Aragón

Malestar en el transporte escolar de Zaragoza y Teruel por las demoras de pago del Gobierno

Las asociaciones del sector en estas provincias denuncian, como la de Huesca, su dificultad para hacer frente a sus pagos.

Una imagen de los automóviles, ayer en una nave en Calatayud.
Una imagen de los automóviles, ayer en una nave en Calatayud.
Macipe

Las empresas que prestan el servicio de transporte escolar en Zaragoza y algunas en Teruel se han unido a las de Huesca para hacer saber que se encuentran "con el agua al cuello". Así lo denuncian ahora tres asociaciones, que representan a más de 40 empresas del sector y que dan empleo a más de 1.000 trabajadores por la demora del Gobierno de Aragón en abonar -según cálculos aproximados de las compañías- dos millones de euros derivados de todas las rutas que llevan a los alumnos de ambas provincias a sus respectivos centros educativos. En el caso de los itinerarios adjudicados por contratos menores, los retrasos en los abonos se remontan a mayo de 2021 y en lo que respecta a los recorridos que salen a licitación, el último cobro pertenece al mes de septiembre, en el caso de las zaragozanas.

"Muchas empresas ya no pueden hacer frente a sus pagos: hay gente que ha tenido que pedir fraccionamientos de deuda para pagar a Hacienda, hay requerimientos de los proveedores…", resumieron David Martínez, de la Asociación Rural de Empresarios Aragoneses del Autobús, y Antonio Carretero, de Apymebus. "No podemos más, porque no tenemos más fuentes de ingresos. Los viajes discrecionales, el trabajar todos los días de la semana, domingos y festivos con excursiones y otros encargos, ha desaparecido. Todo eso ya no existe", dijeron.

En este sentido, destacaron que "tenemos que pagar las nóminas, la seguridad social, hablamos de más de 200 familias que viven de esto", agregaron. A eso añaden el pago de los combustibles, "que encima ha subido", y también el incremento en el convenio colectivo de los conductores. "Y todo sin contar que venga un imprevisto, como una avería de motor que puede suponer más de 30.000 euros de arreglo", explicaron. A su vez sostienen que desde la DGA les reconocen que el pago está retenido en Intervención: "No se atreven ni a darnos una fecha".

Martínez y Carretero consideran que esta situación es "insostenible". "Hay comunidades autónomas que han agilizado los pagos. Pedimos que nos entiendan y que se arregle esto porque estamos en el borde de un precipicio", insistieron. "Hay propietarios a los que esto les afecta a la salud, con casos de estrés y achaques graves", incidieron.

En la Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros en Autobuses de Aragón (Aetiva), que agrupa a las de mayor envergadura, comparten las mismas quejas. "Hay opciones como los pagos mensuales o a cuenta que están haciéndose en otros sitios", planteó la secretaria general de la entidad, Rosa Cavero.

Fuentes del Gobierno de Aragón reconocieron que "se está realizando la tramitación y en el momento en que finalice se procederá a realizar el pago". En el caso de Huesca señalaron que los pagos comenzarían a materializarse a mitad de enero.

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