Los empresarios de transporte abren un frente judicial contra el nuevo mapa concesional de bus

La Asociación Empresarial de Transportes Interurbanos de Viajeros en Autobuses de Aragón (Aetiva) ha decidido abrir un frente judicial contra el nuevo mapa de concesional de bus aprobado por la DGA. Su oposición frontal le ha llevado a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra cada uno de los 19 proyectos en los que se dividirá el servicio y ha solicitado la suspensión cautelar, que de hacerse efectivo impedirá estrenar las mejoras antes de acabar la legislatura, a principios de 2023.

Los empresarios, que han declinado hacer declaraciones, consideran que el nuevo modelo es "inviable" desde el punto de vista económico y técnico y sostienen que está infradotado, hasta el punto de estimar que harían falta entre ocho y diez millones al año a lo largo de las concesiones, que se prolongarán una década.

El consejero de Vertebración el Territorio, José Luis Soro, pretende extender la cobertura a todos los núcleos a partir de diez habitantes. Esto beneficiará a casi 34.000 personas que viven en 375 poblaciones que dispondrán ahora de al menos de una conexión semanal con su centro de salud mediante una ruta regular o a la demanda. Además, otros 363.041 aragoneses contarán con mejor cobertura, ya que se adaptarán los itinerarios y horarios a las necesidades actuales porque muchas de las líneas vigentes se diseñaron a mediados del siglo pasado.

Los empresarios del transporte no ponen en tela de juicio los objetivos, sino la base técnica, económica y financiera del nuevo modelo. Los 19 recursos judiciales se basan en los mismos argumentos ya expuestos en el de reposición que presentaron el pasado verano, rechazado por la DGA con argumentos diametralmente contrarios.

El nuevo modelo de transporte público en Aragón plantea un cambio absoluto, dado que las actuales 118 concesiones y contratos programa caducadas se concentrarán en los 19 en los que se ha dividido la cobertura a lo largo y ancho del territorio. Las empresas estarán obligadas a renovar sus flotas, ya que ninguno de los 300 vehículos necesarios podrá superar los cinco años cuando inicien la explotación en 2023 y los deberán retirar cuando lleguen a diez. Salvo que el TSJA lo impida, la licitación será una realidad entre finales de año y principios de 2022.

El principal argumento de los empresarios es que los proyectos no han tenido en cuenta el impacto de la covid sobre la demanda, lo que desvirtúa todos los cálculos al estar basados en datos y parámetros de 2018. No solo por la caída de viajeros, sino por el "cambio sustancial" en las características de la demanda.

De la misma forma, los empresarios de transporte afirman que las condiciones de explotación no garantizan el equilibrio del contrato. Su argumento lo justifican con que los datos de demanda son incorrectos y la nueva que se generaría por la mejora de la oferta está "sobreestimada".

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Soro niega la mayor y apunta que la estimación es "absolutamente prudente y conservadora": a pesar de que las líneas regulares de bus ya han recuperado a estas alturas el 90% de los viajeros y de que con el nuevo mapa concesional se va a reforzar el servicio entre un 13% (servicios interurbanos) y un 19% (metropolitanos), el nuevo modelo económico parte de que las nuevas concesiones comenzarían en 2023 hasta con un 5% menos de la demanda de 2019.

Aetiva sostiene igualmente que hay una cuantificación errónea de los costes de personal y estima "insuficiente" el plazo de concesión para amortizar la flota de autobuses, por lo que se podrá recuperar la inversión a lo largo del contrato, así como el coste de adquisición.

A este respecto, el consejero de Vertebración indica que se han basado en el observatorio de costes del Ministerio de Transportes, "de referencia en el sector", pese a que los empresarios dice que solo valga para servicios discrecionales.

Sobre la amortización, José Luis Soro sentencia que las empresas no salen "en absoluto" perjudicadas, ya que se ha calculado al 100% "como si fueran todos nuevos" pese a que puedan tener hasta cinco años.