El TSJA deniega las cautelarísimas a bares y discotecas por la restricción de horarios y se mantienen los cierres a las 2.00
Las asociaciones del sector habían recurrido para impugnar la restricción de horarios en Nochevieja. El TSJA reconoce la necesidad de tomar medidas ante el alza de contagios y cree que cualquier cambio ahora generaría más confusión. Se suma, además a las críticas del sector por la falta de previsión de la DGA.
La Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado las cautelarísmas solicitadas por las asociaciones de empresarios de Cafés y bares y de Salas de fiesta, baile y discotecas que habían recurrido al Tribunal para impugnar la orden del Gobierno de Aragón que establece restricción de horarios en Nochevieja. La Sala ha acordado escuchar a la DGA antes de adoptar medidas.
Los empresarios del ocio nocturno solicitaron estas medidas para tumbar el cierre a las 2.00 en Nochevieja y recuperar el consumo en barra al considerar estas restricciones un nuevo ataque al sector "más afectado" por las medidas adoptadas contra la covid-19.
Los magistrados consideran que “es innegable que hay una ola numéricamente muy importante de la pandemia, con un aumento de casos registrados, y aun cuando pueda discutirse si efectivamente se cumplen plenamente dichos requisitos sobre la necesidad, idoneidad y proporcionalidad, lo cierto es que parece razonable que se intente reducir las ocasiones de contacto, así como la duración de las horas, dada la gran cantidad de positivos que parecen surgir”.
Precisamente este jueves, el Gobierno de Aragón ha notificado más de 5.700 contagios registrados en un solo día, un nuevo récord durante la pandemia.
Desde el Tribunal argumentan además que "a estas alturas" sin duda se han producido numerosas cancelaciones y la suspensión de la orden generaría más dudas y confusión que otra cosa, pues la fecha del auto (el recurso fue presentado este miércoles a las 13.30 y el auto ha sido dictado este jueves por la Sala) "no va a permitir reaccionar a tiempo a la mayoría de los establecimientos y, en cualquier caso, difícilmente hará que se recupere lo ya cancelado. Es más, puede haber problemas sobre el derecho a devolución si se mantienen los cotillones a última hora, cuando mucha gente ha decidido no ir bien por el miedo a la pandemia bien porque los amigos ya han renunciado, etc".
Por ello, consideran que no tiene suficiente fundamento una suspensión sin haber escuchado a la otra parte, “pues además de que difícilmente remedie muchos de los perjuicios, lo es de una medida que, a priori, no se puede considerar excesiva o absolutamente infundada”.
Comparten las críticas por falta de previsión
No obstante, los magistrados comparten las críticas de las asociaciones recurrentes respecto de la falta de previsión en la actuación de la Consejería, quien el lunes 27 de diciembre anunció en la prensa las medidas que se iban a tomar y hasta el 28 por la tarde no publicó la orden, que entraba en vigor el mismo día. “Es decir, que se tomó la DGA día y medio para publicar la orden, pero luego no podía demorarse su entrada en vigor ni un minuto”.
Por otra parte, afirma el tribunal que “resulta sorprendente lo inusitado del momento de la toma de estas medidas.
El TSJA recuerda que el 17 de diciembre se acordaron las modificaciones respecto a la exigencia del pasaporte covid, "precedidas de ostensibles manifestaciones de la Administración sobre la importancia de esta medida y su necesidad para evitar otras más drásticas y doce días después parece que no sirve de mucho y se implementan nuevas
medidas que, dado el escaso tiempo entre su toma y sus efectos principales, causarán con seguridad importantes perjuicios”.
Además, recuerda que contra esta resolución de la Sala no cabe recurso y se da a la
Administración un plazo de cinco días para presentar sus alegaciones.
Por su parte, los empresarios afectados con las nuevas restricciones acusaban este miércoles al Gobierno de Aragón de limitar el derecho de reunión de sus clientes y el suyo propio a trabajar, y recuerdaban que las medidas no limitan únicamente su actividad, sino la de distribuidores, DJ y empresas destinadas a la venta ‘online’ de entradas, entre otras. "Suponen que muchas personas se queden sin los ingresos principales del año, rompiendo su balance económico actual", aseguraban.
A su entender, la DGA no tiene competencias para establecer medidas tan restrictivas. Decían, a este respecto, que la Orden se aplica "de manera indiscriminada, sin atender a las particularidades de los municipios, zonas y establecimientos". "Desconocemos por qué las 2.00 es una buena hora para cerrar y no antes, así como por qué no existe diferenciación entre los que tienen pista o no o los que han invertido en ventilación", exponían los empresarios del ocio nocturno y cafés y bares al presentar el recurso.
