La acusación del caso Gali llama a declarar a un comisario que buscó al líder saharaui en marzo

El juez que investiga la llegada a España de Brahim Gali a través de la Base Aérea de Zaragoza envió un exhorto a la Audiencia Nacional para saber si antes del polémico viaje del líder del Frente Polisario se había adoptado alguna medida para intentar localizarlo. Y el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, ya ha obtenido una respuesta.

La Audiencia Nacional informa al instructor del caso Gali que el magistrado Santiago Pedraz se dirigió el 3 de febrero a la Comisaría General de Información para que localizaran al líder del Frente Polisario por las diligencias 447/2020, que se instruyen contra él y otras 23 personas. La respuesta llegó el 17 de marzo.

El Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional certifica que «no se ha dictado ninguna medida cautelar ni requisitoria» sobre Gali. Mientras que la Policía Nacional contestó que no lo pudo identificar, pero lo calificaron como el «presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD)» y lo ubicaron «en Tinduf», una localidad argelina próxima a la frontera con el Sahara.

La petición del juez Pedraz

Cuando se dirigió vía oficio a la Comisaría de Información, el juez Pedraz quería saber también si Gali o el resto de investigados residían en nuestro país. En particular, si podían estar haciéndolo en la Delegación del Frente Polisario en España. Pero la petición se reconsideró, porque los encartados podían depender de dicha Delegación. De ahí que las pesquisas se llevaran a cabo a través de bases de datos administrativas y policiales para no comprometer la eficacia de «futuras diligencias ordenadas por el juzgado».

Esta información se ha remitido ahora al Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, donde se tramita el sumario sobre la llegada de Gali el 18 de abril. Y el abogado de la acción popular, Antonio Urdiales, reclamó el pasado viernes que el juez llame a declarar al comisario jefe de Información, Eugenio Pereiro. Solicita que informe sobre «todos los movimientos del investigado Brahim Gali desde su llegada a Zaragoza hasta su salida por Noain (Navarra)», que se produjo el pasado 1 de junio.

Urdiales dice que el comisario general de Información fue quien remitió los expedientes de los permisos de residencia y la obtención de nacionalidad el pasado 30 de julio. El letrado asegura que «eran falsos», tanto el pasaporte argelino a nombre de Mohamed Benbatouche (que mostraron en el hospital de Logroño), como el permiso de residencia. «Cruzó la frontera española por el aeropuerto militar de Zaragoza contraviniendo todos y cada uno de los preceptos de Schengen, establecidos en el artículo 20 de dicho reglamento», señala el letrado en su escrito.

Según Urdiales, Gali pudo saber que la Comisaría de Información, a instancias del juez Pedraz, practicó diligencias de identificación y localización, lo que habría motivado que utilizara un pasaporte argelino falso el 18 de abril. Considera que podía tramitarlo como exembajador de la RASD en Argelia, y así «burlaría a la Policía y Guardia Civil en caso de controles, sabiendo que se seguían contra él mismo sendos procedimientos en la Audiencia Nacional», apunta el letrado.

Por otro lado, el juez Lasala ha solicitado un informe a la Policía de la frontera del aeropuerto de Zaragoza sobre la actuación que realizaron con el control de los dos pasajeros (Brahim Gali y su hijo) cuando llegó el avión desde Argelia a la Base Aérea de Zaragoza el 18 de abril antes de su traslado al hospital de Logroño.