inmatriculaciones
Los 104 bienes atribuidos a la Iglesia en Aragón cuya propiedad está en cuestión
El Gobierno remitió a la Conferencia Episcopal un listado con los 2.058 bienes que la Iglesia inmatriculó en la Comunidad entre 1998 y 2015. Las diócesis han detectado errores de algún tipo en un centenar de ellos.
La Iglesia ha identificado 104 propiedades en Aragón que, por uno u otro motivo, no debían estar en el listado de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 que elaboró el Gobierno de España. Este grupo de pisos, garajes y -sobre todo- tierras forman parte del informe que hizo público este lunes la Conferencia Episcopal Española, en el que la Iglesia identifica y cataloga los casi 35.000 inmuebles que puso a su nombre entre 1998 y 2015, según el listado remitido por el Congreso de los Diputados hace ahora casi un año. De este análisis se desprende que hay un millar de bienes que pertenecen a otros titulares (16 de ellos en Aragón), que no están identificados por las diócesis o que contienen algún tipo de error.
El informe analiza 2.058 bienes de la Iglesia que fueron inmatriculados en Aragón entre 1998 y 2015, bajo el amparo de la reforma de la Ley Hipotecaria que aprobó el Gobierno de Aznar. De ellos, las diócesis aragonesas no han detectado ningún error en 1.954. En cuanto al resto, hay dos que pertenecen a otras entidades religiosas, cinco que están duplicados, 12 sobre los que faltan datos para su identificación, 43 que fueron inmatriculados o adquiridos fuera del periodo 1998-2015, 8 que en realidad no consta que se hayan llegado a inmatricular, tres que tienen errores, 16 que pertenecen a otros titulares y 15 que se adquirieron en ese periodo pero mediante un método diferente, como la compra, la donación o la herencia.
En cuanto a los 16 que no son de su propiedad, se trata de campos, solares y fincas, la mayoría en la provincia de Huesca, en lugares como Arrés, Piedrafita de Jaca, Ordovés o Aguascaldas. Según refleja el informe, son propiedades inscritas por error, que no pertenecen a la diócesis o que ya fueron vendidas. Además, también hay una casa en la calle Mayor de Estopiñán del Castillo (Huesca) que fue vendida al Ayuntamiento; las casas parroquiales de Hoz de Barbastro y Perarrúa (también vendidas); o un edificio de dos plantas en Saldón (Teruel), igualmente vendido al Consistorio de esta localidad.
También hay 12 bienes que la Iglesia no ha podido identificar, todos ellos en la provincia de Teruel, la mayoría en la capital (parcelas urbanas, trasteros y viviendas). Además, hay 43 bienes cuya inmatriculación o adquisición fue anterior o posterior al periodo 1998-2015, por lo que quedarían fuera de las investigaciones sobre su titularidad. Fundamentalmente, son fincas y campos de cultivo repartidos por las tres provincias aragonesas. En el listado que llegó hasta la Conferencia Episcopal Española hay también 15 bienes que fueron incorporados al patrimonio de las diócesis mediante métodos distintos a la inmatriculación: son ermitas, campos y viviendas en Huesca y Teruel que llegaron a manos de las diócesis por permutas, compraventas, herencias o donaciones.
Este informe se hizo público ayer tras el encuentro que tuvieron el presidente de la CEE, el turolense Juan José Omella, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El objetivo es que ahora, con la información aportada por la Iglesia, el Estado pueda poner el listado en conocimiento de las entidades locales correspondientes, para que estas puedan regularizar la propiedad de los bienes.
A nivel nacional, la Iglesia ha analizado los 34.976 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015. Según los datos hechos públicos, no se han detectado errores en 32.401 de ellos, es decir, la inmensa mayoría. Tan solo hay 276 que la Iglesia admite que son de otros propietarios, 608 que las diócesis no son capaces de identificar y 84 que pertenecen a otras comunidades o entidades religiosas.
"La Iglesia no quiere nada que no sea suyo"
Desde la Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón se apuntó que es la propia CEE la que ha detectado ese millar de errores en la adjudicación de propiedad y que "la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo", de ahí ese trabajo "ímprobo" de revisión y la comunicación al Gobierno de España "para realizar los ajustes y regularizaciones que sean necesarias".
