El TSJA descarta frenar el pasaporte covid en Aragón sin escuchar antes a la DGA
El Tribunal no acepta, de momento, las medidas cautelarísimas que había pedido el ocio nocturno al entender que no existe "urgencia suficiente".
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha descartado este viernes suspender la aplicación del pasaporte covid en pubs y discotecas, grandes eventos y celebraciones como reclamaban los empresarios del ocio nocturno sin dar audiencia antes al Gobierno de Aragón. El Ejecutivo autonómico tendrá hasta las 0.00 del día 1 para presentar alegaciones.
El TSJA no considera que exista “urgencia suficiente” para suspender cautelarmente la aplicación del certificado digital, “pues aun cuando pueda suponer una afección a un derecho fundamental, no ha sido acreditado un especial perjuicio” que permita actuar sin oír antes a las partes personadas”.
“No se perjudica la suerte del recurso en este caso por el hecho de atender a lo que deba decir la Administración demandada, así como al Ministerio Fiscal, en los plazos previstos legalmente al efecto, caracterizados asimismo por su brevedad”, dice el Tribunal.
El ocio nocturno había recurrido a través de Écija Abogados al entender que se estaban vulnerando derechos fundamentales como el de libertad de circulación, así como la privacidad de los ciudadanos.
Tras conocer la decisión de la DGA, la Asociación Provincial de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza ha vuelto a reclamar "un trato igualitario y no discriminatorio al conjunto de las empresas del sector hostelero con independencia de la naturaleza de la actividad que desarrollen". Reclaman, asimismo, "coordinación para la implantación de este mecanismo de acceso, y que se les dote de una seguridad jurídica sobre la legalidad de las actuaciones". Sus integrantes alertan del "mayor riesgo" de que se produzcan aglomeraciones en la calle y piden una aclaración para las empresas que dispongan de doble licencia de actividad.
El pasaporte se estrenó ayer con filas en restaurantes y teatros, y con confusión entre usuarios y empresarios, que lamentan no tener tecnología ni formación para aplicar esta medida, con la que se pretenden frenar los efectos de la séptima ola. Su imposición también ha disparado las peticiones en los centros de salud, siendo más de 20.000 las personas que lo han solicitado en los últimos dos días.
