Un total de 48 escuelas de Aragón mantienen este curso sus puertas abiertas a pesar de tener entre tres y seis alumnos. Se trata, según los datos del Departamento de Educación, del año en el que más centros han resistido a los embates de la despoblación desde que se redujo la ratio y se estableció en tres el número de escolares mínimos necesarios para que un centro de estas características continuara abierto. Hasta 2015 eran necesarios seis. En estos momentos, más del 15% de los centros de la Comunidad no llegan a la decena de matriculados.

«La educación es un derecho fundamental que los poderes públicos deben garantizar. También en Aragón, donde la ruralidad cobra especial relevancia», subrayaron desde la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública de Aragón (Fapar). A ello destina Educación alrededor del 31% de su presupuesto, pese a que en el ámbito rural solo se atiende al 18% del alumnado. Esto se produce, recordaron, porque una plaza en un centro de esta zona puede llegar a suponer más de 8.000 euros frente a los 3.000 que ronda la del área urbana. «No se entiende como un gasto, sino como una inversión en el presente y futuro», enfatizaron desde la Consejería que dirige Felipe Faci, al tiempo que recordaron que es precisamente en la escuela rural donde se «crean proyectos de innovación que después se exportan con éxito a los centros urbanos».

En la provincia de Zaragoza hay 19 colegios –como los de El Sabinar, Villafeliche o El Bayo– que sobreviven con menos de seis alumnos. La situación se repite en 18 municipios de Teruel, que como Bello, San Agustín, Riodeva o Castel de Cabra, pueden seguir ofertando uno de los servicios más básicos: la educación. En Huesca son 11, con Valcarca, Estada y Plan, entre otros.

Desde Fapar recordaron que mantener estas escuelas abiertas ayuda a que las familias no abandonen las localidades, además de incentivar que otras puedan elegir el citado municipio como residencia, «ya que cuenta con este servicio esencial». Por ello, se mostraron especialmente «satisfechos» por la creación del Observatorio de la Escuela Rural. Entre sus políticas, destacaron, la apuesta por «mantener la escuela abierta en los pueblos con baja densidad con la finalidad de no contribuir más a su despoblación». Cuando esto no sea posible, trabajan para garantizar el servicio de transporte. Además, las familias recordaron que se deben garantizar los «recursos necesarios en las escuelas para la calidad educativa» y los servicios de comedor y extraescolares, entre otros.

Para poder atender estas necesidades, en los centros rurales agrupados (CRA) cuentan con 1.200 docentes. Ascienden a 4.000 si se tienen en cuenta a todo el profesorado que ejerce su labor en municipios con menos de 5.000 habitantes. Uno de los problemas más recurrentes en estos centros es la falta de continuidad en las plantillas, para lo cual –insistieron desde Fapar– se cuenta con un programa de estabilización del profesorado interino, al menos, durante tres años.

«En los últimos años también se han abierto muchas aulas de dos años en estos espacios», explicaron. Esta, de hecho, es una de las apuestas del Departamento de Educación, que ya cuenta con esa opción en San Esteban de Litera, Samper de Calanda o Saravillo. También se pretende impulsar la Formación Profesional (FP) y, para ello, más de la mitad de los ciclos puestos en marcha desde la pasada legislatura se imparten fuera de las tres capitales de provincia. De hecho, está presente en un total de 20 localidades con menos de 5.000 habitantes. Además, la DGAfinancia el profesorado de casi 200 escuelas infantiles, dispuestas en 152 municipios de las tres provincias. Allí acuden más de 5.000 menores de hasta tres años, lo que supone una inversión de 9,7 millones de euros.

No obstante, las familias reconocieron que todavía quedan «asignaturas pendientes» en el medio rural. Entre ellas, destacan los problemas de conexión a internet, que tienen un impacto todavía mayor desde el inicio de la pandemia.