El consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, ha asegurado este jueves que el presupuesto de Sanidad para 2022 será "bastante alto", si se descuenta el gasto covid.

Así lo ha indicado en su comparecencia en el pleno de las Cortes para informar sobre la fiscalización de la contratación de personal del Servicio Aragonés de Salud y sus consecuencias sobre el funcionamiento del sistema sanitario aragonés a petición del PP.

Su portavoz en el debate, Mamen Susín, ha insistido en el desfase en 180 millones en Sanidad, el 8 % del presupuesto total del área, antes del último trimestre del año, con la sanidad "cuasi paralizada por la atención preferente al covid" y con un 66 % de ejecución en gastos de personal.

"Sin ver el expediente, le aseguro que esto no me cuadra", ha espetado Susín al consejero, y le suena más "a excusas de mal pagador que a verdad" y a que el Gobierno ha dado el covid "por finiquitado" y empieza a "recortar personal".

Así, ha pedido a Pérez Anadón que aclare cuántos de los más de 2.000 profesionales sanitarios contratados por la pandemia dejarán sus puestos, teniendo en cuenta que hace quince días, en el pleno, la titular de Sanidad, Sira Repollés, aseguró que se estudiará uno a uno y que se mantendrán aquellos que sean necesarios.

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Ha incidido en que el extra de financiación recibido, 815 millones en 2020 y más de 800 este año, eran para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública en la pandemia, y "no para tapar agujeros", al tiempo que ha destacado que para la renovación de profesionales en 2022 bastaría con que se volviera a aprobar en el Consejo de Gobierno ese numero de personal estatutario temporal.

Y además de reclamar las altas en el programa de nóminas de los contratos autorizados para que los trabajadores puedan cobrar, ha advertido del "asombro" con el que los ciudadanos que han estado casi dos años sin que se les haya citado para pruebas diagnósticas, consultas o intervenciones quirúrgicas, y no han visto siquiera en persona a su médico de familia, ven cómo más de 2.000 profesionales "se van a ir a su casa", cuando podrían reforzar el sistema sanitario "hasta que éste estuviera al día".

Y aunque ha apuntado que no todos tendrán que seguir, sí muchos porque la Sanidad "ha estado parada" y el aumento de las listas de espera se pretende agilizar pagando 53 millones de euros a la sanidad privada.

"No nos parece mal, pero a más a más", ha aseverado Susín, quien ha pedido al consejero que concrete a cuántos profesionales no se les va a renovar y cuál ha sido la propuesta del Salud y cuántos contratos se han autorizado para su renovación, y que explique la desviación de 180 millones en gastos de personal.

En su respuesta, el consejero, tras poner de relieve que es la intervención general la responsable del control de la actividad económica de la administración, ha hecho hincapié en que Repollés ya dejó claro que nadie se quedará sin cobrar, que no se va a despedir "masivamente" y que acabarán contratos y se renovarán "solo sin son necesarios".

Ha acusado al PP de hacer "demagogia" sin importarle quienes son los trabajadores que se quedan y se van y con unos contratos por la pandemia que "tienen principio y fin". "¿Qué quieren ustedes, que no se acabe el covid?", ha preguntado el consejero a Susín.

Y tras echarle en cara los "cientos de millones" de pagos pendientes que la consejería de Sanidad tenía en las cuentas del PP de los años 2012 y 2013, se ha comprometido a que el presupuesto de la Consejería de Sanidad de 2022 será "infinitamente mayor", si se excluye la parte covid.

"Vaya preparándose para aplaudir el próximo presupuesto", ha apostillado.

Además, ha sugerido al PP que aclare qué modelo de sanidad quiere -y Susín le ha replicado que siempre ha estado claro: utilizar todos los recursos sanitarios de Aragón en beneficio del ciudadano, públicos y privados- y se ha preguntado de qué acusa al Gobierno, de gastar mucho o poco o de contratar miles de trabajadores en los momentos necesarios y de gestionar con racionalidad.

"Detrás de todo esto lo que hay claramente es un ataque a la sanidad pública", ha zanjado Pérez Anadón.