Faltan viviendas sociales en Aragón: "Gracias a tener un sitio donde vivir he podido formarme y encontrar un empleo"
Kiara Ballesteros, madre sola con dos hijas, accedió hace tres años a una vivienda gratuita de Ozanam. Ahora, paga un alquiler social y ya tiene un contrato de trabajo.
A Kiara Ballesteros, una madre sola con dos niñas de 10 y 5 años, se le ilumina la mirada cuando cuenta que ya le ha llegado a su correo electrónico el contrato de trabajo como auxiliar de cocina para una empresa que se implanta en Zaragoza. Acaba de regresar de una estancia de formación de seis días en Sevilla, para ella es un sueño a sus 30 años estar dada de alta en la seguridad social y el horario de 20 horas semanales le va a permitir cuidar de sus dos hijas.
"Gracias a tener una vivienda social y una estabilidad en el hogar he podido formarme y llegar a tener un empleo, si no hubiera sido imposible", cuenta en el comedor de su sencillo piso. De las paredes cuelgan fotos de ella y sus dos pequeñas y los ojos del que entra se van sin querer hacia la pareja de agapornis (aves conocidas popularmente como inseparables que pertenecen a la misma familia que los loros y los periquitos) de plumaje de vivos colores que hay en una jaula.
En su informe anual de este 2021, el Justicia de Aragón instó a que se dupliquen las 807 viviendas sociales con que cuenta el Gobierno aragonés (597 en la provincia de Zaragoza, 83 en en la de Huesca y 127 en la de Teruel). Denunció que el parque actual, unas 3.360 entre todas las administraciones, es "claramente insuficiente" y hay largas listas de espera.
Kiara, como dice el responsable de vivienda social de la Fundación Federico Ozanam, Antonio Jiménez, es un ejemplo de cómo las personas a las que se les cede un piso, "si cuentan con este factor de estabilidad y el apoyo necesario", y siguen un "itinerario de búsqueda activa de empleo" llegan a pagar un alquiler social y los hay que terminan independizándose.
"Me siento últil y valorada"
Cuando Kiara se quedó embarazada de su segunda hija el padre "desapareció" y la despidieron de su trabajo. Tras nacer la pequeña se encontró con que no podía pagar el alquiler ni contar con una red familiar. "En un momento dado me vi con las dos en la calle". Gracias a la asociación Amasol de madres solas pudo estar un año en una habitación de un piso compartido y después la derivaron a Federico Ozanam.
Tras otro año en un piso gratuito de cesión temporal, tiempo máxima de estancia permitido, pasó a pagar un alquier social en Casetas de 150 euros al mes y ahora se ha trasladado a otro piso en Zaragoza que le cuesta 200. Ha aprovechado bien la oportunidad. "Me saqué la ESO y también el carné de conducir con la ayuda de Amasol, además del título de monitora de tiempo libre", comenta. En estos momentos percibe 750 euros del Ingreso Mínimo Vital y estas navidades "van a ser mejores" porque espera incorporarse a su trabajo en unos días. Lo más importante para ella es que se siente "útil y valorada" y tiene la sensación de que se le abre "un futuro".
La parte negativa es que historias como la de Kiara son hoy poco frecuentes. "Actualmente cada vez es más complicado salir de los programas de cesión de vivienda hacia un alquiler social, debido a la precariedad de las situación y la falta de estos alquileres", constata Antonio Jiménez. Además, señala que la escasa oferta queda absorbida por las situaciones procedentes de desahucios, hay un acuerdo en este sentido con el Consejo General de Poder Judicial, y otros casos de emergencias.
"España cuenta con el menor parque de viviendas sociales de alquiler de los países europeos, con apenas el 1% de todos los inmuebles, mientras los demás están por encima del 10%. Solo con una acción potente y sostenida en el tiempo de construcción de vivienda pública de alquiler se podría dar una respuesta adecuada a las necesidades de las familias vulnerables", concluye desde su larga experiencia.
De los pisos gratuitos supervisados a las 'llaves solidarias'
La Fundación Federico Ozanam cuenta con tres proyectos diferentes vinculados con la vivienda social con los que intenta atender situaciones diversas. Son casi 170 pisos, en los que viven más de 550 personas, de las que cerca de la mitad son niños.
Actualmente dispone de 10 pisos de cesión temporal gratuita supervisados para familias en el umbral de la pobreza. Se puede permanecer en ellos un máximo de un año, que en casos excepcionales se alarga un poco más. Los beneficiarios siguen un plan de inserción social de cara a su salida de este recurso.
Otras 66 viviendas de alquiler social están dirigidas a familias con capacidad económica muy limitada que abonan desde un mínimo de 80 euros mensuales hasta un máximo de 225.
Una iniciativa singular de Ozanam son sus ‘llaves solidarias’, pisos que les ceden sus propietarios para que los gestionen con inquilinos con ingresos para hacer frente a un alquiler pero no a los precios del mercado libre. Disponen de 93 y su coste, que se pacta con el dueño, no supera los 450 euros mensuales. La lista de espera para ellos supera las 1.500 solicitudes.
El parque de la DGA es el tercero más bajo de España
El parque de vivienda de titularidad del Gobierno aragonés es en términos absolutos el tercero más bajo de España por encima de Cantabria y La Rioja. Así lo refleja el informe especial sobre esta materia elaborado por el Justicia de Aragón. Además, este estudio también apunta que en Aragón hay una gran proporción de viviendas destinadas al alquiler con derecho a compra en relación a las existentes para el alquiler social propiamente dicho. La DGA dispone de 807 viviendas sociales: 597 en la provincia de Zaragoza, 83 en la de Huesca y 127 en la de Teruel.
En cuanto al perfil de los usuarios, el informe del Justicia refleja que el número de mujeres es mayor y una gran parte se sitúan en la franja de edad de 31 a 45 años. La composición familiar que se repite con mayor frecuenta es la pareja con hijos seguida por madres solas también con pequeños. En el caso de los inquilinos de Zaragoza Vivienda, el informe del Justicia subraya que un 53%, durante el año 2020, necesitó ayudas para pagar el alquiler pese a que el importe de este no excedía del 30% o del 20% de sus ingresos.
