La DGA ve con buenos ojos la propuesta de Montero para la financiación pero pide lealtad, suficiencia y autonomía fiscal

La música suena bien, pero falta conocer la letra. La asunción del criterio de población ajustada es en sí misma una pequeña victoria en la compleja batalla por el nuevo reparto de la financiación autonómica._El documento de Hacienda "va en la buena dirección", aunque es solo una parte del nuevo modelo. Lo dice Javier Lambán, presidente de Aragón, que echa en falta elementos fundamentales como la suficiencia financiera, la corresponsabilidad fiscal, la lealtad y la bilateralidad que recoge el Estatuto de Autonomía, que quedaría supeditada a la multilateralidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se someterá a votación.

Nada recoge el documento actual sobre la suficiencia financiera, los recursos que el Gobierno pondrá encima de la mesa para que las autonomías puedan prestar con garantías la Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales. La DGA busca conseguir una suficiencia estática, que requiere 400 millones extra, y la dinámica, la del futuro. Y se ve beneficiada la Comunidad cuando se incluye el sobreenvejecimiento como factor corrector, pues el nuevo modelo pervivirá varios años y será un problema que en_Aragón, lejos de corregirse, se agudizará cada vez más. A la Comunidad le beneficia, en este sentido, que se pase en Sanidad de siete tramos de edad a 20, y también que en Servicios Sociales se diferencie entre mayores de 65 y de 80 años, pues el coste de estos últimos es mayor.

Tampoco responde la propuesta actual a la necesidad de avanzar hacia la autonomía financiera y la responsabilidad fiscal. Aragón pretende que parte de los ingresos provengan de la gestión de los tributos y no de forma exclusiva de las transferencias del Estado. Demanda, también, el Ejecutivo autonómico "lealtad" para que cualquier transferencia de competencias llegue a la Comunidad con el dinero para poder llevarla a cabo.

La Comunidad recuerda, además, que en cumplimiento del Estatuto de Autonomía el reparto deberá asegurar una financiación suficiente para garantizar la prestación de los servicios e incluir el esfuerzo fiscal, el envejecimiento, la dispersión y los desequilibrios territoriales como factores de corrección. No renunciará la DGA a la negociación bilateral que aporta el artículo 108, que se canalizará a través de la Comisión_Mixta de Asuntos Económicos-Financieros entre el Estado y Comunidad, aunque supeditada al acuerdo multilateral.

Un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) dictamina que son_Extremadura y Aragón las más beneficiadas por la propuesta de reparto, y asegura que las dos elevarían las necesidades de gasto reconocidas por encima de siete puntos por las correcciones "ad hoc" que, en su opinión, se han aplicado. Pero no es oro todo lo que reluce, y hay modificaciones que lejos de beneficiar a la Comunidad la estarían perjudicando.

Primer informe para el reparto

La DGA debe remitir este mes al Ministerio de Hacienda su valoración del primer documento técnico. Los expertos parten de cuatro bloques diferenciados; sanidad, educación, programas de protección social y otros servicios, vinculado este último a una variable poblacional con factores correctivos.

Si la ampliación de tramos de edad de siete a 20 en el gasto sanitario beneficia a Aragón, con la asunción del padrón en el gasto educativo y el aumento en la ponderación sale perjudicado. Con el gasto social hay dudas. Aunque es positivo que se compense más por los mayores de 80 años, la propuesta ministerial incluye una nueva variable, la de parados sin prestación de desempleo, con bajo impacto en Aragón y que hasta ahora no se había contemplado.

Educación, Sanidad y Protección Social, los pilares del Estado del bienestar, supondrán entre el 71% y el 81% del total. Lo que queda corresponderá al "resto de los servicios" prestados, como políticas territoriales, infraestructuras y medio ambiente, que el ministerio vincula a la población, mientras Aragón insiste en que deberían incorporarse variables como el territorio y la dispersión. Solicitará, además, que se compensen costes fijos y se incluyan también factores ligados al reto demográfico. Sería la mejor forma de saldar el sobrecoste que supone llevar colegios y consultorios médicos al medio rural.

Aragón recibe al año unos 3.800 millones de euros en entregas a cuenta de la financiación autonómica, que se elevan a 4.200 millones con los fondos sectoriales, los fondos europeos ordinarios y el déficit autorizado. De ahí la importancia de que el nuevo modelo compense, de manera satisfactoria, el gasto que requiere la prestación de servicios que transfirió el Estado.

Lambán, que se reunió el lunes con los portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes para intentar recabar su apoyo, reconoció que "quedan meses" de negociación por delante, y que "la unanimidad de las fuerzas políticas será importante para que Aragón tenga éxito". Aunque todos los partidos aunaron esfuerzos en mayo de 2018 para ponerse de acuerdo, no pasará lo mismo esta vez. Santiago Morón, de Vox, ya se ha desmarcado tras tachar el sistema de "insostenible e insolidario".

Mar_Vaquero, del PP, abogó por mantener el "consenso" alcanzado la pasada legislatura y pidió que se admitan las aportaciones de la oposición; Daniel Pérez Calvo, de Cs, instó a aprovechar esta oportunidad "histórica" y pidió que se pondere más la superficie y Álvaro Sanz, de IU, hizo hincapié en el esfuerzo fiscal.