La cumbre de Santiago rubrica su declaración conjunta con 35 puntos en materia de financiación y despoblación
Lambán cifra en 400 millones extra el dinero que necesita la Comunidad para prestar los serviciosl Al alumnado rural, que es el 17%, se destina más del 30% del presupuesto.
Los ocho presidentes autonómicos reunidos este martes en la cumbre de Santiago de Compostela han firmado una declaración institucional con un total de 35 puntos en el que han fijado una posición común en materia de financiación autonómica y despoblación, entre otras materias.
Así lo han rubricado los presidentes de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria en una declaración conjunta.
Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Cantabria y Asturias buscan hoy en Santiago de Compostela sellar una estrategia conjunta para conseguir que la nueva financiación autonómica tenga en cuenta el coste real de prestación de servicios que asumen por culpa de la dispersión y el envejecimiento de la población. Entre 400 y 600 millones de euros precisa la DGA para hacer frente a los gastos, según las estimaciones que formula el presidente de Aragón, Javier Lambán, que sostiene que el sistema necesita una inyección económica extra de unos 18.000 millones de euros para satisfacer la demanda de todas las autonomías.
Educación y gasto sanitario avalan la reivindicación de los presidentes de las autonomías de la España rural. En el caso de Aragón, un alumno en una zona despoblada cuesta 8.000 euros y en Zaragoza, 3.000; y los estudiantes del medio rural, que suponen el 17%, requieren el 31% del presupuesto. También tiene incidencia en la prestación de servicios el envejecimiento de la población. De enero a septiembre de 2021, el porcentaje del gasto farmacéutico con recetas médicas dispensadas en oficinas de farmacia a usuarios mayores de 65 años ha sido del 75,4%.
Llevan varios años las autonomías de la España interior reclamando un reparto "justo". Se unieron, en febrero de 2018, Aragón, Castilla y León, Asturias y Galicia, a las que se sumaron unos meses después Castilla-La Mancha y La Rioja, con las que se rubricó la ‘Declaración de Zaragoza’, un documento que recoge las principales reivindicaciones de seis comunidades que concentran el 52% del territorio nacional, pero solo al 21% de sus habitantes. Más tarde se unieron Extremadura y Cantabria.
La decisión de Pedro Sánchez de impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica ha abierto la caja de los truenos. Hacienda mantiene su intención de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que finalice noviembre para analizar la primera propuesta. La única coincidencia entre todas las autonomías es la exigencia de que se inyecten más recursos a un sistema que a ninguna de ellas deja satisfecha. Aunque las primeras en aunar sus fuerzas son las que se integran en la España despoblada, vaciada o rural, la Comunidad Valenciana se reivindica con protestas a pide de calle como la más infrafinanciada.
La discusión entre las autonomías que se financian por el régimen común se centra en si hay que ajustar el reparto en función de la población o del coste real de prestación de los servicios, criterio este último que defiende Aragón. El anterior modelo data de 2009 y quedó caducado en 2014. Lambán considera que, a pesar del impulso de las autonomías en la democracia, aún quedan asignaturas pendientes como el aumento de la calidad de vida y la prestación de mayor número de servicios y los derechos y oportunidades de vida, gracias a la acción continuada y conjunta de las comunidades y los ayuntamientos.
No entiende de colores políticos la batalla por la nueva financiación. Hoy se ven las caras en Santiago de Compostela dos presidentes autonómicos del PP, Alberto Nuñez Feijóo (Galicia) y Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), cinco del PSOE, Javier Lambán (Aragón), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja) y Adrián Barbón (Asturias), y el cántabro Miguel Ángel Revilla (Partido Regionalista Cantabria).
Hay dos bloques más. En uno se sitúan Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia, que se consideran ‘infrafinanciadas’ y defienden la financiación por población, y en el último se encuentran Baleares, Cataluña y Madrid, que piden que se tenga en cuenta el "principio de originalidad" en la aplicación de las medidas de nivelación.
