El presupuesto "más expansivo" de la historia, el que dispara el gasto social y en infraestructuras al calor de las ayudas europeas, destina a Aragón 522 millones de euros, 18 más que en 2021, pero con una leve caída de la Comunidad del 4,1% al 4% en el peso relativo del reparto. No es la más perjudicada, ni mucho menos. El proyecto es continuista con las obras ya iniciadas, e incluso figura alguna nueva, como los 10,1 millones que se destinan a la nueva comandancia de la Guardia Civil en Zaragoza. Y se abre la puerta a que lleguen a Teruel, al fin, ayudas europeas por ser una provincia escasamente pobladas. Pero la inversión real se queda a años luz de los 2.230 millones, un 11,5% más, que recibirá Cataluña en cumplimiento de lo que fija su Estatuto de Autonomía. No ocurre lo mismo en Aragón, que sigue esperando a que en una mesa bilateral, como recoge el suyo, se definan sus prioridades.

No debe conducir a engaños que Aragón, con 392 euros por persona, se sitúa, con Castilla y León, Cantabria, Asturias y Extremadura, a la cabeza del gasto. Se pone sobre la mesa, una vez más, el eterno debate sobre la financiación autonómica, y el sobrecoste que asumen estas autonomías en la prestación de servicios por la despoblación.

De los 522 millones de euros de inversión real que el proyecto recoge para Aragón, a los que hay que sumar los 30 millones del Fondos de Inversiones de Teruel (Fite), 234 millones corresponden al Ministerio de Transportes. Hay una sensación agridulce en el impulso que recibirán las autovías del Pirineo. Lo más positivo es la apuesta por la A-23 de Lanave al embalse de Jarabella, con dos millones en 2022, y 50 más hasta 2025. Lo peor, que la variante de Jaca, para conectar la A-21 y la A-22, y la A-21 entre Puente la Reina y Fago continúa bloqueadas. El enlace de la A-21 recibe 22,5 millones; la A-22, de Huesca-Siétamo, otros 15 millones, aunque la obra figura hasta 2024; el Sabiñánigo Este-Oeste 11 millones en 2022 y la N-260, de Congosto de Ventamillo a Campo, recibirá 9 millones.

En el tramo zaragozano de la A-68, hay 4,7 millones para Figueruelas-Gallur, 9 millones para el de Gallur-Mallén y 19,8 millones para el tramo El Burgo-Fuentes de Ebro. Y en Teruel, la variante de Alcorisa recibirá 10,6 millones, si el proyecto de presupuestos sale adelante. No se refleja en las infraestructuras viarias del Bajo Aragón la capacidad de influencia de Teruel Existe. Solo hay partidas para redactar proyectos de la futura A-68 y la A-40, de Cueca a Teruel.

En materia hidráulica siguen adelante los embalses Mularroya (29,3 millones), las balsas de Almudévar (19,7) y el recrecimiento de Yesa (10,1), y se incluyen, también, 1,7 millones de euros para recrecer Santolea. No se incluye, al menos entre las inversiones de Aguas de la Cuencas de España (Acues) en Teruel, la elevación de las aguas del Ebro a Andorra, una actuación que se comprometió en la última reunión bilateral Aragón-Estado, que se celebró en noviembre de 2018, justo después de que se anunciara el cierre de la central térmica. El abastecimiento de agua a Zaragoza y el Corredor del Ebro recibirán 2,8 millones de euros en 2022 y casi cinco millones más en 2023.

A la reapertura del túnel de Canfranc se destinan 716.000 euros, y para adaptar la línea ferroviaria al tráfico internacional se han presupuestado 9,5 millones desde Adif. También destina 10,3 millones para renovar la línea Sagunto-Teruel-Zaragoza y otros 38 para impulsar corredores Ten-T.

El Ministerio de Ciencia reserva una partida de 7,2 millones, a invertir hasta 2025, para un Instituto de Instrumentación para Imagen Molecular, con 200.000 euros para 2022, que servirían para la redacción del proyecto.

Trato favorable a Teruel

Es la posibilidad de que Teruel, junto a Cuenca y a Soria, tenga acceso a ayudas europeas como zona escasamente poblada una de las mejoras noticias. Más, si se completa con el compromiso del Estado, esta vez sí, de que "se velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas zonas las dificultades demográficas". Para la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, que recordó que la DGA lleva meses solicitando esta "ventaja competitiva", es una señal más que evidente de que entre todos "se va a hacer frente a la despoblación".

Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, incluyó el reto demográfico entre las prioridades a satisfacer por el presupuesto, es imposible saber qué inversión llegará a Aragón, una de las comunidades más perjudicadas en este concepto. El proyecto destina 350 millones a un programa de regeneración y reto demográfico y 110 millones a inversiones de transición justa, pero no se concreta nada más.

Como al presidente Pedro Sánchez y sus ministros, a más de 21.000 funcionarios de la Administración General del Estado en Aragón les subirán el sueldo un 2% en 2022, y otros 74.000 empleados públicos podrán reclamarlo. Más de 300.000 pensionistas se beneficiarán, también, de la subida de las pensiones, que oscilará entre un 2 y un 3% y a los 8.103 aragoneses que cobran el Ingreso Mínimo Vital les aplicarán un 3% de incremento.