medio ambiente
Admitidos a trámite los recursos de regantes, constructoras y el Ministerio para avalar Mularroya
La UTE Acciona-Sacyr y la Junta del Jalón también reclaman a SEO/Birdlife y Jalón Vivo pagar una fianza de casi 145 millones de euros.
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite los recursos de casación para avalar la obra del embalse Mularroya y que fueron interpuestos por la Junta Central de Usuarios del Jalón, la UTE constructora del pantano (Acciona-Sacyr) y el Ministerio de Transición Ecológica, este a través de la Abogacía del Estado. Estas apelaciones se presentaron contra la sentencia de la Audiencia Nacional que en abril anulaba el proyecto de 2015 al considerar «el deterioro de las masas de agua» de los ríos Grío y Jalón y de los acuíferos de las sierras de la Virgen y Vicor, estimando parcialmente los postulados de las plataformas SEO/Birdlife y Jalón Vivo.
En el auto, al que ha tenido acceso HERALDO, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo asume que se da «la conveniencia de un pronunciamiento por no existir jurisprudencia» en torno a dos aspectos que considera cruciales. Por un lado, indica que tendrá que precisar la validez de la exigencia de la Directiva Marco del Agua para que los planes hidrológicos de cuenca recojan los motivos de sus modificaciones, que se expliciten los efectos de las intervenciones hidráulicas sobre las masas de agua afectadas, así como la identificación de cada una de ellas en las que se aplica la excepcionalidad que consta en el artículo 4.7.
En este punto se recoge que los estados de la Unión Europea no infrigen dicha norma comunitaria si se adoptan las medidas posibles para corregir los efectos adversos en el estado de la masa de agua, que los motivos de las modificaciones se citen en el plan hidrológico de la cuenca, que dichas razones sean «de interés público superior» y que los beneficios que acarren esos cambios no se puedan obtener de otra manera menos perjudicial.
Por lo que respecta al segundo de los aspectos en los que se centra el Supremo, reconoce que tendrá que determinar «si las modificaciones que supone la construcción del embalse pueden incorporarse a los objetivos medioambientales de la masa de agua en un Plan Hidrológico posterior a la aprobación del proyecto de embalse». Sobre este respecto, la Audiencia Nacional sostiene que la modificación de una de las masas de agua y la aplicación de las excepciones mencionadas se recogen en un documento de 2016 y el proyecto es de 2015, por lo que considera que «no puede servirle de cobertura».
Así, ahora tendrá que ser la Sección Quinta de la la misma Sala la que emita un fallo al respecto, sobre el que no hay una estimación de cuándo podría producirse. A todo esto se añade la espera por otra resolución, en este caso de la Audiencia Nacional, ya que las plataformas ecologistas solicitaron la ejecución provisional de la sentencia de abril: paralizar las obras del embalse, que ahora se centran en horadar el túnel de trasvase de 12 kilómetros desde el Jalón al Grío y que ya casi alcanza la mitad de distancia.
Depósito de garantía
Como respuesta a esa petición ambientalista, los regantes y la UTE solicitan que se desestime y apuntan que, si se aceptase, la ora parte materialice un «depósito de garantía» que asciende a casi 145 millones de euros, según reseñó la ONG SEO/Birdlife en un comunicado en el que detalla que las constructoras reclaman 24,2 millones de euros y la Junta Central unos 120 millones. Sobre este aspecto tendrá que ser entonces la propia Audiencia Nacional la que dictamine qué procede, si asumir o no el pago de la fianza, para lo que tampoco hay una fecha en el horizonte.
Luis Tirado, responsable de la organización, calificó esta postura como una «intimidación» y subrayó que la protección ambiental «no debe condicionarse» a unas exigencias económicas. Desde la Junta Central de Usuarios del Jalón no hicieron declaraciones al respecto.
