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Juan Carlos Zapata: "Los tribunales no tomamos decisiones para que le gusten o no a un político, solo faltaría"
El presidente de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) habla por primera vez del difícil papel que han asumido los jueces durante la pandemia y niega haber "pisado" el terreno a la DGA.
Las decisiones adoptadas durante la pandemia han dado muchos titulares a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Acostumbrados a trabajar en la sombra, ¿se han sentido más importantes?
No sé si la palabra es importantes, pero protagonistas sí. Y nos hemos sentido protagonistas indebidamente, porque los jueces nunca deberíamos serlo.
Se han convertido en el ‘frontón’ contra el que ha chocado siempre la DGA al imponer restricciones y hay quien les reprocha un excesivo protagonismo.
No creo que sea la percepción que tiene la gente.Puede haberla tenido la DGA, pero creo que es indebida. Primero, no es cierto que todas sus medidas hayan chocado con el tribunal. Y está claro, las que anulamos acaparan más titulares que las que no anulamos.
Comenzaron impidiendo el confinamiento de La Almunia y la semana pasada acabaron con el pasaporte covid en Aragón. No lo negará, ustedes mandan mucho.
Un tribunal manda cuando tiene que mandar. Lo primero que planteamos nosotros es que no queríamos ratificar ninguna medida antes del posible pleito. Y si nosotros no admitimos la autorización para confinar La Almunia fue porque no estábamos de acuerdo con la norma que nos permitía eso.
La DGA cuenta con un equipo de expertos sanitarios para valorar y calcular los efectos de cada decisión. Sin embargo, ustedes han echado atrás muchas de ellas sin apoyarse en ningún especialista en la materia. ¿No se siente algo de vértigo?
Nosotros nunca adoptamos medidas por cuestiones técnicas o informes de salud. Nosotros nos basamos exclusivamente en cuestiones jurídicas. No tenemos ni debemos tener más informes. Y menos en la fase cautelar.
Pero al aplicar el único filtro de la legalidad en una crisis sanitaria tan excepcional como la que atravesamos, ¿un error puede ser muy grave?
Como persona que soy, claro que puedo equivocarme. Pero tengo claro que cuando trabajas mucho, te equivocas menos. Por otro lado, un tribunal lo integran tres magistrados, lo que añade un plus de garantía. Y aún así te puedes equivocar, pero para eso están los recursos. El Supremo a nosotros nos ha casado resoluciones, porque esas son las reglas del juego.
¿Cree que los jueces han estado a la altura en esta crisis?
Supongo que unas veces sí y otras veces no. Como todo el mundo, seguro que también nos hemos equivocado. Segurísimo.
Le hablaba antes del vértigo porque en una pandemia los errores cuestan vidas.
Es el Estado de Derecho. Y la lección que debemos sacar de todo esto es que el Estado de Derecho no ha desaparecido. Y en ese Estado de Derecho hay que proteger tanto la salud como los derechos individuales y colectivos de las personas.
Juan Alberto Belloch, que ha ejercido como ministro y magistrado, decía hace unos días en HERALDO que los jueces no pueden pretender sustituir al poder legislativo. ¿Lo comparte?
Totalmente. Nosotros no nos ponemos por delante del Ejecutivo, al revés. A la hora de presentar las cuestiones de inconstitucionalidad, lo que hacemos es preguntar al Tribunal Constitucional. Por supuesto que no queremos ni debemos legislar.
Sin embargo, cuando se impuso por primera vez el pasaporte covid fueron ustedes quienes delimitaron la fecha de aplicación.
Bueno, es una crítica asumible. Pero fue un tema más práctico que teórico. Y me explico. Cuando fijamos ese plazo del 8 de enero fue a principios de las Navidades y mediante una cautelar. No queríamos que una decisión así, vulneradora de derechos fundamentales, fuese 'ad limine', sin fecha. Pudimos hacerlo de otra manera, claro que sí. Pero no fue en absoluto pisarle el terreno a nadie.
Por más que se nieguen, las tensiones entre TSJA y DGAhan sido constantes. Y las declaraciones de Sira Repollés cuestionando la independencia de los jueces no ayudaron.
Claro que sentó mal. Pero también he de decir que ella habló con el presidente del TSJA, se disculpó y ya está. Es un episodio que nosotros damos por zanjado, no le otorgamos más importancia.
¿Se han sentido presionados por los políticos en la pandemia?
Un juez siempre se tiene que sentir presionado, pero por el asunto que aborda, no por las personas que hay detrás. Y que la gente tenga claro que no tomamos decisiones para que le gusten o no a un político. Solo faltaría. Y lamentablemente tampoco las debemos tomar para que le gusten o no a la población en general. La relación con la DGA es buena y creo que no se ha visto enturbiada.
Han dado mucho trabajo a los servicios jurídicos de la DGA, pero no menos al Tribunal Constitucional (TC). Ya he perdido la cuenta de cuántas cuestiones de inconstitucionalidad han presentando.
La cuenta es fácil. En definitiva son seis, porque hay algunas que versan sobre el mismo tema.
Y ¿por qué no se ha resuelto todavía ninguna? Se reprocha a los políticos no haber legislado a tiempo, pero igual al poder ejecutivo también le ha faltado nervio.
Claro que sí. Yo no quito responsabilidad al Constitucional, ha podido resolver estas cuestiones con más rapidez. Mi conclusión tras dos años de pandemia es que todos estamos en el mismo barco. Por lo tanto, todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y yo creo que la Justicia no ha sido la que peor se ha portado.
¿Quién lo ha sido entonces?
Hay gente mucho más sabia que yo para pronunciarse sobre eso.
El TSJA ha puesto muchos reparos a la ley de pandemia aragonesa por limitar al ciudadano las posibilidades de recurrir las restricciones. ¿Se trata de un texto envenenado?
La ley de pandemia aragonesa, la 3/20, fue un decreto ley. Y entendemos que con ese decreto ley no deberían haberse regulado cuestiones que afectan a derechos fundamentales. Lo que hace esta ley de pandemia es permitir todo: la DGA puede adoptar restricciones por decretos ley, puede adoptar también medidas la consejera de Sanidad… Y si se anulan las de la consejera, queda siempre vigente la ley aragonesa, que resulta más estricta. Como nuestro sistema impide a los tribunales ir en contra de una ley, al ciudadano no le queda otra que recurrir esa ley.
¿Cómo se debería haber hecho?
Después de las dos sentencias del TC, queda claro que la vía era modificar la Ley del Estado de Alarma. Esto hubiera evitado el embrollo de las delegaciones. Hay que recordar que en el segundo estado de alarma el Estado delegó competencias en las CC. AA., lo que el TC consideró contrario a la Constitución. Las consecuencias son serias, ya que todas las medidas adoptadas en base a esa delegación son ilegales. Y fueron muchas durante mucho tiempo.
