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La reforma del Estatuto insta a aplicar el fin de los aforamientos a partir de la próxima legislatura

El anteproyecto, que se trabaja desde hace un año, va por la tercera versión. Los cambios deberán ser avalados por las Cortes de Aragón y por el Congreso.

Pleno del nuevo periodo de sesiones en las Cortes de Aragón tras el verano
Pleno del nuevo periodo de sesiones en las Cortes de Aragón tras el verano
José Miguel Marco

El anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón fija la aplicación del fin de los aforamientos de los diputados y de los miembros del Gobierno a partir de la XI Legislatura, la próxima. La propuesta de cambio, que se inició el 6 de agosto de 2020, continúa en el Ejecutivo, donde encara ya su tercera versión tras adaptarse a las sugerencias de los informes jurídicos. La reforma, que también permitirá garantizar un mínimo de 14 diputados por provincia, se pactó en el acuerdo de gobernabilidad que asumieron los miembros del cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos y CHA).

La propuesta emana de la necesidad de que el Estatuto, que se aprobó en 1982 e incluyó cambios en 1994, 1997 y 2007, "continúe siendo una norma viva, capaz de adecuarse a las necesidades y retos que demanda la realidad social del siglo XXI".

Respecto a los aforamientos, propone que se modifiquen los artículos 38 y 55, en los que se atribuye a un órgano judicial superior a un juez las decisiones que atañen a la "inculpación, prisión, procesamiento y juicio". En la exposición de motivos que busca justificar el cambio, se considera que el aforamiento es una figura jurídica percibida por la mayoría de la sociedad como "anacrónica" y de "difícil encaje" con el artículo 14 de la Constitución que consagra el principio de igualdad. Se advierte, también, de que en cuanto supone la ausencia de una doble instancia penal "podría contravenir distintos instrumentos internacionales que consagran dicho derecho". Habida cuenta de la plena confianza en la independencia del poder judicial y de la jurisdicción ordinaria, señala, "se considera que ni los diputados ni los miembros del Gobierno de Aragón deben continuar gozando de dicha prerrogativa".

En el caso de los diputados, se mantiene el artículo 38.1, que establece que "no estarán vinculados por mandato imperativo y serán inviolables, aun después de haber cesado en su mandato, por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo". La propuesta, por lo tanto, solo afectaría al artículo 38.2, que limitaría el contenido a que los diputados "no podrán ser detenidos ni retenidos por los actos delictivos cometidos en el territorio aragonés, sino en caso de flagrante delito".

También se retira el aforamiento para los miembros de la DGA modificando el artículo 55, que cedía al Tribunal Superior de Justicia y al Supremo la competencia de decidir en casos de "inculpación, prisión, procesamiento y juicio" en función de si se cometían dentro o fuera de la Comunidad.

Diputados por provincia

Para evitar que la disminución de población en Teruel conllevase la pérdida de representación parlamentaria en 2019, se llevó a cabo una modificación puntual de la ley electoral, que se debe corregir a través de la reforma del Estatuto de Autonomía. "La evolución demográfica de Aragón en las últimas décadas, con un peso poblacional cada vez mayor de la capital aragonesa, y la pérdida de población de las zonas rurales, especialmente en las provincias menos pobladas, hace necesario prever estatutariamente un número mínimo de escaños por provincia que garantice el mantenimiento de la representatividad de las provincias menos pobladas, consolidando un modelo territorial más equilibrado", expone.

La reforma, en este caso, atañe al artículo 36, que mantiene que la cifra de diputados oscilará entre 65 y 80 y fija un mínimo de 14 parlamentarios por provincia. Modifica, también, el sistema de cálculo. Así, incluye, en el apartado 36.3. que "corresponderá a cada circunscripción electoral un número tal de escaños que la cifra de habitantes necesarios para asignar uno a la circunscripción más poblada no supere en 3 veces (antes era 2,75) la correspondiente a la menos poblada". La aplicación de esta regla, en todo caso, en ningún caso podrá alterar el número mínimo de escaños por provincia (14), según establece.

Se insta en el anteproyecto de ley a buscar la unidad a la hora de sacar adelante la reforma del Estatuto, al tratarse de "modificar la norma institucional básica de toda la ciudadanía aragonesa". En lo que se refiere a la tramitación, la propuesta del Gobierno de Aragón llegará a las Cortes autonómicas, donde se deberá aprobar por mayoría de dos tercios, antes de pasar a las Cortes Generales, donde se deberá avalar como ley orgánica. La reforma se inició a petición de la consejera de Presidencia, la socialista Mayte Pérez, y del vicepresidente, el aragonista Arturo Aliaga.

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