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La justicia gratuita embronca el debate político en las Cortes de Aragón

La tensión ha surgido al inicio de la intervención de Mayte Pérez que ha expresado su sorpresa ante el "inédito" formato utilizado por PP, Ciudadanos y Vox, al que se ha referido como "un lobby parlamentario en la que cada uno se reparte los papeles".

Pleno en las Cortes de Aragón
Imagen de archivo de un pleno en las Cortes de Aragón.
Francisco Jiménez

Una comparecencia de la consejera de Presidencia del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, en el pleno de las Cortes de Aragón en respuesta a una petición conjunta de los grupos del PP, Ciudadanos y Vox sobre supuestas deficiencias en el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita ha derivado en un debate político bronco y cruce de acusaciones.

De forma consecutiva, los diputados Fernando Ledesma (PP), Beatriz García y David Arranz (Vox), los tres abogados de profesión, han denunciado la existencia de "problemas" referidos al funcionamiento de la justicia gratuita en cuanto a la cuantía de los baremos abonados, a la obligación de los profesionales a acreditar documentalmente la situación económica de los demandantes del servicio y a la prestación de servicios no pagados.

En su primera intervención, Ledesma ha responsabilizado a la consejera de haber provocado una "brecha" con abogados y procuradores en cuanto a la asistencia jurídica, y ha centrado su intervención en las dificultades para la asistencia a mujeres víctimas de la violencia en el territorio, con guardias de 24 horas durante 7 días que limitan la actividad de los profesionales.

Beatriz García ha valorado la "sensibilidad" de la consejera respecto a la justicia gratuita pero la ha instado al tiempo a que sea la propia administración quien evalúe la situación económica de los demandantes a través de sus ficheros electrónicos a fin de evitar denegaciones de asistencia por falta de documentación.

También ha reclamado una actualización de los baremos de honorarios por las asistencia gestionados a través de los colegios oficiales de abogados, que, ha añadido, se han incrementado en un 0,9 % para 2022, lo mismo previsto para los funcionarios, a pesar de no haberse revisado en casi cinco años.

Por su parte, David Arranz ha lamentado la tardanza en el pago de las aportaciones del Gobierno aragonés para el pago de los honorarios, que ha reclamado que sean "dignos en tiempo y forma", así como el trabajo añadido que supone para los abogados acreditar la solvencia económica o no de los peticionarios.

La tensión ha surgido al inicio de la intervención de la consejera de Presidencia, que ha expresado su sorpresa ante el "inédito" formato utilizado por las tres formaciones políticas, a la que se ha referido como "un lobby parlamentario en la que cada uno se reparte los papeles".

Pérez ha rechazado la existencia de una situación de "quiebra" en la justicia gratuita y ha destacado que desde la dirección del Colegio de Abogados de Zaragoza no se le había trasladado ninguna queja respecto a su funcionamiento, por lo que ha responsabilizado a los tres grupos de "utilizar a colectivos sectoriales para desgastar al Gobierno".

En concreto, ha señalado que se habían buscado "soluciones" a las cuestiones referidas a la partida de 4 millones consignada en los presupuestos de 2022 para la asistencia jurídica gratuita, y ha recordado que se trata de un crédito ampliable en función de las necesidades sobrevenidas.

También ha destacado que la labor de acreditar documentalmente la situación económica de los usuarios es una labor a llevar a cabo por los colegios profesionales, aunque ha añadido que se está diseñando una aplicación informática para facilitar esta labor.

La responsable político ha valorado, además, la inclusión en el servicio de la asistencia a personas sin recursos en las demandas por cuestiones derivadas de la vivienda y del servicio de mediación, así como la creación, "pionera" entre las autonomías, de una oficina de atención a las víctimas de delitos atendida por un letrado.

En respuesta a esta intervención, los tres portavoces de los grupos demandantes de la comparecencia han reprochado a la consejera las alusiones a la formación de un "lobby parlamentario" por intereses políticos, a pesar de haber planteado la iniciativa con una finalidad, han subrayado, "meramente constructiva".

Uno de los momentos de mayor tensión se ha producido en la intervención de la diputada de Cs, al calificar de "increíble" la consejera el formato al "alimón" utilizado para presentar la iniciativa y cuestionar la ética de la iniciativa", y recordarle que se había limitado a explicarle que hay servicios que no se pagan en la justicia gratuita y que los baremos son "ignominiosos".

Arranz ha responsabilizado a la consejera de "perder los papeles" en su intervención al hablar de un "lobby parlamentario", "cuando hemos tenido la suerte de aunar criterios precisamente porque no se trata de un tema político".

En dos ocasiones, el presidente de la Cámara, Javier Sada, ha solicitado "respeto" a la representante de Cs al referirse a la consejera, y en una, en respuesta a la apelación del diputado de Vox a su condición de jurista para comprender las leyes, ha defendido su profesión de médico para ejercer esta misma labor.

En su intervención final, la consejera ha expresado su intención de llamar tras el debate al decano del referido Órgano colegial para inquirir sobre la existencia de posibles quejas entre los asociados, y de reunirse con los profesionales que han asistido a la sesión plenaria para escuchar sus reivindicaciones.

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