Unos 5.000 aragoneses están pendientes de que se les valore su grado de discapacidad
La demora es de hasta un año en Huesca, mientras en Zaragoza el retraso ronda los ocho meses y en Teruel, cinco.
Algo más de 5.300 personas residentes en Aragón aguardan actualmente a ser valoradas en su grado de discapacidad, tanto física como psíquica, y así poder acceder a ayudas y prestaciones, según los últimos datos facilitados por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés. La situación es especialmente problemática en Huesca, donde el centro de atención que lleva a cabo este reconocimiento acumula una demora de hasta un año.
Esta lista de espera supone una mejora considerable si se compara con las más de 11.000 personas que en marzo de 2019 se encontraban en esta situación. El número de aragoneses ‘en capilla’ se ha reducido más de la mitad, un 51,64%, y con una pandemia de por medio. Pero aún hay margen de mejora.
En la provincia de Zaragoza hay actualmente 3.500 personas pendientes de que se les estime su grado de discapacidad, y el retraso medio ronda los ocho meses. Si bien, según la urgencia y situación de los casos, puede oscilar entre los cuatro y los once meses. Hasta un año hay que esperar en Huesca, donde la lista de espera se eleva a 1.620 personas. En Teruel, hay 200 aragoneses pendientes de ser valorados y cinco meses de retraso.
El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) admite el problema y señala que están trabajando en reducir estas dilaciones. Subrayan que todo aquel que requiere una acreditación de su discapacidad para asuntos laborales, formativos o situación de salud se prioriza y "ocupa un lugar preferente" para que este trámite "no suponga un menoscabo en su situación o en el acceso a un servicio o derecho".
Así, aseguran desde el Departamento de Ciudadanía, se tramitan con carácter prioritario los menores de 18 años, los que necesitan tener reconocida su condición de minusvalía para optar a un empleo, unas enseñanzas regladas o a unas ayudas o subvenciones sometidas a plazo, además de los casos de personas en situaciones de riesgo vital.
Tras el confinamiento, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) reanudó a finales de mayo de 2020 la gestión de los expedientes de valoración de la discapacidad. En estos momentos se llevan a cabo de una forma mixta. Con carácter general esta atención se presta de forma presencial, pero en determinadas situaciones se valora sobre expediente, como cuando el usuario tiene un grado II o III de dependencia, si se encuentra en una residencia o si su situación de salud así lo aconseja.
Antes de que la covid-19 paralizara el mundo, el IASS ya adoptó algunas medidas como plan de choque para recortar el tiempo de espera de las valoraciones. En junio de 2019 se reforzó el personal destinado a esta tarea con la contratación de 11 personas más: tres trabajadores sociales, dos médicos, dos psicólogos y cinco auxiliares administrativos.
Además, en agosto de 2019 se puso en funcionamiento en Zaragoza el nuevo centro de atención a la discapacidad situado en el paseo de Rosales. En él se unificaron tanto lo servicios como el personal que trabajaban en los dos centros base, en el Actur y Santa Teresa de Jesús, en todas las cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad a partir de 18 años. Su apertura supuso el cierre de las instalaciones del Actur.
Obras de mejora
Actualmente, de los dos centros de atención a la discapacidad que funcionan en Zaragoza, el destinado a los menores de 18 años y el programa de atención temprana, que abre sus puertas en la calle de Santa Teresa de Jesús, se encuentra en obras.
Los trabajos de mejora consisten en la instalación de un nuevo sistema de climatización, que tiene un presupuesto de 91.589,93 euros, y supone la primera fase de las obras que se van a llevar a cabo en estas instalaciones con el objetivo de mejorar la atención a los usuarios. Mientras duran las tareas, la atención se viene prestando en las instalaciones que tiene el IASS en la calle Luis Cernuda.
El coste de estas obras se financia con dinero procedente de una donación de 113.000 euros de José Aznárez Navarro, que llegó a ser alcalde de Zaragoza, falleció en 1902, y cuyo patrimonio ha sido gestionado por la Fundación Álvarez.
