Gabriela C. cuidó de L. L., de 89 años, durante casi un año. No tenía contrato de trabajo, pero tampoco le hizo falta, a tenor del beneficio que obtuvo de esa relación laboral. El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia deberá decidir si los cerca de 52.000 euros que la Fiscalía afirma que consiguió los recibió como regalo al buen trato que le dispensaba, como dice Gabriela C., o si se aprovechó de su estado mental para apropiarse ilícitamente de esa cantidad, que la abogada de la familia, Esther Torres, eleva a 65.176.

Para condenar o absolver a la acusada será clave determinar si tenía o no un deterioro cognitivo tal que le impedía conocer el valor del dinero y tomar decisiones sobre su patrimonio.

Gabriela C., que se enfrenta a 5 años de cárcel por un delito de apropiación indebida, agravado por abuso de superioridad, declaró que L. L. estaba bien mentalmente y que el dinero que le dio fue por voluntad propia. Su abogada, Cristina Candial, mantiene esta tesis y pide su absolución

 Una de las cosas más relevantes que hizo la casi nonagenaria fue vender su piso de la calle Nobleza Baturra, en el que residía habitualmente, y alquilar uno en Cuarte de Huerva para estar más cerca de Gabriela C., pues esta vive allí. El piso fue vendido por una inmobiliaria por 63.000 euros en octubre de 2019. Desde ese mes hasta diciembre, de su cuenta salieron 51.820 euros, 25.000 de ellos en forma de regalo para que Gabriela C. se comprara un coche.

La propia Lidia, en su declaración efectuada en el juzgado el 25 de noviembre, dijo que le regaló ese dinero para que hiciera con él lo que quisiera, que sus cuentas eran personales y nadie disponía de ellas sin su consentimiento. Tanto los empleados de la inmobiliaria como el del banco al que acudió la mujer para poner a Gabriela C. como autorizada dijeron que cuando hablaron con ella estaba “normal”. 

También firmó en una notaría, sin que nadie observara nada o dijera nada. En todas las operaciones estuvo presente la cuidadora. El trabajo de Gabriela C. consistía en hacer las tareas de la casa y acompañarle a donde precisaba, puesto que tenía dolores en las rodillas e iba en silla de ruedas.

El 7 de noviembre L. L. sufrió un episodio de demencia, provocado por una infección urinaria, que le llevó a pedir a gritos ayuda, cuando ya vivía en Cuarte. Dos policías locales acudieron en su auxilio y fueron quienes comunicaron a la Guardia Civil que una persona mayor podría estar siendo víctima de un delito. “Nos decía que le habían vendido el piso y que la querían matar”, contaron. Los agentes afirmaron que el piso estaba limpio, ordenado y tenía comida en la nevera. El forense que la examinó llegó a la conclusión de que tenía un grado de deterioro cognitivo entre moderado y grave y la trabajadora social indicó su capacidad estaba muy mermada.

Lidia, que pasó su vida entre Francia y España y había sido artista, fue trasladada a una residencia en Cariñena donde dos meses después murió por covid. Tenía dos hijos que residían fuera.