El pulso entre la DGA y el Tribunal Superior de Justicia a costa de la covid-19 ha marcado la gestión de las siete olas en Aragón. Políticos y jueces han chocado con las restricciones, los confinamientos, los toques de queda e incluso la implantación y ampliación del pasaporte covid, una tensión que ha ido a más y que ha terminado por estallar con las declaraciones de la consejera de Sanidad.

Los primeros roces se produjeron poco después de la declaración del primer estado de alarma. Los sindicatos médicos denunciaron al Gobierno de Aragón por la falta de equipos de protección individual, aceptando el Tribunal unas medidas cautelarísimas que obligaban al Ejecutivo a proporcionarles el material en 24 horas. Esta decisión, enmarcada en un contexto de escasez global en el que era prácticamente imposible conseguir epis, irritó especialmente al presidente de Aragón, Javier Lambán, quien sugirió a los jueces que se pusieran a hacer ellos mismos mascarillas para cubrir la falta de material en hospitales y centros residenciales.

Desde entonces, los desencuentros han sido constantes, con restricciones que se aprobaban y rechazaban con solo unas horas de diferencia y dificultades para aislar poblaciones o extender el pasaporte covid a más sectores.

Uno de los primeros capítulos de esta ‘tormentosa’ relación se vivió con motivo de las ‘no fiestas’ del Pilar de 2020. Ese mes de octubre, los magistrados permitieron abrir a los negocios sin limitarse al 50% en el interior y al 75% en terrazas a petición de las asociaciones del sector. Dichas agrupaciones han recurrido de forma sistemática las decisiones del Ejecutivo autonómico, consiguiendo importantes ‘victorias’ que han obligado al Departamento de Sanidad a replantear su estrategia para frenar la expansión del virus.

Este pasado verano también se vivieron momentos de tensión. El Gobierno de Javier Lambán acudió al TSJA para decretar, fuera del paraguas del estado de alarma, el toque de queda en los municipios de Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón ante el aumento de casos. Ya en octubre de 2020, los magistrados rechazaron el confinamiento de La Almunia de Doña Godina, y en esta ocasión obligaron al Ejecutivo a recurrir al Tribunal Supremo para limitar este otro derecho fundamental.

La aplicación del pasaporte covid ha sido otro elemento de confrontación. Los magistrados rechazaron una implantación sine díe y pusieron como ‘tope’ el 8 de enero, fecha que el Ejecutivo autonómico terminó ampliando un mes más. Tampoco permitieron que se extendiese a cines y gimnasios, frenando las aspiraciones del Gobierno regional.

El Constitucional como clave

En los últimos meses, el TSJA se ha dirigido hasta en seis ocasiones al Tribunal Constitucional al ver "posibles visos" de inconstitucionalidad en la acción del Gobierno. La última, por las limitaciones de horarios en el ocio nocturno y la hostelería. Esto ha hecho que sobre la mesa del Constitucional haya aspectos tan importantes como la legalidad de la propia ley aragonesa contra la covid-19 (la Ley 3/2020) o la capacidad de los Tribunales Superiores de Justicia para autorizar con carácter previo medidas que limiten derechos recogidos en la Constitución.

La mala relación entre el Ejecutivo y el poder judicial –que se niega oficialmente– se ha visto también en las últimas alegaciones presentadas por la DGA. En ellas, Sanidad criticaba que se desoyesen "sistemáticamente" los avisos de la Administración y se tumbasen sus medidas. Los magistrados, por su parte, habían lamentado en su providencia que el Gobierno no hubiese actuado antes para frenar los casos.