coronavirus
El fallo del Constitucional pone en jaque 25.000 multas por confinamientos y toques de queda en Aragón
La Comunidad tendría que devolver más de 880 sanciones ya cobradas y paralizar miles de expedientes en curso.
La anulación del segundo estado de alarma ha puesto en jaque más de 25.000 multas por saltarse los confinamientos y los toques de queda en Aragón. El Departamento de Sanidad mantiene, por el momento, la tramitación de los expedientes, pero la inminente sentencia del Constitucional podría cambiarlo todo, afectando, incluso, a otras infracciones.
Según los últimos datos de la Consejería, en estos meses se han recibido 15.176 propuestas de sanción por incumplir el toque de queda. De ellas, 9.656 están iniciadas y 371, resueltas. En el caso de los incumplimientos de los confinamientos perimetrales, el total asciende a 9.839, con 2.494 expedientes en marcha y 509 cobrados.
Otro supuesto al que podría afectar el fallo del Tribunal sería el límite a las reuniones sociales, que choca con otro derecho fundamental. En este caso, el global supera las 3.650. De ellas, 2.309 están en curso y 246, resueltas.
En todo este tiempo, el Gobierno aragonés ha recaudado un total de 1.922.853 euros por las sanciones covid, una cuantía que podría verse considerablemente mermada una vez que se confirme la sentencia del Constitucional. El único precedente existente –el del primer estado de alarma– obligó al Ejecutivo de Pedro Sánchez a paralizar de oficio todos los expedientes y devolver las cantidades ya cobradas.
El Gobierno regional no descarta tener que hacerlo. La clave está en si actuará también de oficio o serán los afectados quienes tengan que reclamar las multas en los tribunales. En cualquier caso, el propio presidente de Aragón, Javier Lambán, ya avisó el pasado viernes de que "si cuesta tanto devolverlas como cobrarlas, para días tienen los ciudadanos".
La pregunta ahora es, ¿afecta el nuevo fallo del Constitucional a las medidas adoptadas por el Gobierno de Aragón en el marco de la llamada cogobernanza? Expertos en Derecho consultados por este diario apuntan a que, a diferencia de la anterior, esta sentencia anularía la "delegación" que se hizo a los presidentes de las comunidades autónomas como "autoridades competentes" para dictar resoluciones en relación a los horarios del toque de queda, la limitación a los grupos de personas en espacios públicos o privados o la fijación y flexibilización de las restricciones. Por lo tanto, entienden que "cualquier incumplimiento de las medidas establecidas por la Comunidad por encima de las estatales devendría nulo".
