación?

Si ese es el escollo como nos han dicho algunos socios de Tradime, el Gobierno tiene potestad si quiere para poder sacar un decreto ley en 24 horas. Si a todos nos toca limar asperezas, podría empezar por ahí agilizando esa ley.

¿Qué seguimiento tendrá el paro la próxima semana?

No lo sabemos. Cada empresa es un mundo y tiene sus circunstancias. Cada uno verá lo que tiene, lo que debe y lo que necesita hacer. Quien tenga miedo de perder su cliente saldrá, pero es imprevisible lo que vaya a ocurrir. Nosotros trabajaremos para buscar esa concreción que nos han pedido los socios y cuando tengamos algo consistente les volveremos a llamar a la asamblea.

¿Hasta qué punto necesita una reconversión este sector?

Desde Tradime llevamos muchísimo tiempo pidiendo eso. A lo mejor estos 1.000 millones de ayudas que ha anunciado el Gobierno se podrían haber gastado de otra manera por ejemplo adelantando jubilaciones a los chóferes de 58 o 59 años y legislando que las cooperativas de transporte asociado sean empresas que coticen en el Régimen General de la Seguridad Social. Se habría limitado así el acceso a la profesión de gente no preparada que para que le alquilen el titulo de transportista (el Gobierno exige el bachiller) se meten en cooperativas y los esclavizan. Hay que tener un control, una regulación para que no pase.

¿Cuándo terminará el paro?

No lo sé. Son muchas cosas las que se han de arreglar. Primero, hacer que se estabilice el precio del combustible para poder adecuarlo a los costes que tiene el transportista y a partir de ahí, sin perder un minuto, ponerse a legislar en contra de estos abusos en el sector.

¿Ayudaría algo la transposición de la ley de Movilidad aprobada en Europa?

Sí, por supuesto. Se está haciendo efectiva en muchos países  mientras que España, al no haberse trasladado a nuestra legislación, estamos sufriendo diferencias importantes en las condiciones de trabajo. Limita el cabotaje, que es la  prestación de un servicio de transporte dentro de un país por parte de una empresa de transporte que no tiene su sede en ese país, y sin embargo aquí esa práctica no está limitada. No podemos ajustar los precios porque hay gente de otros países que trabaja más barato que nosotros con lo cual estamos cogidos por todos los sitios. La competencia desleal es la que marca el baremo y eso no puede ser. 

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