Política
El sector del alquiler ve más "efectista que efectiva" la propuesta de Ley de Vivienda
La DGA, que deberá decidir si congela precios en zonas tensionadas, dice que "falta información".
El sector del alquiler ve más "efectista que efectiva" la propuesta de Ley de Vivienda del Gobierno PSOE-Podemos, que plantea subidas de hasta un 150% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías de los llamados grandes tenedores. Es decir, aquellas personas que tienen diez inmuebles o más en propiedad.
Los gobiernos autonómicos serán los encargados de definir las áreas tensionadas en su territorio, una "barbaridad" a juicio del presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, Fernando Baena, ya que, según advirtió, se podrían terminar creando "ciudadanos de primera y de segunda" en función de la Comunidad en la que vivan.
Tampoco comparte el criterio utilizado para definir qué es un gran tenedor. "Poner el límite en diez pisos es totalmente arbitrario. Dos en la calle Serrano de Madrid pueden valer más que diez en un barrio como La Jota. Deberían regirse por el valor", manifestó.
A su entender, las medidas coactivas son "un error". "Lo que hay que hacer es fomentar que la vivienda salga en alquiler, ya sea con desgravaciones o mediante exenciones en el IBI", apuntó.
Para María Llorente, de Alierta Inmuebles y Gestión, estas medidas podrían hacer que los grandes tenedores pierdan interés por el mercado de la vivienda y compren menos pisos. Alertó, en este sentido, de que tocar la propiedad privada y las leyes de mercado puede tener efectos "contrarios" a los deseados. "Se están dando palos de ciego. Siempre que se interviene en el precio, que no es otra cosa que el último eslabón de la cadena, se producen afecciones de una forma no ordenada. La única solución sería mejorar los sueldos y construir más viviendas de protección oficial", dijo.
En su opinión, los planteamientos que han trascendido tendrían una "escasa afección en Zaragoza", donde existe "muy poca oferta por debajo de los 500 euros" y resulta "muy difícil alquilar" aquellos por los que se piden más de 800. "Afectará más a las grandes ciudades", aseveró.
La competencia, autonómica
Desde la Consejería de Vertebración recordaron que las competencias en materia de vivienda son de las autonomías y declinaron valorar un texto elaborado "sin consulta, al menos en Aragón", que ni siquiera se ha facilitado para su lectura. "No podemos valorar lo que no hemos tenido oportunidad de leer", advirtió José Luis Soro (CHA).
En la Comunidad llegaron a contabilizarse las viviendas de 57 grandes tenedores bancarios que tenían pisos procedentes de ejecuciones hipotecarias, unos 1.500 en total, y no todos vacíos.
El Gobierno de Aragón lleva meses trabajando en su propia Ley de Vivienda, que tendrá que ajustarse a la norma nacional. El texto empezó a tramitarse en la IX legislatura y decayó por la convocatoria de elecciones.
La nueva norma buscará "regular el derecho a la vivienda en sus tres componentes: acceso, seguridad de la tenencia y condiciones materiales de la vivienda". Parte de la base de que este derecho está recogido en la Constitución y en el Estatuto, y de que la dispersión normativa y la regulación poco homogénea presenta "lagunas y conflictos interpretativos".
El sistema actual, según argumenta la DGA, "no garantiza de una forma eficaz ni el acceso a la vivienda ni la tenencia". "El problema de los lanzamientos, por desahucios y por ejecuciones hipotecarias, se suma al de las ocupaciones ilegales", señala.
La futura norma estatal, la primera de la Democracia, será un paraguas que ofrecerá un marco general a las autonomías sin Ley de Vivienda, según explicó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Sin embargo, no ha gustado a PP y Cs que PSOE y Unidas Podemos "intervengan" el mercado. Tanto Eloy Suárez, diputado popular por Zaragoza, como Daniel Pérez Calvo, coordinador autonómico de Cs, recordaron que en Alemania, la intervención del mercado del alquiler derivó en un importante alza en los precios. Pablo Echenique, portavoz de Podemos, advirtió de que no es un documento político, sino legislativo y de que "esta vez se va en serio".
