política
Los críticos del PAR llevarán al juzgado el alta de 311 afiliados y el reglamento del congreso
El jurista Xavier de Pedro lo tilda de "atropello" y sopesa pedir al juez la suspensión del cónclave como medida cautelar.
El sector crítico del Partido Aragonés (PAR) está decidido a continuar su batalla legal con la dirección y llevará hasta el final su enfrentamiento por el congreso, convocado para los próximos días 23 y 24. Uno de sus caras visibles, el exvicepresidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y letrado de la DGA, Xavier de Pedro, ha asegurado a este diario que presentarán a principios de la próxima semana una demanda por vulneración de derechos fundamentales, ya que entienden que la afiliación en bloque de 311 afiliados y las "ilegalidades" del reglamento del congreso suponen un "atropello".
El escrito lo acabarán de redactar el fin de semana y ya están buscando un abogado para interponer la demanda, en la que está sopesando incluir la petición al juez de que suspenda el cónclave como medida cautelar.
Xavier de Pedro ha reiterado a este diario que el reglamento del congreso aprobado el 7 de septiembre por la ejecutiva conculca los estatutos y el reglamento del PAR, además de la ley orgánica de partidos. "No son unas normas limpias", ha dicho.
La pretensión es que la demanda no solo la firmen los dos juristas que presentaron hace dos semanas una reclamación ante el Defensor del Militante, el citado Xavier de Pedro y Miguel Ángel Gorbe, sino destacados cargos públicos y orgánicos de las tres provincias para visibilizar el alcance de la medida. Entre ellos podría estar de nuevo Marina Sevilla, exdirectora general de la DGA con Arturo Aliaga que ya presentó la primera demanda para forzar la celebración del congreso.
De Pedro y Gorbe darán un paso más tras haber intentado la intervención del Defensor del Militante, al que denunciaron la discriminación de Zaragoza en la elección de compromisarios, la delegación de voto o la decisión de que haya alcaldes militantes elegidos por "turno privilegiado". Igualmente, cuestionaron que el censo no se remonte al 13 de enero, cuando se hizo la convocatoria, o que la elección de los compromisarios no sea presencial, dando pie "al fraude".
También están decididos a denunciar la decisión de la comisión organizadora de aprobar 311 afiliaciones esta misma semana por entender que se hicieron fuera de plazo, "con el fin de desvirtuar el equilibrio de fuerzas y garantizarse una mayoría".
Los críticos también cuestionan la actitud de la dirección, que ha vetado a la portavoz en la Diputación de Teruel, Berta Zapater, como garante en el proceso de asambleas.
Lo que sigue pendiente de decidir es la posible lista alternativa, ya que ni hay un liderazgo claro entre los críticos ni tampoco está seguros de contar con los compromisarios necesarios para derrotar a Arturo Aliaga, si es que opta finalmente a la reelección, o a alguno de sus afines.
