Las residencias de Aragón se sobreponen a la tragedia, pero el virus no da tregua

El impacto de la covid en las alrededor de 280 residencias de mayores de la Comunidad está siendo demoledor. Estos centros asistenciales reúnen todos los ingredientes para que el virus, pese a todos los esfuerzos, haga estragos: grupos de convivencia, contacto cercano entre todos y población muy vulnerable. Durante el primer envite de la covid fallecieron 746 residentes, casi los mismos que se sumaron durante la segunda, tercera y cuarta olas juntas. Hoy, esta dolorosa cifra se eleva a 1.620 víctimas mortales, incluidas también las que se registraron en centros de personas con discapacidad.

La vacunación que se inició en las navidades de 2020 frenó en seco los nuevos casos que, como en el resto de la sociedad, repuntaron el pasado verano. La irrupción de ómicron ha disparado los contagios hasta niveles anteriores a la inmunización. La semana pasada había 2.540 personas infectadas entre usuarios y trabajadores. La efectividad del tercer ‘pinchazo’ es incuestionable para evitar los efectos más graves. Y aunque la mayoría de los contagiados son asintomáticos o pasan la covid de forma leve, no hay que olvidar que en esta séptima ola ya se han registrado 39 fallecidos.

Con el virus, el dolor también entró en las residencias. Los fallecimientos, los aislamientos, las medidas restrictivas que algunas veces no eran compartidas por los allegados de los ancianos angustiaban a todos. A golpe de ola, las residencias han abierto la mano con las visitas de las familias y las salidas de los internos sin dejar de pedir la máxima responsabilidad y prudencia. El agotamiento es generalizado.

Tras lo ocurrido, el sector avanza hacia un nuevo modelo de residencias, en el que ya se estaba trabajando, basado en la atención centralizada en las personas y la creación de unidades de convivencia para entre 9 y 15 personas en las que se combinen las habitaciones individuales con espacios comunes como el salón, la cocina, el comedor con ‘office’ completo (con todos los electrodomésticos, incluso lavadora) así como un recinto exterior.

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Las empresas privadas del sector comparten la necesidad de llevar a cabo esta transformación, pero reclaman más financiación y que la prioridad pase también por el sostenimiento del actual sistema.

"Se sigue hablando de un nuevo modelo a cuenta de la pandemia, pero estamos inmersos en una situación excepcional porque continuamos sin poder trabajar como nos gustaría", explica Paquita Morata, gerente de Arade (Asociación Aragonesa para la Dependencia). Demanda que cualquier "cambio a nivel normativo" vaya de la mano con las "organizaciones del sector", que aportarán "un punto de vista realista y técnico, porque el papel todo lo aguanta".

Recuerda que a la línea de subvenciones convocada por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para acometer obras de modernización y mejora o crear nuevas instalaciones "solo" concurrieron 35 entidades mercantiles. No tiene constancia de que se hayan producido cierres de residencias, pero "algunas pequeñas empresas sí han cambiado de propietario".

Las residencias han soportado y soportan sobrecostes por la prevención frente a la covid, aunque la Administración les haya entregado material, hayan recibido donaciones y la DGA sacara el año pasado una línea de ayudas para financiar una parte de este gasto.

Para Morata, otra clave es una mejora de la financiación por parte de la DGA de las plazas concertadas. Según un estudio del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps) –la patronal privada–, Aragón es una de las comunidades que menos paga junto a las de Extremadura, Asturias y Galicia. Lamenta también la imagen "distorsionada" del sector: "Se nos sigue juzgando en relación a cómo se trabaja ahora y no habitualmente".

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"Las residencias se estaban ya reconvirtiendo hacia una atención centrada en la persona cuando la covid paró el mundo", dice Emilia Bergasa, presidenta de Lares (Asociación de Residencias de Ancianos y Servicios de Atención a los Mayores). La sectorización de los centros para atender a grupos pequeños de mayores y casi siempre a cargo del mismo equipo de profesionales es una práctica que ha llegado para quedarse. Para Bergasa, esta asistencia personalizada "siempre se ha perseguido porque mejora su bienestar y calidad de vida".

A nivel de plantilla, comenta que en un futuro próximo, siempre que la evolución de la pandemia lo permita, habrá que reforzar los cursos "de apoyo psicológico y emocional" a los trabajadores, en su mayoría mujeres. "Los profesionales están muy cansados y muchos han vivido episodios de angustia, ansiedad y agobio", dice. En la Comunidad, el sector da empleo a unos 13.250 trabajadores.

Las bajas por ómicron han llevado al límite a muchas residencias, sobre todo en el medio rural, donde resulta mucho más complicado sustituir las ausencias temporales durante unos días. Los sindicatos aducen que también juega en contra un salario "que muchas veces no llega a los 1.000 euros mensuales".

Mientras, algunos expertos hablan de un "estancamiento" en el sector. La Asociación Nacional de Directoras de Gerentes y Estudios Sociales reveló en su último informe que en Aragón, al finalizar 2020, había 100 plazas menos que un año antes, 19.150 frente a 19.250. Aún así, la Comunidad sigue estando por encima de la ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. En concreto, 4.671 más. La DGA va a construir dos residencias en Ateca y el barrio zaragozano de Valdefierro.

Para esta organización, el problema radica en la "falta de planificación" y "ocupación". Hay lugares con exceso de camas y otros con carencias, y unas 300 menos de financiación pública que en febrero de 2020. "Hay plazas más que suficientes, pero sin ocupar, mientras más de 1.000 personas están a la espera", concluyen.

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