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El Estado aporta al juez el acuerdo del Gobierno en 2010 para mantener el secreto sobre el caso Gali

La abogada del Estado lo remite al magistrado, quien da por aportado su contenido y lo remite a todas las partes 

González Laya tras declarar ante el juez
La exministra Aranzazu González Laya tras declarar ante el juez, con la abogada del Estado, María del Mar González
Efe

La abogada del Estado, María del Mar González, ha presentado al titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, el acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno que aprobaron el 15 de octubre de 2010, sobre la política de seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales (aprobada en 1966) que puede afectar a la actuación en el caso Gali por problemas de política internacional.

Así lo defendió en su declaración como investigada la exministra Aránzazu González Laya, quien se amparó en la Ley de Secretos Oficiales para no profundizar en detalles y reiteró que hacerlo podría poner en peligro la seguridad del país.

Este documento se denomina ‘Acuerdo sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales’. Tiene tres folios y hacen una descripción de catorce materias clasificadas de secretos entre las que incluyen la llegada del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, a España por la relación diplomática que tienen con Marruecos, por el conflicto entre ellos.

De esta manera, la abogada del Estado pretende que esa protección de la Ley de Secretos y el acuerdo del Gobierno evita, por ejemplo, la aportación del correo electrónico o el contenido de sus llamadas del móvil del exjefe de gabinete de Asuntos Exteriores, el diplomático aragonés Camilo Villarino, para evitar que afecte a la política internacional.

El titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ha remitido esta documentación a las partes de la acusación y al fiscal, y además “se tienen por hechas las manifestaciones que contiene” el acuerdo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Declaraciones pendientes 

Asimismo, el juez ha acordado librar oficio a la Jefatura Superior de Policía para que identifique a la empleada del Servicio de Admisión del Hospital de Logroño, que el pasado 18 de abril registró la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, bajo la identidad falsa del enfermo Mohamed Benbatouche. Y cuando sea localizada, el magistrado determina que e le recibirá declaración como testigo, requiriéndole además que aporte un escaneado a color del pasaporte de la persona tratada en el centro hospitalario, certificando la fecha y la hora de entrega.

Esta decisión del juez Rafael Lasala se produce después de la petición de una de las acusaciones una vez que esta empleada no acudió a la citación por un error inicial del juzgado. Un informe de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Logroño remitió un informe al juzgado de Zaragoza detallaron que el 16 de abril pidieron una cama UCI para un paciente covid.

Antes de esta declaración va a prestar testimonio como testigo el comisario general de Información, Eugenio Pereiro Blanco, el próximo lunes día 29 acudirá a las dependencias de la Ciudad de la Justicia en Zaragoza.

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