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La CHE tramita en dos años 46 expedientes sancionadores por pozos ilegales

El Seprona detectó en la provincia de Zaragoza 33 infracciones en materia de captaciones de agua irregulares entre los años 2019 y 2021.

Un pozo de la cuenca del Ebro.
Un pozo de la cuenca del Ebro, en una imagen de archivo.
CHE

La muerte de Rayan, el niño marroquí de cinco años que fue rescatado sin vida este domingo tras permanecer cinco días en un pozo a 32 metros de profundidad, ha conmocionado no solo al país magrebí sino al mundo entero. También en España se ha seguido de cerca el rescate contra reloj del pequeño, al igual que en enero de 2019 sucedió con el caso de Julen, de dos años, que falleció en parecidas circunstancias en Totalán (Málaga).

El menor marroquí se había caído el pasado martes a un pozo que estaba descubierto y sin vallar muy cerca de la casa familiar en el municipio de Tamorot, en el norte. Esta trágica muerte pone el punto de mira en las perforaciones ilegales, que en nuestro país están tipificadas en el Código Penal como delito medioambiental.

En Aragón, toda construcción de un pozo con finalidad de extracción de agua subterránea debe contar con autorización otorgada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) conforme a la Ley de Aguas. Este organismo tramitó 46 expedientes sancionadores en la Comunidad por apertura de pozos ilegales en solo dos años, en 2019 (34 expedientes) y en 2020 (12).

Además, tal y como recogen las últimas memorias de actividad de la CHE en la región, el número de expedientes por captaciones ilegales de agua ascienden a 112 entre el periodo comprendido entre 2015 y 2020. Fuentes del organismo indican que como en todo procedimiento sancionador, lo primero se recibe denuncia del hecho -tanto por los agentes medioambientales de la CHE como de otra vía- y se inspecciona; y luego se hace informe y se tramita el expediente sancionador.

Por su parte,  el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) realizó entre los años 2019 y 2021 un total de 35 inspecciones en materia de pozos, balsas, sondeos o captaciones de agua irregulares en la provincia de Zaragoza dentro las operaciones Mizu I y II (encaminadas a la lucha contra la destrucción o modificación del hábitat de especies protegidas dentro del proyecto Life guardianes de la naturaleza). Y en ellas se detectaron 33 infracciones, tal y como ha informado la Guardia Civil de Zaragoza. "En 2019 se realizaron once inspecciones en las que se detectaron nueve infracciones, y en 2021 un total de 24 en las que se observaron otras tantas infracciones administrativas sobre esta materia", han detallado desde el Cuerpo.

Tras ser detectadas, el Instituto Armado en la capital aragonesa remitió a la Confederación Hidrográfica del Ebro las sanciones relativas a la extracción irregular de recursos hídricos y las relacionadas con urbanismo ("por la construcción de pozos careciendo de la correspondiente autorización y/o la falta de seguridad de los mismos"), a los ayuntamientos afectados.

Casi 10.000 pozos en la cuenca del Ebro en Aragón

Según datos de la CHE, en la cuenca del Ebro en Aragón hay un total de 9.786 pozos. En concreto, en Zaragoza hay 6.086 captaciones de agua subterránea inscritas (126 de manantial y 5.960 de pozo), en Huesca, 1.885 (229 de manantial y 1.586 de pozo) y en Teruel,1.815 captaciones inscritas (384 de manantial y 1.431 de pozo).

Mientras, desde el Ayuntamiento de Zaragoza señalan que a raíz de la muerte del pequeño Julen, en 2019, se realizó una inspección "muy profunda" de los pozos en el término municipal y se detectaron 94 registrados y controlados, de los cuales se estimó que menos de veinte podían representar algún tipo de riesgo potencial. "Ya entonces se hicieron requerimientos a los propietarios de esos pozos y solo quedan dos que todavía tienen que rematar ese trabajo de señalización o de cierre. Están en propiedades que no son municipales y están requeridos por el Consistorio", explican fuentes municipales.

Asimismo, apuntan que de manera regular la Unidad Verde controla que todo esté correcto en dichos pozos, que están geolocalizados y con su correspondiente dosier técnico. "El tema de acuíferos y pozos no es una competencia directa del Ayuntamiento, pero este se preocupa de que todo esté controlado y bien", añaden.

En cuanto al agua subterránea, se puede hacer un uso privativo de ella cumpliendo con el correspondiente trámite administrativo en el organismo de cuenca correspondiente, que en el caso de Aragón es la Confederación Hidrográfica del Ebro, en su mayor parte, y la del Júcar en una parte de Teruel. Además, en la CHE se mantienen redes de seguimiento de la calidad y de la cantidad de las masas de agua subterránea y con esos datos se establecen "normas adicionales" para la adecuada gestión de los recursos subterráneos en la cuenca.

No acatar la ley, evitar el registro de aguas y provocar afecciones al dominio público hidráulico implica sanciones de hasta 10.000 euros (leves), o de 10.000,01 a 50.000 (menos graves). Las graves pueden dispararse hasta los 500.000 euros y las muy graves, hasta el millón, según recoge la normativa vigente.

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