Los 230 jueces de paz aragoneses son, en la actualidad, figuras poco conocidas. Pero su labor callada ha tenido históricamente verdadero calado en los pueblos en los que no hay un juzgado de primera instancia, donde su talente conciliador ha ayudado a resolver conflictos entre vecinos desde que se creara el cuerpo tal día como hoy, 22 de octubre, pero hace 166 años. Por aquel entonces, pese a ser legos en leyes, eran el primer escalón de la justicia para millones de ciudadanos y atendían asuntos de todo tipo. “Ahora firmamos los papeles que ha revisado antes un funcionario”, resume, con sorna, Teodoro Larriba, el juez de paz de Ateca. “Damos fe en las partidas de nacimiento y de defunción, en las bodas civiles… esa es nuestra principal labor. Antiguamente teníamos que hacer levantamientos de cadáveres en las muertes por accidente o suicidios, pero estas labores corresponden ahora a los jueces de primera instancia y a la Policía Judicial. En lo que sí ponemos más empeño es en conseguir sacar adelante acuerdos entre vecinos que discuten por tierras u otras cuestiones”, añade el atecano, cuya jurisdicción comprende una quincena de municipio. 

El anteproyecto de la futura ley de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, que aún debe superar los necesarios trámites parlamentarios para ver la luz, propone la supresión de la figura a escala nacional para integrar sus funciones en organismos de nueva creación. “En la misma fecha en que se constituya cada Oficina de Justicia en el municipio se producirá el inmediato cese del juez de paz respectivo”, indica el texto. Una medida aprobada en Consejo de Ministros, pero que todavía no se ha anunciado a los propios afectados, que no cobran ni un céntimo por su trabajo. En estos momentos, en Aragón se reparten 97 en Teruel, 96 en Zaragoza y 37 en Huesca.

“No estoy al tanto de lo que va a ocurrir, nadie nos ha contado nada”, revela Larriba, jubilado tras trabajar desde los 18 años en la fábrica de Huesitos y quien repite en un cargo que a veces le hace devanarse los sesos: “Las conciliaciones son lo más complicado. La primera en la que tuve que mediar estaba motivada por la caída de unas tejas de una casa al corral del vecino. Todo se solucionó al final. Otra, quizá la más complicada y en la que pasamos horas discutiendo, empezó porque se salía el agua de una acequia e inundaba la finca de otro propietario. Al final, el ‘culpable’ pagó los materiales de la reparación y el afectado se encargó de las obras”.

Los jueces de paz “son, a diferencia del resto de los órganos judiciales existentes, personas que no pertenecen a la carrera judicial”, según explican desde el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Los organismos que representan “son unipersonales, asumen competencias de menor importancia y ofrecen un servicio relevante en materia de cooperación judicial al facilitar la comunicación de los demás órganos judiciales con los ciudadanos donde tienen su sede”, añaden desde el TSJA. Son elegidos por el pleno de cada ayuntamiento entre las personas que lo soliciten y cumplan con los requisitos legales, como no estar condenado por un delito doloso y ostentan el cargo durante cuatro años.

Y más allá de una vocación por las leyes, lo que les empuja es el ánimo de colaborar en sus pueblos. Lourdes Fernández es la titular en Utebo desde que la anterior juez cesara de su cargo tras 22 años de ejercicio. “Participo como voluntaria en distintos ámbitos, me siento muy pegada al municipio y esto es solo otra forma de ayudar”, reconoce. “No tengo, ni yo ni casi ninguno de mis homólogos, formación en Derecho. Yo estudié Administración de Empresas y a ello me dedico, por lo que solo conozco el ámbito legal empresarial. Antiguamente, cuando el juez de paz era una figura de autoridad y cuando las faltas estaban penalizadas, quizá sí hubiese convenido esa formación, pero ahora sobre todo despachamos trámites”, indica la ribereña.

Fernández asume que los ciudadanos desconocen, en su gran mayoría, la labor que acomete varios días a la semana. “Pero es que hasta que no estás aquí no sabes qué se hace en un juzgado”, reconoce.

Tampoco Juan Carlos Adiego, figura de referencia en Gallur, era un hombre de leyes antes de acceder al cargo: “Siempre me había llamado la atención este desempeño, veía a los anteriores jueces y creía que hacían una labor muy buena, por eso me metí. Eso sí, en cuanto me presenté y me eligieron me di cuenta de que me quedaba mucho por aprender, pero eso no es algo malo, todo lo contrario: cada semana me documento y aprendo cosas nuevas”.

El gallurano lleva 18 años en el desempeño afrontando asuntos “de todo tipo”. “Hay de todo un poco, puede ser una discusión sencilla o en la que tengas que bucear entre documentos relativos a lindes, viviendas...”. Para Adiego, que compagina el puesto con su trabajo, sería “una lástima” que se acabase con la figura de juez de paz, y aunque defiende su labor reconoce que “las faenas del cargo ya son más bien escasas”.

Menos asuntos tramitados que nunca

El número de asuntos civiles resueltos en Aragón a lo largo del año 2020 ascendió a 21.515, un 19,62% menos que en 2019. Durante el año de la pandemia tramitaron un total de 11.426 asuntos penales, un 11,48% menos que en el curso anterior y menos que nunca. Las cifras no han dejado de reducirse durante los últimos años como consecuencia, sobre todo, de la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que a partir de 2017 modificó las competencias en materia penal de los juzgados de paz.