Las Cortes de Aragón aprueban recurrir la protección especial del lobo con un nuevo desencuentro entre PSOE y Podemos
El PP logra sacar adelante una propuesta que pone en evidencia las diferencias entre los socios de gobierno en este tema.
Las Cortes de Aragón han instado al Gobierno autonómico a presentar un recurso para tratar de revocar la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que incluyó al lobo dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial prohibiendo su caza en toda España. Sigue los pasos de la Diputación Provincial de Huesca, que también ha acordado por unanimidad acudir a los tribunales para tratar de frenar esta orden.
La propuesta fue presentada por el PP y puso en evidencia de nuevo las diferencias entre el PSOE y Podemos en este asunto que ya hizo que en su día tanto el presidente Javier Lambán como al consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, desautorizaran al director general de Medio Natural y Gestión Forestal, Diego Bayona, por haber votado a favor de la mayor protección de la especie en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Otro de los socios de gobierno de la coalición, CHA, también votó en contra de este recurso, mientras que el PAR la apoyó. Por su parte, Ciudadanos y VOX votaron a favor de la proposición no de ley.
Antonio Romero advirtió de la "expansión" del lobo en Aragón tras las recientes noticias de la detección de dos hembras en las provincias de Zaragoza y Teruel, que se suman a los tres ejemplares ya reconocidos de las comarcas altoaragonesas de Monegros, Ribagorza y Jacetania, lo que, a su juicio, puede conllevar la "desaparición" de la ganadería extensiva. De hecho, augura que con la nueva orden "se llenará el monte de lobos y se vaciará de ganado"
El diputado popular reconoció que hay que proteger la biodiversidad, "pero también a los ganaderos" y calificó la nueva norma que amplía la protección del lobo de "totalmente innecesaria, ideológica y arbitraria" y la criticó duramente porque "genera controversia, conflicto y confrontación ya que el ministerio en ningún momento ha buscado el consenso y ha prescindido totalmente del dialogo". En su opinión, antes tendrían que haber actualizado el censo de 2014 y la estrategia para la conservación y gestión del mismo que se aprobó en 2005 "para tener una visión integral de la situación y no al revés", además de buscar el acuerdo, "tras el dialogo con comunidades autónomas, ayuntamientos, ganaderos, organizaciones agrarias, adoptando medidas en base al consenso y no desde la imposición".
Desde el PSOE, el diputado Enrique Pueyo justificó su apoyo a la propuesta del PP de recurrir esta figura de protección especial "porque puede poner en riesgo el futuro de la ganadería extensiva y un modo de vida que, de desaparecer, supondría la pérdida de actividad económica y habitantes en nuestro medio rural". Por ello, abogó por la necesidad de retomar el diálogo entre las administraciones y los sectores afectados.
Aun así, Pueyo también incidió en que España tiene la obligación de garantizar la conservación de la especie y su coexistencia con los ganaderos. Y en este sentido recordó que el Gobierno de Aragón ha destinado ya más de dos millones de euros en ayudas a explotaciones ubicadas en zonas de grandes depredadores como el lobo y el oso y anunció que ya se está redactando la orden que establecerá el pago de indemnizaciones por los daños que puedan causar los lobos.
En respuesta a ello, Nacho Escartín, diputado de Podemos, dejó claro que el lobo "no ayuda" al trabajo de los ganaderos extensivos, pero también hizo hincapié en las medidas de conciliación, prevención y compensación que ha adoptado la Dirección General de Medio Natural para facilitar esa coexistencia como ayudas directas, financiación para la instalación de cercados o pastores eléctricos, colaboración con las escuelas de pastores para fomentar unas buenas prácticas, fomento de las marcas de calidad... "En definitiva, se trata de ponerles las cosas más fáciles", resumió. Escartín remarcó además que esta orden es una oportunidad de atraer más fondos europeos y que en Aragón "nunca se ha podido cazar el lobo". "El problema de la ganadería extensiva son los lobos neoliberales y esos no se atreven a cazarlos", les dijo a los populares, al tiempo que aseguró que el Gobierno de Aragón no presentará el recurso ante los tribunales pese al acuerdo tomado en las Cortes.
Desde el PAR, Esther Peirat, respaldó la propuesta del PP "porque no se puede poner en peligro la existencia de una especie animal pero tampoco la vida de los ganaderos y sus familias". En cambio, Isabel Lasobras, de CHA, rechazó las acciones judiciales contra una orden ministerial que, a su juicio, debe servir para regular las ayudas, establecer mecanismos de control de daños e intercambiar experiencias para sacar partido a la presencia del lobo, y exigió a los populares "dejar de alimentar artificialmente el conflicto social".
Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, votó a favor del recurso en solidaridad con otras comunidades autónomas que han decidido acudir también a los tribunales porque calcula que "en cinco años podemos tener en Aragón manadas estables", aunque admitió que la solución a este conflicto es "difícil". Y Santiago Morón, de VOX, apoyó la propuesta y reclamó medidas de control cinegéticas del lobo, un plan nacional de gestión y ayudas que cubran el 100% de las pérdidas. "La supervivencia de la especie en España no está en peligro, pero sí la de los ganaderos", dijo.
