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La huelga de letrados de Justicia obliga a suspender más de 100 citas en el Registro Civil de Zaragoza 

El paro de dos días se deja sentir en los tribunales de Aragón y se aplazan una veintena de juicios y decenas de comparecencias. 

CONCENTRACION DE LOS LETRADOS DE LA AMINISTRACION DE JUSTICIA / CIUDAD DE LA JUSTICIA ( ZARAGOZA ) / 09/03/2022 / FOTO : OLIVER DUCH[[[FOTOGRAFOS]]]
Carlos Artal y Ana Rosa Igea, miembros de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, durante la concentración celebrada este miércoles
Oliver Duch

El impacto de la huelga de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) en Aragón está siendo importante, a pesar de que las dos jornadas han tenido un seguimiento más bajo que la convocada a finales de enero. El paro que ayer y hoy está llevando a cabo el colectivo, movilizado por la Unión Progresista de Letrados Administración de Justicia (UPSJ), ha sido secundado por un 60% de los profesionales en España y por cerca del 40% en Aragón. Por provincias, en Teruel el seguimiento ha sido del 45,45%, en Zaragoza del 35% y en Huesca, donde gran parte de los LAJ son sustitutos o interinos, del 21,05%.

La protesta de los profesionales ha obligado a suspender solo en el Registro Civil de Zaragoza 112 citas, entre ellas las que tenían concertadas 28 parejas para iniciar los trámites de matrimonio, 40 juras de nacionalidad, 12 citas para optar a la nacionalidad española, 19 para rectificar errores diversos y una veintena para distintas gestiones tales como cambiar nombre o reconocimientos de adopciones, entre otras.

La huelga de los antiguamente conocidos como secretarios judiciales no solo está afectando a los trámites del registro civil, sino que en muchos juzgados penales han sido aplazadas declaraciones o juicios. En la Audiencia Provincial de Zaragoza se ha suspendido uno por tentativa de homicidio en el que estaban citados, además del acusado, 14 testigos, 4 peritos y un interprete.

En el Juzgado de Instrucción número 6, por ejemplo, han sido aplazados cinco juicios y seis videoconferencias, mientras que en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 se ha cancelado la audiencia videoconferencia con 22 presos, según fuentes consultadas por este periódico,

En Teruel, en un Juzgado de lo Social, ha tenido que suspenderse una vista señalada para los días 9 y 10 en la que intervienen ocho partes así como 32 personas entre testigos y peritos

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón tampoco se libra y el miércoles se aplazó la vista por un conflicto colectivo de la empresa SARGA que afecta a trabajadores de Zaragoza Huesca y Teruel.

En España, el seguimiento a la huelga convocada por UPSJ ha sido del 60%, lo que se ha traducido en que, además de juicios y actuaciones en todos los órdenes jurisdiccionales, se han dejado de mover 30,5 millones de euros en todo el territorio nacional, pues una de las muchas tareas de los LAJ es gestionar las cuentas de consignaciones de las distintas jurisdicciones y el dinero que mueve el tesoro y el justiciable. Además, se han suspendido más de 70.000 juicios y actuaciones.

Algunos partidos judiciales han registrado un alto seguimiento, como Alicante (86,8%), La Rioja (96,2%), Lorca (88%), Alzira (85,7%), Benidorm (84,6%), Gijón (80%), Murcia capital (79%), Ferrol (76,9%), Gandia (83,3%), Cartagena (78,9%), Avilés (76,9%) San Javier (83,3%). En algunas localidades, como informa la UPSJ en un comunicado, ha sido del 100% (Mieres, Elche, Langreo, Calahorra, Castropol, Llanes, Villaviciosa, Reinosa, Xátiva, Sagunto, Ribeira, Noia, Betanzos, Ribeira, Tremp, Haro, por decir algunas de ellas).

La asociación progresista recoge en su escrito que pese a que el Ministerio de Justicia "ha vuelto a establecer unos servicios mínimos abusivos", los LAJ han salido a la calle para recordar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, que "es urgente que se ponga al frente y resuelva un conflicto que se dilata en el tiempo".  

"El ministerio sigue de perfil, ignorando, por no decir menospreciando, las reclamaciones de un colectivo importante para el servicio público de Justicia como es el de Letrados de la Administración de Justicia", afirman. "Ante esta movilización, Pilar Llop no puede seguir mirando para otro lado, y debe adoptar medidas que resuelvan el conflicto, sabedora de que el principal perjudicado es a la postre el ciudadano y el servicio púbico". "Somos muchos los Letrados de la Administración de Justicia indignados tras 12 años de palabras incumplidas. Somos aún más, tras la actitud prepotente del Ministerio", concluyen. 

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