La DGA prepara una compensación millonaria a las contratistas para evitar el bloqueo de obras
La guerra agrava el alza de precios de materiales, que se han llegado a duplicar, como el asfalto.
El Gobierno de Aragón ha asumido finalmente que deberá afrontar un desembolso millonario a sus contratistas para evitar que paralicen los hospitales, colegios y carreteras en construcción. La escalada de precios de los materiales, agravada por la crisis provocada por la guerra de Ucrania, ha llevado a las empresas a advertir a la Administración de que la situación es "insostenible" y debe asumir los sobrecostes porque, de otro modo, no podrán continuar ni con las obras ni con la propia conservación de la red autonómica de carreteras. El problema es acuciante para el cuatripartito, dado que también reclaman una compensación por el alza del combustible las empresas de transporte que garantizan que cada día lleguen los autobuses hasta el último rincón de Aragón.
Fuentes oficiales señalaron que de la Dirección General de Contratación prepara la fórmula de compensación, que se establecerá en un decreto ley que también servirá de paraguas para las administraciones locales, igualmente afectadas. De hecho, varios ayuntamientos se han puestos en contacto con la DGA ante la imposibilidad jurídica de aprobar una revisión de precios, que quedó prohibida en la Ley de Contratos del Sector Público.
La situación no ha cogido por sorpresa al Ejecutivo autonómico, que ya fue advertido hace tres meses por la Agrupación de Contratistas Aragoneses de Obras Públicas, antes de que la guerra recrudeciese el alza de las materias primas. "Ponen en riesgo, en algunos casos, la terminación de las obras y en otros, la ruina del adjudicatario", avisó en una carta en la que solicitaba una reunión.
Esta se celebró el pasado miércoles entre una delegación de contratistas y la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, quien admitió la " responsabilidad" de la DGA en la resolución de un "problema real" por una situación sobrevenida a la que, dijo, deben "responder". "No solo afecta a un sector económico, sino a la ejecución de nuestros proyectos, que se podrían paralizar. Malos gobernantes seríamos si miráramos hacia otro lado", reconoció.
Pérez señaló que el objetivo es "minorar" el impacto con "medidas excepcionales" que, dijo, se están analizando, y para cuya concreción se ha pedido propuestas a los empresarios. "La solución no es fácil y hay que ser escrupulosos", añadió.
En la DGA han analizado el decreto ley publicado por el Gobierno central, circunscrito a obras de 2021, con una revisión de precios excepcional de entre el 5% y el 20%, y a las normas que han sacado adelante los ejecutivos de Galicia, también con compensaciones por obras, y de Extremadura, para contratos de construcción y mixtos.
Además, ha constituido un grupo de trabajo con participación de las cinco consejerías con inversiones -Sanidad, Educación, Vertebración del Territorio, Ciencia y Agricultura-, junto a los de Hacienda y Presidencia. Por el momento, han mantenido dos encuentros.
Desde la Agrupación de Contratistas se incidió en que el decreto nacional no atiende la realidad aragonesa, dado que está pensado para las grandes obras públicas al centrarse en compensar los materiales siderúrgicos (hierro, acero o aluminio) y aglutinantes (como los bituminosos). "No recoge la energía, los combustibles o materiales como las baldosas o el yeso, necesarios para construir los equipamientos sanitarios y educativos", añadieron.
Como ejemplos, aludieron a que el betún para asfaltar ha pasado en un año de 360 a 800 euros la tonelada, mientras que el ladrillo, el acero y el diésel han aumentado desde septiembre un 80%, un 59% y un 40%, respectivamente.
Las reuniones y comunicaciones se han ido sucediendo en la DGA con las adjudicatarias de conservación de carreteras y de hospitales y colegios, que les han trasladado el impacto de la subida de los materiales, como también lo ha hecho la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón.
De la misma forma, una representación del sector del transporte de viajeros por carretera de Aragón se reunió este viernes con el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, para pedir una compensación porque trabajan "a pérdidas" por el incremento del coste de los carburantes y no quieren trasladar el impacto a los viajeros con una subida del importe de los billetes.
