En lo que va de año 1.994 mujeres han llamado al Instituto Aragonés de la Mujer buscando socorro. En este tiempo, solo en Zaragoza, 892 han acudido a la Casa de la Mujer para pedir ayuda. Cada uno de estos gritos de auxilio encierra una historia distinta, y esconde otras muchas historias más de víctimas que no se atreven a dar el paso de llamar o denunciar. Este jueves, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las víctimas y los servicios sociales que las atienden alertan de que esta lacra, lejos de ir a menos, sigue tan presente como oculta en la sociedad.

Las llamadas al teléfono de emergencias por casos de violencia machista han aumentado un 10% con respecto al año pasado, y un 40% con respecto al último año prepandemia. Natalia Morlás, presidenta de la asociación SomosMás, ratifica que “esto no disminuye”, sino que “va más”. A su juicio, crecen “todos los tipos de violencia contra la mujer”, con especial atención al aumento de la “violencia digital”. Por ello, cree que la sociedad tiene “mucho trabajo por delante”. En el listado de tareas pendientes incluye, entre otras cosas, el “endurecimiento de las condenas a maltratadores, violadores, pederastas y asesinos”, la “eliminación de los atenuantes que tienen quienes cumplen condenas”, unas “comisarías específicas que estén siempre abiertas”, una mayor ayuda “a la hora de interponer las denuncias” y una “atención psicológica continuada para las víctimas y sus hijos”.

Quienes trabajan con las víctimas ratifican que hay mucho por hacer. Elena Cortés, del servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, ayudó a crear el programa municipal de la Casa de la Mujer contra la violencia de género. Cree que “sigue habiendo muchos frentes”, empezando por “hacer llegar a estas mujeres que les podemos ayudar, que hay recursos para ayudarles a que salgan de ahí y se recuperen”.

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A su juicio, ese mensaje tiene que llegar también “a los entornos cercanos” de las víctimas. “Se tienen que dar cuenta de que algo pasa, deben intentar mantenerse cerca y lanzar mensajes de oferta de ayuda. A veces basta con acercarse y preguntar”, señala Cortés. Las atenciones en la Casa de la Mujer se mantienen en torno a las 1.100 al año. Este año, lejos de remitir, apuntan a acabar algo por encima de la media.

Lo mismo ocurre en el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), que ha visto un repunte en sus llamadas recibidas. Su directora, María Goikoetxea, incide en que “se denuncia muy poca de la violencia que hay en realidad”. El motivos es, principalmente, “el miedo a no ser creídas”. “Las administraciones no pueden suponer una traba o un obstáculo para denunciar, hay que generar lazos y puentes para proteger a las mujeres”, señala.

Del mismo modo, también comparte que “hay que hacer partícipes al entorno y a toda la ciudadanía”, para que las víctimas “no asuman toda la responsabilidad”. No obstante, Goikoetxea también recalca la necesidad de “empezar a poner el foco en los agresores”. “El problema se sigue focalizando en las mujeres, pero hay que señalar a esos hombres agresores y también a los que ayudan a combatirlos”, señala.

En las localidades pequeñas, el problema puede ser mayor. Luisa Velasco, doctora en psicología e inspectora de Policía Local retirada, señala que “si las situaciones de violencia de género ya son de por sí complejas, en el medio rural todo se complica más por las circunstancias de la cotidianidad”. “Estas mujeres tienen más dificultades para acceder al mercado laboral, están más inmersas en el trabajo de la casa y eso hace que a menudo tengan menos contactos sociales”, señala Velasco, que esta semana participó en la jornada de prevención de la violencia de género en el medio rural organizada por la DPZ.

Por su experiencia, esta psicóloga cuenta que a estas mujeres “les cuesta más tomar la decisión de romper”. También es “más complicado tender la mano”, y de hecho “son situaciones que a menudo se conocen”, sin que se tomen medidas. “El anonimato es más complicado, ya que en un pueblo conoces a la trabajadora social, que puede ser prima del marido, por ejemplo. Las órdenes de alejamiento son difíciles de cumplir en un pueblo de 30 habitantes. También hay más miedo al cambio, a ese ‘¿qué va a pasar en mi vida?’”, reflexiona.

Por los pocos estudios que existen, señala que en el medio rural “se ejerce igualmente violencia física, psicológica, sexual y económica como en las ciudades”, pero está “mucho más silenciada”. “Sospechamos que hay mucho más de lo que se sabe”, señala. Por eso, cree que debe haber “una buena coordinación entre todos -servicios sociales, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, personal médico, profesores…-” para poder “aproximarse mejor a las víctimas”.