La explotación laboral se triplica y se feminiza
El trabajo doméstico y de cuidados, seguido de la agricultura y ganadería y la hostelería, son los tres principales sectores donde mayores situaciones de explotación laboral se producen.
Los casos de explotación laboral se han triplicado desde el último informe de la Organización Internacional del Trabajo de 2018 y en Aragón son 3.000 las personas que se estima que sufren esta situación, en la que cada vez son más las mujeres las afectadas y de origen inmigrante.
Salarios por debajo de convenio, largas jornadas de trabajo durante 7 días a la semana y 24 horas al día en el caso de las trabajadoras internas, trato vejatorio y degradante, ausencia de prevención de riesgos laborales, abusos de toda índole y no contratación, con el consiguiente fraude a la Seguridad Social, son las principales situaciones a las que se enfrentan quines sufren la explotación laboral.
Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa el responsable del Departamento de Migraciones de UGT Aragón, Antonio Ranera, durante la presentación del informe “Explotación y trata de seres humanos con fines laborales: una práctica presente en Aragón”, fruto de la labor que realiza el sindicato en este ámbito y la detección de diferentes casos.
Los datos no mejoran, han asegurado desde UGT, debido a la creciente desigualdad social derivada de la falsa salida de la crisis de 2008, lo que lleva aparejado un aumento de la exclusión social, y a la irregularidad administrativa o la precariedad en la autorización de trabajo o residencia de las personas inmigrantes, ha apuntado Ranera.
El trabajo doméstico y de cuidados, seguido de la agricultura y ganadería y la hostelería, son los tres principales sectores donde mayores situaciones de explotación laboral se producen, lo que se traduce en una mayor feminización, ha señalado Ranera.
En este sentido ha informado de que dos de cada tres mujeres proceden de Hispanoamérica. Son personas jóvenes, la mitad tienen menos de 35 años y la mayoría menos de 54.
El 36 % de las personas sometidas a explotación laboral se encontraban en situación irregular, lo que, advierte Ranera, demuestra que la irregularidad administrativa, el no tener papeles, es "un riesgo que desencadena caer en la explotación" aunque ha advertido de que un 64 % sí tenía papeles y demuestra que personas en situación regular también pueden verse afectadas.
La explotación laboral "convive" en las ciudades, pueblos y polígonos industriales, ha destacado el responsable del Departamento de Migraciones de UGT Aragón, quien ha señalado que los explotadores, en su mayoría de nacionalidad española, son particulares en el ámbito doméstico y pequeñas empresas en el de la hostelería o construcción y agricultores en el campo de la agricultura.
Un ejemplo de esta situación lo ha puesto de manifiesto Constanza, a quien sus empleadores como asistenta mantuvieron sin contrato hasta que durante el confinamiento por la covid-19, por temor a infectarse y a que le parara la policía cuando iba a la vivienda al carecer de contrato de trabajo, decidió denunciar asesorada por UGT, aunque "con miedo", ha confesado.
Constanza, a quien la Inspección de Trabajo le reconoció dos años de antigüedad, trabajaba de 9 de la mañana a 3 de la tarde, una hora más de lo que tenían apalabrado, le hacían fregar el suelo de rodillas y le sometían, ha asegurado, a otras humillaciones.
Esta trabajadora ha lamentado la realidad con la que los inmigrantes se estrellan cuando llegan a España y la "poca empatía" de personas que "abusan de las personas vulnerables", aunque también ha reconocido que hay quienes les ayudan "abrir los ojos" y a conocer sus derechos.
Las consecuencias de estas situaciones son, según Ranera, dificultad para salir del "círculo" de explotación y pobreza de estos colectivos por falta de conocimiento de los recursos de que disponen y a los que se suman problemas psicológicos derivados de las humillaciones a las que se exponen.
Por eso, entre las "tareas pendientes" para mejorar esta situación, desde UGT subrayan la necesidad de desarrollar el convenio de la OIT, aprobar una ley sobre la trata de seres humanos, un plan integral de lucha contra el trabajo forzoso, que el régimen especial agrario y el del hogar se incorporen definitivamente a la Seguridad Social dentro del régimen general y una mesa de coordinación contra el trabajo forzoso que mejore los recursos, la coordinación y tenga en cuenta la perspectiva de diversidad y género.
