El SAMA cierra 2021 con casi un 12% más de actividad y 6.826 despidos tramitados
El Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje atendió 900 expedientes más que el año anterior, si bien resolvió con acuerdo el 73% de ellos
Con 741 despidos más tramitados que hace un año (6.826 en 2021 frente a los 6.085 de 2020) ha cerrado el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) un ejercicio de repunte de la conflictividad laboral. A este organismo le tocó resolver un total de 8.274 expedientes (8.145 individuales y 129 colectivos). Son 965 más que el año anterior.
Una comparativa de los dos años que se ve algo «distorsionada», según Soledad de la Puente, directora general de Trabajo, porque en 2020, primer año de la pandemia, «un elevado volumen de la actividad productiva estuvo paralizada a causa del estado de alarma y hasta agosto de 2020, el ritmo ordinario no se logró recuperar», lo que motivó que ese año se hiciesen menos mediaciones.
Una parálisis que explica en parte el repunte del año que acaba de terminar. En 2021, los conflictos individuales presentados al SAMA, la mayoría por despidos, suponen un 11,74% de incremento respecto a los registrados en 2020. Han sido 8.145 frente a 7.289.
En la comparativa entre los dos años, «el mayor número de mediaciones individuales responde a despidos e, igualmente, el motivo principal de despido alegado son las causas disciplinarias», destaca Soledad de la Puente.
Así, los despidos en los que ha mediado el SAMA por causas disciplinarias fueron 3.526 el año pasado, seguidos de los que corresponden a causas objetivas que ascendieron a 1.964, 570 por despido verbal, 453 por fin de contrato, 120 sin causa y 193 por otros motivos, según los datos aportados por el Gobierno aragonés extraídos del avance de la memoria de 2021 proporcionado por el SAMA, no definitivo al no haberse computado todavía todos los procedimientos de despido. Unos datos, no obstante, que muestran la alta rotación que existe en el mercado laboral por el elevado número de despidos que llegan al SAMA y que corresponden sobre todo a trabajadores con poca antigüedad en las empresas.
Además de los despidos –la mayoría de la actividad del SAMA–, los expedientes individuales que tuvo que resolver este organismo (en cuyo patronato está la DGA y los agentes sociales) fueron por sanción en el trabajo (399), fueron por extinción de la relación laboral (335), por modificación sustancial de las condiciones de trabajo y movilidad (285), declarativos de derecho (244) y otros tipos (56).
Donde también creció la actividad del SAMA fue en los expedientes colectivos al pasar de 92 en 2020 a 129 en 2021, un 40,21% más siendo las principales causas la convocatoria de huelga y el conflicto colectivo.
Según el análisis realizado por la directora general de Trabajo, el sector servicios es el que más volumen de expedientes presentó al SAMA, aunque el mayor número de trabajadores afectados fueron los del sector del metal con 15.658. Eso sí, subraya, casi todos los expedientes han acabado con acuerdo entre las partes tanto en 2020, con un 72,67% de pacto, como en 2021 con el 73,26%.
«Este incremento de expedientes en el SAMA no es ninguna sorpresa», manifiesta Carmelo Pérez, de Cepyme. «Las empresas ante tanta incertidumbre prefieren ser prudentes y no sobrecargar los costes fijos. Es en las pequeñas donde se producen más ajustes de personal». Esta situación, reconoce, se alargará. «Las cifras en 2019 eran muy parecidas. Se van a convertir en algo estructural mientras se mantenga la incertidumbre», avisa.
Para Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón, «la parte positiva es que estamos por debajo de los conflictos que llegaron al SAMA en 2019, que registró 8.504 expedientes individuales. No hay un crecimiento exponencial de la conflictividad laboral para la situación tan complicada que existe», recuerda, precisando que la comparativa con 2020 «no es ilustrativa ya que ese año fue excepcional, hubo menos actividad y los ERTE paralizaron muchos conflictos y despidos».
José de las Morenas, de UGT, aplaude, sin tener aún los datos del SAMA de 2021, «la labor de este organismo para mediar en un escenario de conflictividad laboral creciente, atenuado por los ERTE, con un mercado laboral variable, con mucha entrada y salida de trabajadores, picos de contratación y despidos».
Pablo Castillo, de CC. OO., a expensas también de recibir los datos, valora que «se siga con cifras de expedientes por debajo de las de 2019». «Es habitual», admite, que un porcentaje de despidos acabe en el SAMA» y considera que «2020 y 2021 no son comparables porque el primer año de la pandemia hubo mucha menos actividad y también la judicial estuvo muy parada».
La factura del SEPE bajó a 698 millones
La factura del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Aragón el pasado año fue menos abultada que en 2020, cuando se produjo la avalancha de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Se quedó en 698 millones frente a los 842 de gasto del año anterior (el grueso, 765, se desembolsaron de abril a diciembre de 2020), manifestó Fernando de Miguel, director provincial de este organismo.
«El total acumulado de personas que han cobrado por ERTE en Aragón desde abril de 2020 a noviembre de 2021 son 123.094 aragoneses», precisó, si bien, reconoció, los ERTE son solo una parte (367 millones de abril de 2020 a noviembre de 2021) del tremendo gasto en prestaciones por desempleo que ha tenido el SEPE estos dos últimos años en Aragón a raíz de la pandemia.
Ha sido el doble de lo que fue en 2019, año antes de la covid, en que por prestaciones en Aragón se pagó un total de 427 millones. «Afortunadamente los ERTE se han reducido mucho con lo que el esfuerzo se concentra en los cobros indebidos. Tenemos 20.000 expedientes pendientes de reclamación por valor de 18 millones. Los hay que tienen que devolver 50 euros y otros 600 euros. Es un palo, pero es dinero público, que se pagó por error», indicó.
