El Gobierno de Aragón anuncia la licitación del plan extraordinario de carreteras para "el próximo cuatrimestre"
El director general de Carreteras, Bizén Fuster, ha expuesto que el plan "consta de diez itinerarios, donde cada uno recoge tres, cuatro o cinco carreteras, y todos están interconectados directamente".
El director general de Carreteras del Gobierno de Aragón, Bizén Fuster, ha manifestado que el objetivo del Plan Extraordinario de Carreteras es "paliar el déficit de inversiones que venimos padeciendo en nuestra comunidad autónoma desde hace más de cuarenta años", así como "propiciar la creación de empleo y recuperar la cohesión del territorio y de la ciudadanía".
Así se ha pronunciado en su comparecencia, esta tarde, ante la Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de las Cortes de Aragón, a donde ha acudido a propuesta del consejero del ramo, José Luis Soro, y de PP y Ciudadanos, ha informado el Parlamento en una nota de prensa.
Fuster ha adelantado que, después de dos años de reuniones, "el plan está en la rampa de salida y esperamos que se pueda licitar en el próximo cuatrimestre". "La fórmula del modelo elegido es el de la concesión, que es la apuesta que acordaron los grupos parlamentarios, los agentes sociales y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias", ha detallado el director general.
El responsable de Carreteras ha expuesto que el plan "consta de diez itinerarios, donde cada uno recoge tres, cuatro o cinco carreteras, y todos están interconectados directamente". Además, como novedad con respecto al plan ordinario, Fuster ha insistido en que cada uno de los itinerarios "va a cumplir con el porcentaje de inversión requerida", al tiempo que ha anunciado que el proyecto de trazado "está redactado, se expuso al público y se encuentra en la fase de respuesta a las alegaciones".
No obstante, Fuster ha recordado que el plan en vigor establece que, en su período final, esto es, entre los años 2022 y 2024, el presupuesto de la dirección general "debería ascender y contar con una media de 175 millones de euros anuales, sin embargo, en 2022 el presupuesto es de 75 millones de euros, es decir, estamos muy por debajo de lo que tendríamos que estar invirtiendo en estos momentos".
Pese a ello, el director general ha argumentado que cuando comience a pagar la comunidad autónoma "será a partir de 2026 o 2027 y pagaremos un canon que estará muy por debajo de lo que a día de hoy se dice en el plan ordinario".
Desarrollo
El diputado del PP, Joaquín Juste, ha apuntado que no hay desarrollo "si no hay carreteras". Ha añadido: "Si a lo largo de estos siete años se hubiese invertido una cantidad razonable cada año, hoy podríamos estar en una situación mejor" porque "hay caminos que están en mejores condiciones que algunas carreteras".
El parlamentario de Ciudadanos, Carlos Ortas, ha preguntado al director general si confía en que en 2023 se podrá poner en marcha el Plan Extraordinario de Carreteras, al tiempo que ha reconocido "tener miedo de que se vayan acumulando anuncios y comparecencias, pero no actuaciones".
El socialista Fernando Sabés se ha mostrado sorprendido por "algunas de las intervenciones del resto de parlamentarios" y les ha pedido "que remen en la misma dirección" porque "es necesaria una inversión importante en la red de carreteras aragonesas".
La diputada de Podemos Marta Prades ha reconocido que el modelo concesional por el que se ha optado "no encaja con el que defendemos desde Podemos, pero sí encajan el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos que sirvan para mejorar la vida de la gente".
El portavoz de CHA, Joaquín Palacín, ha puesto el foco sobre "la infrafinanciación que recibe Aragón" y ha declarado que cada año "nos encontramos con un déficit que representa el 17% y que afecta a servicios esenciales".
El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha recriminado a Fuster que "el modelo que ha utilizado el Departamento para mejorar las carreteras es pan para hoy y hambre para mañana", aunque "desde el punto de vista electoral es perfecto".
La diputada del PAR, Esther Peirat, ha agradecido las explicaciones del director general sobre "un tema de vital importancia para Aragón" y ha explicado que las inversiones en carreteras "son fundamentales para atender al objetivo de la vertebración territorial".
Anteproyecto de ley por el derecho a la vivienda
Por otra parte, la Comisión de Vertebración del Territorio ha debatido y rechazado, con el voto en contra de Vox, PSOE, Podemos, CHA y PAR, el primer punto de una proposición no de ley presentada por el parlamentario del PP Joaquín Juste dirigida a instar al Gobierno a oponerse al anteproyecto de ley para el Derecho a la Vivienda por invadir competencias autonómicas.
Juste ha comentado que el Consejo General de Poder Judicial emitió un dictamen el jueves 27 de enero en el que decía que la nueva ley de vivienda "puede invadir competencias autonómicas". El segundo punto también ha decaído con el rechazado de PSOE, Podemos, CHA y PAR.
En el turno de intervención de los grupos parlamentarios, Fernando Sabés (PSOE) ha dicho que es un anteproyecto "que debe seguir adelante porque hay materias de vivienda que debe regular el Estado", mientras que el diputado de Cs Carlos Ortas ha sentenciado que la ley "salió adelante para poder aprobar los presupuestos", al tiempo que ha expresado que su grupo "siempre ha abogado por dar seguridad e incentivar".
Marta Prades (Podemos), por su parte, ha defendido que, desde su grupo parlamentario, van a "trabajar con todos los medios a nuestro alcance para que en este país por fin se reconozca el derecho a la vivienda". Por parte de CHA, Joaquín Palacín ha insistido en que lo que está haciendo el Gobierno "es estudiar con detalle el texto del anteproyecto de ley antes de tomar ninguna decisión al respecto".
Santiago Morón (Vox ha manifestado su rechazo a "la intromisión en el derecho a la propiedad privada", al tiempo que ha reconocido que los precios de la vivienda "quedan lejos de los niveles de renta de las clases trabajadoras y de los jóvenes". El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha señalado que el debate "hay que defenderlo con algo más de rigor" y ha recordado que el derecho a la propiedad "viene también condicionado por la función social de la vivienda en sí misma".
