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La Audiencia de Zaragoza rechaza el recurso de la abogacía del Estado contra las acusaciones del caso Gali

No acepta apartarlas de la causa, como pidió la abogacía del Estado, ni tienen que prestar una fianza de 150.000 euros

Camiulo Villarino, con la abogada del Estado, antes de entrar a declarar en la Sala 10 de la Ciudad de la Justicia.
Camiulo Villarino, con la abogada del Estado, antes de entrar a declarar en la Sala 10 de la Ciudad de la Justicia.
Oliver Duch

La Audiencia de Zaragoza ha rechazado el recurso de la abogacía del Estado que quería apartar de la causa a las dos acusaciones populares personadas en el caso Gali en el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, y tampoco las requiere tener que presten una fianza de 150.000 euros por haber abierto la causa.

De esta manera, la Sección Tercera ha autorizado “el requisito formal de presentación de querella” a la denuncia que interpuso el letrado Antonio Urdiales en el Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza por los supuestos delitos de falsificación, prevaricación y encubrimiento. “No existe ningún problema en considerar que, en realidad, lo interpuesto fue una querella, aunque el título otorgado fuera diferente”, consideran.

También se amparó a la misma causa a la acusación que forman Mohamed Rachad Andaloussi Ourighili y Juan Vicente Pérez, que presentaron otra denuncia en el Juzgado de Instrucción 2 de Logroño y fueron adscritos al Juzgado de Zaragoza. El auto que firma el magistrado José Alfonso Tello no comparte con la defensa del diplomático Camilo Villarino, exjefe de gabinete de Asuntos Exteriores, que se trate de “un fraude procesal”. De hecho, estos denunciaron un delito perseguible por oficio y el Jugado de Logroño no desestimó la denuncia, sino que la remitió al Juzgado de Zaragloza y así “no era necesario presentar la querella”.

Respecto a la reclamación de la exigencia de la fianza a las acusaciones particulares personadas, la Audiencia apoya al juez instructor Rafael Lasala, quien en un auto el pasado 17 de septiembre negaba que fuera exigible esa cantidad para “favorecer” el ejercicio de la acción penal y el tribunal respeta ese criterio.

Asimismo, los magistrados acuerdan que el abogado o procurador de cualquiera de las partes que revelare indebidamente el contenido del sumario será corregido con una multa de 500 a 10.000 euros, y también podrá incurrir cualquier otra persona que no sea funcionario y cometa la misma falta.

Declaraciones en La Rioja

Por otro lado, el jefe de gabinete del Gobierno de La Rioja, Eliseo Sastre, declaró ayer como testigo por videoconferencia en el Juzgado de Zaragoza que el 16 de marzo le avisó la presidenta Concha Andreu que debía ponerse en contacto con el jefe de gabinete de Exteriores (Camilo Villarino) para trasladar al hospital de San Pedro a una persona enferma "por motivos humanitarios" y sin citarlo. Sastre lo comunicó al gerente del centro hospitalario (Alberto Lafuente) y éste al responsable de cuidados intensivos (Fernando Martínez).

Agregó que se enteró que era el líder saharaui Brahim Gali por la prensa el 23 de marzo porquen no le comunicaron desde la presidencia del Gobierno de La Rioja, según fuentes jurídicas, y detallaó que no comunicaron a las autoridades que había entrado con un dni falso a nombre de Mohamed Benbatouche.

Por su parte, el gerente del hospital riojano Alberto Lafuente se ha centrado en la llamada de Eliseo Sastre para reservar una cama en el servicio de urgencias para un paciente extranjero, pero sin identificarlo y su papel se limitó a ponerlo en contacto con el jefe de Unidad de Urgencias.

En este sentido, el jefe de la UCI, Fernando Martínez, reiteró lo que declaró ante la Policía de que le causara extrañeza que no coincidió la identidad que le facilitaron desde el servicio de administración, con un pantallazo del pasaporte a nombre de Mohamed Benbatouche, frente a Brahim Gali, cuyo nombre aparecía en los informes médicos aportados.

Asimismo, Martínez llegó a hacer un comentario sobre el traslado del líder saharaui desde Argelia hacia España porque el tratamiento médico recibido era muy similar en los dos centros médicos. Por otro lado, este responsable sanitario agregó que el pasado 4 de mayo se reunió con policías de Información, quienes le enviaron un auto del juez Santiago Pedraz para la declaración por videconferencia de Gali, que acabó al final el 1 de junio.

Por otro lado, las acusaciones anunciaron que le pedirán al juez que reclame al Gobierno de La Rioja la factura del tratamiento a Gali en el hospital de San Pedro por covid.

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