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tribunales 

Una condena por tráfico de drogas salpica a un militar de la UME de Zaragoza

Una sentencia le impone tres años de prisión por su implicación junto a otros 12 acusados en la operación Monpirri. La trama actuaba entreb Valladolid y la capital aragonesa 
 

Imagen del alijo localizado en la operación antidroga
Imagen del alijo localizado en la operación antidroga
Policía Nacional

La Audiencia de Valladolid juzgó la semana pasada a 13 implicados en la operación antidroga denominada Monpirri, que se desarrolló el pasado mes de julio. Diez de ellos eran de la citada provincia castellanoleonesa, pero tres residen en Zaragoza y uno es miembro de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La Policía Nacional y la Guardia Civil intervinieron en la actuación 1.514,75 gramos de cocaína, 2.000 gramos de speed, 3.000 gramos de sustancia de corte, tres cogollos de marihuana y 11.395 euros.

En el juicio, los acusados llegaron a un acuerdo de penas con el tribunal por el que tendrán que pasar en prisión entre seis y un año. Entre los condenados estaba el militar de la UME, a quien le impusieron tres años. Había alquilado una habitación a dos de los traficantes en su casa, en la avenida de César Augusto.

La Fiscalía de Valladolid había solicitado un conjunto de penas que sumaban 80 años y medio de cárcel para 13 personas, pero acabaron con un pacto con los acusados que se quedó en 30 años.

Al final, a los encausados se les ha condenado por un delito contra la salud pública y a diez de ellos además por otro de pertenencia a grupo criminal. Los presuntos cabecillas en Valladolid y Zaragoza eran los primos colombianos Juan Camilo M. T., condenado a seis años, y Javier Andrés S. T, al que impusieron tres años.

Alquilado en la vivienda

El líder colombiano de la banda, que residía en la capital aragonesa, pagaba 150 euros mensuales por la habitación alquilada, que compartía con otro de los implicados, al que han condenado a dos años. El militar, que responde a las iniciales M. G., fue el único que no aceptó las penas negociadas con el fiscal porque él sostiene que no participó en el narcotráfico al desconocer lo que hacía el colombiano en su casa. Dijo que apenas coincidían por su trabajo y durante los fines de semana solía estar siempre fuera de Zaragoza.

El militar explicó en el juicio que tenía un coche embargado y una semana antes de que se produjera la operación antidroga vio a varios policías secretas con bandoleras en el garaje. Los saludó y llamó por teléfono al inquilino de su piso ante la posibilidad de que le pudieran intervenir su coche para dejar de utilizarlo, pero no porque supiera que el colombiano traficara drogas entre Zaragoza y Valladolid.

Asimismo, declaró que le ofreció una habitación del piso y gastos al colombiano a principios de 2020, y acogió al segundo implicado (H. I. V.) al estar en situación de pandemia y no tener donde ir. La sentencia de la Audiencia de Valladolid interpreta que esa llamada que hizo el militar a sus compañeros de piso es una aviso al traficante.

Además, en la entrada y registro de la vivienda la Policía se incautó de una cantidad importante de cocaína, diferentes sustancias de corte, dinero fraccionado, una envasadora de vacío y una báscula, entre otros objetos.

Droga en un armario cerrado 

El dueño de la vivienda detalló que la cantidad de droga intervenida estaba guardada en un armario cerrado con llave, al que él no tenía acceso. Su abogada defensora, Raquel Ginés, anunció ayer que va a recurrir la sentencia condenatoria de la Audiencia de Valladolid al Tribunal Superior de Castilla y León, confiada en que puede ser absuelto.

En total, la operación Monpirri supuso practicar seis registros domiciliarios, entre Zaragoza y Valladolid, en los que se incautaron joyas, cuatro carabinas de aire comprimido de calibre 4,5, dos pistolas de aire comprimido calibre 4,5 y dos vehículos.

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