entrevista
Albert Massot: "Estamos obligados a ir a la cofinanciación de los pagos directos de la PAC"
Albert Massot conoce bien y habla claro de la Política Agraria, cuyas reformas ha vivido en primera persona desde la dirección general de Políticas Internas de la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo.
Tras tres años y medio de negociaciones, el pasado 23 de noviembre el Parlamento Europeo ratificaba en Estrasburgo el acuerdo alcanzado en junio por las instituciones de la Unión Europea sobre la nueva Política Agrícola Común. Una PAC que entrará en vigor en 2023 y en cuyas ayudas cobran gran protagonismo y prioridad las medidas medioambientales, en la que se vincularán las subvenciones al cumplimiento de los derechos laborales y en la que se da mayor margen de aplicación a los gobiernos de los socios comunitarios.
Una nueva Política Agraria Común que conoce bien Albert Massot, administrador-investigador de la Dirección General de Políticas Internas en la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, que viajó hasta Zaragoza para impartir una clase magistral sobre ‘Mercados mundiales de productos agrícolas y Política Agrícola Común’ a los alumnos del curso de posgrado de Gestión estratégica de la empresa agroalimentaria. Desde su dilatada experiencia y su gran conocimiento de la evolución de la política comunitaria y de todas sus reformas, Massot es contundente al señalar que la nueva PAC se ha quedado obsoleta incluso antes de ponerse en marcha, porque fue propuesta en 2018, antes de la elecciones europeas y los nuevos gobernantes europeos tienen nuevas estrategias que no han sido incluidas.
Pese a todo, está convencido de que no será necesaria una reforma intermedia, pero advierte que los planes estratégicos nacionales estarán en continua evolución para ir adaptándose a la agenda de la nueva Comisión.
Su visión es global, "de conjunto", como él mismo dice, pero entiende que cuando las medidas comunitarias se posan en la diversidad agronómica de cada país, pueden surgir las "injusticias". Por eso defiende el papel cada vez más decisivo que tienen las autoridades nacionales, que son las que mejor conocen la realidad de su territorios y sus necesidades.
Cree que España ha dado pasos en cuanto a la redistribución de las ayudas y la convergencia, aunque considera que podría haber llegado más lejos en la definición de agricultor genuino. Y cuando mira hacia el futuro, Massot ve una PAC en la que irremediablemente los pagos directos estarán cofinanciados por los Estados miembros.
¿Le gusta cómo ha quedado la reforma de la PAC?
La PAC adolece de un pecado original. Fue propuesta en 2018 antes de la elecciones europeas, por lo que ha quedado obsoleta respecto de la agenda más inmediata de la nueva Comisión con la estrategia de la Granja a la Mesa, la de la Biodiversidad o el Pacto Verde. Hay un desacoplamiento entre lo que se propuso entonces y lo que ha venido después y eso es una de las contradicciones graves de esta PAC.
Y a nivel nacional, ¿qué le parece el Plan Estratégico de España?
No soy el más adecuado para comentar el modelo de aplicación de la PAC en España, pero entiendo que es muy complicado satisfacer a 17 comunidades autónomas con intereses distintos. Creo que el compromiso final no es despreciable, se han hecho avances importantes, teniendo en cuenta que de todas las reformas de la PAC no hubo ningún ministro en España que se atreviera a redistribuir y ha sido este Gobierno y las comunidades autónomas las que, al menos, se han atrevido a tocar la redistribución de las ayudas. Para muchos se habrá quedado corto, para otros es demasiado, porque hay comunidades que van a ganar y otras a perder, pero creo que iniciar la senda de la redistribución en España era fundamental y eso se ha conseguido.
Hay sensación de que Europa solo hace trazos gruesos y luego deja en el tejado de los Estados demasiados matices. ¿Es cada vez una política menos común?
Estoy en total desacuerdo con ese planteamiento. El riesgo de la renacionalización de la PAC no viene por ahí, porque de hecho hay muchas políticas comunes que trabajan con ese diseño de descentralización. Tenemos muchas agriculturas en Europa, desde la de Laponia hasta Canarias y, ¿quiénes están más cerca de estos sistemas agronómicos para fijar las prácticas agroambientales más adecuadas o el tipo de ayudas que mejor van a cada sistema? Hay que descentralizar y eso, como demuestra la política de cohesión que siempre ha funcionado así, no es menoscabo para que deje de ser una política común. Lo que pasa es que cuanto más descentralizas la complejidad se traslada al nivel nacional y ahí vienen las discusiones, porque no es fácil, sobre todo, en un Estado compuesto por autonomías como es el nuestro.
Usted ya dijo en 2014 que España tenía que ser valiente y dejar atrás los derechos históricos. Sin embargo, ahí siguen. ¿Le ha faltado valor al ministro?
No se van a eliminar en el periodo de reforma actual, pero está claro que en 2029 desaparecen. La tendencia es evidente. Es lícito quejarse diciendo que deberíamos acelerar este proceso, pero el problema es que España, Irlanda y Luxemburgo eran tres países que no hicieron nada, nada, nada. Nunca se atrevieron a avanzar en la convergencia y España está muy retrasada respecto a otros países, por lo que pedir ahora que en cinco años avancemos todo ese trecho era un poco exagerado.
Aragón defendía que era el momento. ¿Lo cree usted también?
El problema es que tenemos que pactar una PAC para distintas comunidades autónomas con intereses muy, muy distintos. Y eso se nota, porque hay cantidad de elementos que son muy diferentes para un gallego, para un aragonés o para un andaluz. Esta es la realidad y la complejidad con la que habrá que lidiar en los próximos años. De ahí tantas quejas, porque antes era muy fácil ya que Bruselas decidía y luego se despotricaba contra Bruselas, pero ahora se da la oportunidad a las autoridades internas de que se pongan de acuerdo con los agentes locales y la adapten a las necesidades y la diversidad del país. Y también se quejan, pero no hay otra. La diversidad se ha convertido en un referente de la PAC, porque se ha visto que era prácticamente imposible avanzar sin tenerla en cuenta.
¿Se ha perdido la oportunidad de afinar más la definición de agricultor genuino o activo?
Totalmente. En el Plan Estratégico Nacional se ha cogido exactamente la misma definición de los textos básicos, es decir, no se ha avanzado más allá de lo que Bruselas ha dicho. Yo puedo decir que lo siento, pero los pluriactivos son beneficiarios de la PAC y cada vez lo van a ser más, todo sobre en un país como España, en el que estamos planteando como un eje de futuro trascendental la lucha contra la despoblación. Si sacas a los pluriactivos estás en contradicción con un objetivo que lo que persigue es que cada vez haya más gente que además de la agraria se dedique a otras actividades y con eso revitalizar las zonas rurales. Seamos coherentes. No hay que pensar solo en los agricultores profesionales, porque la PAC no es solamente de los agricultores profesionales. Ese es el gran error. En comunidades como la de Aragón lo puedo entender, pero hay muchas zonas de España y de Europa en las que el agricultor profesional tiene un peso especifico muy inferior al pluriactivo. En España los profesionales apenas representan un 20% y no se va a poder justificar todo ese maná que viene de Bruselas solo para ese 20%, más aún sabiendo que la política agraria no es solo productivista sino multifuncional, con componentes de tipo medioambiental, sanitario, rural... elementos que son los que permiten que la PAC tenga el dinero que tiene. De hecho, aunque el presupuesto de la futura PAC ha caído especialmente por el ‘brexit’, hemos podido salvar los muebles en los pagos directos debido a que el 40% de los mismos tiene que dedicarse a temas medioambientales. Si no hubiera sido por eso, el recorte hubiera sido mucho mayor.
¿Entiende el rechazo de las organizaciones agrarias hacia la nueva PAC?
Las organizaciones profesionales en España son demasiado beligerantes en estos temas. Creo que dentro de los mimbres de esta reforma hay algunos que van a dar sorpresa, por eso la redistribución va a ser mucho mayor de lo que muchos están diciendo y va a haber numerosos agricultores, pequeños y medianos, que se van a sorprender de lo bien que quedan una vez que se haya hecho la redistribución.
¿Con 20 regiones de pago hay realmente más redistribución?
Es cierto que estamos muy lejos de lo que otros países han hecho pero pasar de golpe de velocidad cero a 120 se puede claro, pero con un coste de transacción bastante elevado. Puedo entender que se ha llegado a un compromiso que no contenta ni a unos ni a otros, pero inicia un camino y quizás 20 sean demasiadas, pero de 50 a 20 hay un trecho. Y marca el futuro. Con todo, a mí me parece una excelente idea que en lugar de tener una única región administrativa como en Francia e Italia, haya más, aunque quizás dentro de ellas se podían acortar los tramos, pero contar con cuatro o cinco regiones no me parece mal teniendo en cuenta la diversidad de este país.
¿Esa diversidad es la que justifica que haya siete ecoesquemas? ¿Son muchos o insuficientes?
No creo que el problema sea el número de ecoesquemas, sino el importe que pones en las prácticas, que es el que fija la importancia y el incentivo que das a una política para que salga mejor que otra.
Ha dicho que la PAC nace obsoleta. ¿Habrá reforma intermedia?
No. Si me hubiera hecho esta pregunta hace unos meses le hubiera contestado que sí, pero yo creo que tal y como están las cosas está descartado. No vamos a reformas intermedias, pero sí a una actualización permanente de los planes estratégicos. Inocente aquel que piense que los planes estratégicos que se aprueben al año que viene será los que siempre se van a aplicar, porque habrá continuas actualizaciones con requerimientos ambientales, sanitarios, etc.
¿Llegará la cofinanciación de las ayudas directas?
Creo que sí, que estamos obligados a ir a ello. Con el nuevo modelo de aplicación de la PAC estamos prácticamente ya integrando los pagos directos y los fondos estructurales (Feaga y Feader) que se encuentran en los planes estratégicos trabajando conjuntamente. De aquí a fusionar los dos fondos hay un paso. El gran obstáculo es que ahora el régimen financiero del Feader (cofinanciado) es distinto al del Feaga (100% financiado por Europa), pero habrá un momento en que esto va a terminar. Y eso no significa renacionalización, porque por esa regla de tres no habría políticas comunes ya que todas las demás son cofinanciadas. Eso no quita que los grados de cofinanciación sean distintos, por objetivos o en función de zonas. Por eso, en este contexto el modelo de regiones agronómicas escogido por España no es tan malo como lo pintan y puede ser interesante para tener distintos grados de cofinanciación.
Por primera vez, esta reforma introduce esta reforma la condicionalidad social. ¿Es un toque de atención al sector?
No, no es un toque de atención, pero la condicionalidad social, que está aún por desarrollar, es una idea que ha entrado en la Comisión porque no era lógico pedir condicionalidad ecológica y no pedir condicionalidad social. Esto va a ir a más y hay que felicitarse por ello. Eso no significa que las malas prácticas estén generalizadas, pero ha habido episodios puntuales muy graves, como por ejemplo en Italia, donde se detectaron casos de casi esclavitud por parte de gente que cobraba la PAC y eso es inadmisible.
