La DGA se prepara para implantar el pasaporte covid sin tener el plácet del TSJA
El Ejecutivo regional agiliza su uso para el ocio nocturno, las celebraciones y los grandes eventos. El Tribunal cree que el procedimiento legal puede ser inconstitucional e invita a presentar alegaciones.
"Consideramos que el pasaporte covid es un incentivo a la vacunación y es altamente recomendable para contener la pandemia". Así lo indicado este lunes la consejera de Sanidad, Sira Repollés, tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que invita al Ejecutivo aragonés a presentar alegaciones al considerar que el procedimiento legal por el que tramita la consulta podría ser inconstitucional.
Se abre, con ello, una doble vía para la DGA. Por un lado, podría atender la petición y aportar sus argumentaciones. Por otro, Sanidad podría seguir adelante y buscar herramientas jurídicas para imponer el pasaporte covid en el ocio nocturno, celebraciones y grandes eventos. Y es precisamente esta segunda opción la que guiará sus pasos. Mientras la decisión se dilata, este lunes volvió a subir la cifra de la ingresados, que se eleva a 145, de los que 26 están en cuidados intensivos.
La intención de la DGA es que se pueda usar el pasaporte covid de manera inminente. "No sería deseable" que el control de la pandemia "se demorara más de tres semanas", ha dicho la consejera, que espera una solución "antes". Tienen previsto reunirse en breve con los profesionales de los sectores afectados para informarles sobre cómo prevén activarlo. En estos momentos, el Ejecutivo autonómico está "estudiando la decisión judicial" para poner en marcha las medidas que estima "necesarias para intentar hacer frente a la pandemia de forma autónoma".
Aunque cree que lo deseable hubiera sido que el Gobierno de Pedro Sánchez habilitara una fórmula común para todas las autonomías, como reclamó el presidente Javier Lambán a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, su negativa a hacerlo lleva a las autonomías a buscar sus propias soluciones.
Niegan generar "bloqueo"
En Aragón, el TSJA no cuestiona la conveniencia de utilizar un pasaporte covid sino el procedimiento legal de que se pida permiso para hacerlo. "Lo que se presenta a consideración del órgano judicial es una decisión de la Administración por lo que podría existir un posible vicio de inconstitucionalidad del artículo 10.8 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA).
No están dispuestos a "cogobernar", porque los magistrados entienden que "excede de las funciones propias de su jurisdicción". Pero rechazan que les acusen de generar una situación de "bloqueo". Recuerdan a la Administración que "no está impedida a adoptar las medidas que estime oportunas para cumplir con su también función constitucional". Así que, aunque eleva una nueva cuestión de inconstitucionalidad, deja la puerta medio abierta para que la DGA, si lo estima conveniente, imponga el pasaporte covid.
Tanto la DGA como el Fiscal disponen de diez días para presentar alegaciones sobre la cuestión de inconstitucionalidad; aunque no tienen por qué hacerlo.
Los datos que solicitaría la DGA en el pasaporte covid, según la providencia que remitió al juzgado, son si ha recibido la pauta completa de vacunación y han transcurrido 14 días desde la última dosis, si se ha recuperado de la infección y está entre el día 11 y el 180 de una prueba positiva o si dispone de una PCR negativa en las últimas 72 horas o 8 horas si es test de antígenos.
Se utilizaría solo en ocio nocturno (salas de fiestas, baile y conciertos, discotecas y pubs), celebraciones nupciales, comuniones, bautizos, confirmaciones y reuniones sociales, familiares, religiosas o civiles en establecimientos hosteleros y eventos con más de 500 asistentes en un lugar cerrado o mil en uno abierto.
Precisamente este lunes, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazó que se pueda exigir pasaporte covid en el ocio nocturno y restaurantes de más de 50 comensales porque limitaría los derechos de la población más inmunizada. Por contra, ya está en vigor en Baleares, Cataluña y Galicia.
