Aragón tendrá que devolver las multas impuestas por el segundo estado de alarma

Aragón tendrá que devolver gran parte de las multas cobradas por el segundo estado de alarma, anulado ayer por el Tribunal Constitucional. La decisión, como ya ocurriera con el primero, obligará a reembolsar todas aquellas sanciones que atañan a un derecho fundamental. Es decir, las que se pusieron, por ejemplo, a quienes se saltaron el toque de queda o los confinamientos perimetrales o superaron los límites para las reuniones sociales.

Quedan fuera, en principio, las impuestas por no llevar mascarilla, fumar en terrazas o hacerlo de dos metros de otra persona, aunque está por ver cuál es el verdadero alcance de la sentencia del Constitucional, ya que, como apuntó José Antonio Sanz, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza, "esta vez se anulan más artículos que en la anterior", lo que podría afectar directamente a las restricciones sanitarias adoptadas por las comunidades autónomas al amparo de este paraguas.

Esta vez será el Gobierno de Aragón, y no el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el que tenga que devolver las sanciones ya cobradas, ya que durante el segundo estado de alarma se gestionaron a través de los servicios provinciales y no mediante la Delegación del Gobierno. Hasta junio, el Departamento de Sanidad había recibido 9.788 propuestas de sanción por incumplimientos de los confinamientos perimetrales, habiéndose iniciado 2.494 expedientes y resuelto un total de 461.

En el caso de los toques de queda se tiene constancia de al menos 14.991 multas, aunque al cierre del primer semestre solo se habían abonado 353. Además, 3.128 aragoneses habían sido denunciados al ser descubiertos en una peña o bien en un local o un domicilio particular con más personas de las que permitía en ese momento la normativa sanitaria.

"Tienen que anularse de oficio"

El fallo del Constitucional obligaría a deshacer gran parte del arduo trabajo realizado en los últimos meses por los servicios provinciales, que tuvieron incluso que aumentar sus plantillas para hacer frente a la avalancha de expedientes sancionadores.

El Ejecutivo autonómico declinó ayer hacer valoraciones a la espera de conocer el texto en su totalidad. Desde el Colegio de Abogados, no obstante, se insiste en que todo está "muy claro". "Ahora sí que los tribunales no tendrían ninguna razón para echar atrás los recursos de los ciudadanos. El Gobierno de Aragón debería de actuar de oficio al igual que ha hecho la Administración central. Es decir, paralizar las sanciones en curso y devolver las que ya se habían cobrado", apuntó Sanz.

Lo contrario, agregó, supondría una pérdida de tiempo y recursos. "No tendría sentido obligar a los ciudadanos a plantear la nulidad de los expedientes ante los tribunales, y más sabiendo que se tiene las de perder. Esto ahorraría dinero a la Administración y a los contribuyentes", precisó.

Semejante revés podría suponer pérdidas millonarias a la DGA, ya que, como recordaba en su día el propio Gobierno aragonés, cada incumplimiento del toque de queda o los confinamientos perimetrales acarreaba "una sanción mínima de 300 euros y podía alcanzar los 60.000".